Parece una nueva maldición bíblica, que llega por partida doble: hay que ajustar 40.000 millones el presupuesto de España y además el margen es tan estrecho que el hachazo puede dejar en los huesos el Estado del bienestar, sobre todo si lo asumen las comunidades autónomas, que gestionan la sanidad y la educación.

Aunque la propaguen profetas muy cualificados, se trata en realidad de una decisión política del nuevo Gobierno del PP, según coincide la decena de economistas y expertos progresistas consultados por Público: la gran mayoría considera 'arbitraria' la cifra y ofrece alternativas concretas para alcanzarla sin acrecentar aún más el déficit social con respecto a la UE: según la OCDE, el gasto público de España estáaún siete puntos por debajo de la media de la eurozona.

La lista de expertos consultados incluye, entre otros, catedráticos como Miren Etxezarreta y Joan Ramon Laporte, expertos con experiencia institucional Agustí Colom, en la Sindicatura de Cuentas de Catalunya y Alejandro Inurrie-ta, en el Ministerio de Vivienda o con un contacto diario con la Administración tributaria como José María Mollinedo, inspector de Hacienda y secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio.

Una única propuesta de Gestha ya compensaría por si solo el hachazo. Según un estudio de la organización, reducir diez puntos el fraude fiscal que varios trabajos académicos sitúan en el 23% del PIB supondría recaudar 38.500 millones.

Sarkozy y Barroso, ambos socios del PP, abogan por aplicar ya la tasa Tobin'

Pero pese a la contundencia de la cifra, Público no la ha incluido en su catálogo alternativo porque la reforma exigida para conseguirlo probablemente llevaría años. Tampoco incluye subir los impuestos que pagan las sicav uno de los vehículos de inversión de los grandes patrimonios, porque, aunque tendría un alto valor simbólico su impacto recaudatorio, sería muy modes-to, según todos los expertos.

Lo que sigue son las medidas sugeridas no todos tienen por qué suscribirlas todas que permitirían ajustar 40.000 millones el presupuesto sin debilitar el Estado del bienestar ni concentrar el hachazo en la mayoría de la población.

Está incluido en el paquete ya aprobado por el Gobierno: la subida en el IRPF de hasta siete puntos en el tipo máximo suma 4.100 millones y la subida de la fiscalidad de las rentas de capital hasta seis puntos en las de mayor cuantía aporta otros 1.200.

Pese al escándalo que la decisión ha provocado en los sectores más liberales, los economistas progresistas consideran que se podría avanzar todavía más: tras la reforma, el tipo máximo del IRPF llega en algunas autonomías al 56%, pero Etxezarreta recuerda que la reforma fiscal de la Transición, también en plena crisis económica, lo colocó en el 66%. Y el tope en las rentas de capital generados en los depósitos de ahorro, por ejemplo se sitúa en el 27%. 'Hay todavía mucho margen hasta igualar las rentas del trabajo y del capital, porque no tiene demasiado sentido que los ingresos nacidos del trabajo se graven por encima del 50% y los generados sin esfuerzo en un banco estén por debajo del 30%', sostiene Etxezarreta.

Los pacifistas como Arcadi Oliveres, economista de la Universitat de Barcelona, lo tienen claro: eliminando el Ministerio de Defensa se obtendría un ahorro automático para el erario público de 16.000 millones, al sumar el presupuesto del departamento (8.000) y otros gastos con huella militar repartidos por otros ministerios y que año tras año rastrean organizaciones como Justícia i Pau, que preside el propio Oliveres.

Pero, sin llegar a este extre-mo, hay margen para ahorrar mil millones sin abandonar ninguna misión en el exterior ya comprometida. Bastaría con reducir a la mitad la inver-sión anual en armamento que se reparte entre Defensa e Industria. Problema: el nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, procede directamente del sector privado de la defensa y seguridad.

Durante años, la tasa a las transacciones financieras promovida por organizaciones como Attac era vista con desdén por el mundo oficial. Pero, en 2011,la propia Comisión Europea, de abrumadora mayoría neoliberal y presidida por el conservador José Manuel Durão Barroso, anunció su intención de implantarla. Y, ahora, el presidente francés, Nicolas Sarkozy también conservador y, como Barroso, socio euro-peo del PPquiere aplicarla ya, unilateralmente, lo que hace añicos el mito de que sólo sería posible a escala global.

Alejandro Inurrieta: 'La ayuda fiscal por las pensiones privadas va a las gestoras'

La fórmula sugerida por Bruselas es un impuesto de entre el 0,01% y el 0,1% de la transacción en función del tipo de movimiento y, según los cálculos oficiales, permitiría recaudar 55.000 millones al año. Ello ha permitido a expertos como Ricardo García Zaldívar, economista de Attac y de la Universidad Carlos III, apuntar el impacto recaudatorio en España en función de su peso en el PIB europeo: al menos 4.000 millones al año.

Pero el potencial recaudatorio es incluso más alto, porque la propuesta europea es conservadora al dejar fuera a los productos Over the counter(OTC). La elaborada por el Partido Socialista Europeo al que pertenece el PSOE prevé una tasa del 0,05% a todas las transacciones (incluidas las OTC), con lo que los cálculos recaudatorios para toda la UE sube a 200.000 millones.

El tipo nominal máximo del Impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas, es del 30%, que, sin ser de los más altos de la UE, es formalmente más del doble del que aplican países como Irlanda. Sin embargo, la posibilidad de exenciones y deducciones hace que, en la práctica, lo que realmente pagan las empresas sobre sus beneficios no supere el 10% de media, según la Agencia Tributaria. Cualquier sugerencia de aumentar este impuesto es automáticamente descartada por el temor a perjudicar a las empresas en un momento de crisis, pero el sindicato Gestha ha presentado una propuesta dirigida sólo a las grandes empresas con beneficios, que en la práctica disfrutan de una fiscalidad mucho más favorable que las pymes.

La medida afectaría exclusivamente a las grandes compañías, que facturan más de 45 millones al año (en España hay 5.700), y se aplicaría sólo a las que superen el millón de euros de beneficios anuales. Según una estimación de la propuesta del sindicato, elevando a estas compañías el tipo nominal del 30% al 34%, el erario público obtendría al menos 10.500 millones al año.

La organización Europa Laica calculó en 2011 que la Iglesia católica recibe del Estado en torno a 10.000 millones de euros cada año, como consecuencia de las condiciones del concordato que rige las relaciones entre la Iglesia y el Estado desde 1979.

La cifra incluye la asignación vía IPRF (en 2010 fueron 249 millones), el salario de los profesores de religión en las escuelas (650 millones) y sus indemnizaciones por despido improcedente o el pago de los sacerdotes en las cárceles y los cuarteles, pero también los conciertos por servicios educativos y sanitarios que reciben decenas de miles de personas, entre muchos otras capítulos.

Para este catálogo de ajuste alternativo se ha contabilizado sólo la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Según Alejandro Inurrieta, alto cargo del Ministerio de Vivienda con Carme Chacón, si la Iglesia abonara el IBI, el erario público contaría con 1.200 millones de euros adicionales al año.

'La excepcional forma de financiación de la Iglesia católica es insostenible en tiempos de crisis', subraya Santiago Castellà, profesor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

El País Valencià rechaza el Impuesto de Patrimonio pese a la asfixia económica 

El impuesto de Sucesiones y Donaciones lo gestionan las comunidades autónomas, cuyas necesidades financieras se han vuelto en algunos casos desesperadas. Y, pese a ello, en 2010 recaudaron por esta vía apenas 1.900 millones en total, porque todas cuentan con bonificaciones que oscilan entre el 90% y el 99%.

Según varios expertos, eliminar por completo las bonificaciones de forma simultánea en todas las comunidadespara evitar así la competencia a la baja supondría una recaudación adicional de entre 17.000 y 19.000 millones.

Público ha optado por contabilizar una propuesta intermedia, que mantenga una bonificación media del 50%, con lo que las comunidades podrían gestionar 8.000 millones de euros más al año. 'El único problema de los impuestos es de voluntad política, aunque se aleguen cuestiones técnicas', opina José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

Otro impuesto desa-parecido en los años del boom, en los que la izquierda mayoritaria asumió el principio de 'bajar los impuestos es de izquierdas', es el de Patrimonio, que en 2007 aún recaudó 2.100 millones.

El Gobierno del PSOE lo recuperó antes de dejar el poder, pero en un formato restrictivo. Además, Madrid, Murcia y el País Valencià las dos últimas, pese a una situación financiera desesperada lo mantienen fuera de juego por la vía de la bonificación, por lo que la nueva versión apenas puede recaudar, según Gestha, unos 500 millones al año.

Según cálculos de los expertos de la organización, recuperar la base sobre la que se aplicó el Impuesto de Patrimonio hasta 2007, elevando el tipo efectivo del 0,6% al 1%, permitiría sumar otros 3.500 millones de euros cada año.

El Ejecutivo socialista logró implantar el pasado verano la prescripción por principio activo en toda España, de forma que los médicos deben ya priorizar la receta de medicamentos genéricos, con su consiguiente ahorro para el erario público.

Pero el margen de ahorro en el gasto farmacéutico es aún importante en España, según subraya Joan Ramon Laporte, catedrático de Farmacología de la Universitat Autònoma de Barcelona y jefe de este departamento del hospital del Vall d'Hebron: 'Aquí se gasta muchísimo dinero de más en medicamentos, lo que en el fondo refleja el poder político clarísimo del sector'.

Laporte recalca que los datos de la OCDE muestran que 'hay espacio para recortar' en gasto farmacéutico público: España destina a medicamentos el equivalente al 1,27% del PIB cuando la media de la UE a 15 la de antes de la ampliación al Este es apenas del 0,87%.

El 80% de este gasto es público, con lo que reducir este diferencial a la mitad supondría un ahorro mínimo de 2.000 millones para la Administración pública.

Pese a la necesidad del ajuste drástico en las cuentas públicas, el Gobierno ha anunciado que recuperará las deducciones fiscales universales para la compra de la vivienda, con independencia de la renta del comprador, en los términos que alimentaron la burbuja, y que reducirá el IVA al respecto del 8% al 4%.

Inurrieta calcula que el impacto para el erario público será de 2.500 millones al año: 1.500 por la recuperación de la desgravación universal y otros mil por la rebaja del IVA sin limitaciones.

En realidad, el coste total de la desgravación para la compra de vivienda supera los 5.000 millones, porque el 70% de los demandantes cumplían los requisitos más restrictivos que aprobó el Gobierno de Zapatero en 2009 y, por tanto, siguieron aplicándolos.

'Lo más escandaloso ni siquiera es la cantidad que el Gobierno dejará de ingresar, sino que vuelva a alentarse el modelo que generó la burbuja y nos llevó al desastre', advierte Agustí Colom, economista de la Universitat de Barcelona.

Desde 1996, España ha dejado de ingresar más de 20.000 millones como consecuencia de los incentivos fiscales de que gozan los planes privados de pensiones. Al principio, la cifra era testimonial, pero en los últimos años se mueve entre los 2.000 y los 3.000 millones anuales.

'La excepcional ayuda a la Iglesia no es compatible con la crisis', avisa Castellà

Las desgravaciones se han mantenido intactas a pesar de que varios estudios han puesto en cuestión la rentabilidad conseguida por los planes de pensiones, sobre todo como consecuencia de las altísimas comisiones del sector financiero. Pablo Fernández, profesor de Finanzas de la escuela de negocios IESE, elabora cada año un ranking de más de 3.000 fondos de pensiones en España y son muy escasos los que consiguen rentabilidades sostenidas mejores a las del bono español, pese a que los gestores perciben comisiones generalmente superiores al 2%.

En 2009, Fernández cuantificó las comisiones de las gestoras por estas magras rentabilidades en más de mil millones de euros.

'Es hora de repensar estas desgravaciones, que son muy regresivas, porque favorecen a las rentas altas con capacidad de ahorro y que en la práctica se han convertido en una transmisión de renta directa hacia las gestoras', sostiene Inurrieta.