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Sindicatos y CEOE intentan evitar una imposición del Gobierno

Toxo, Méndez y Rosell reivindican su pacto social pero el Ejecutivo insiste en que legislará

ANA REQUENA AGUILAR

Prácticamente un año después de que sindicatos y patronal firmaran el pacto de reforma de las pensiones, la imagen se repitió ayer, esta vez para rubricar un acuerdo que es en, sí mismo, una reforma del mercado de trabajo con dos grandes patas: la moderación salarial a cambio de contención de precios y reinversión de beneficios empresariales, y la flexibilidad interna de las empresas.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y los presidentes de la CEOE y de Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado, respectivamente, estamparon su firma en un texto que esperan sirva para frenar la destrucción de empleo, conservar puestos de trabajo y mejorar la competitividad de la economía española. El acto se convirtió en toda una reivindicación del diálogo social entre las organizaciones sindicales y empresariales. Y es que, al menos para las centrales, este nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva tiene tanto potencial en el mercado de trabajo que debería invalidar la intención del Gobierno de hacer una reforma laboral. No está tan claro, sin embargo, que la patronal piense exactamente en los mismo términos.

Báñez dice que tendrá en cuenta el acuerdo al aprobar la reforma laboralSí es cierto que el presidente de la CEOE afirmó que las cosas por acuerdo 'son mejor que cualquier imposición'. 'Vale más uno o muchos acuerdos por pequeños que sean que las imposiciones. Creemos en el acuerdo', dijo. Un mensaje importante que, no obstante, no se completó: Rosell fue incapaz de negar con rotundidad que ya no sea necesaria la intervención del Gobierno para legislar sobre el mercado laboral.

Prueba de que el Gobierno mantiene sus intenciones de aprobar una reforma laboral fueron las palabras que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, envió ayer para fecilitar a las dos partes por su acuerdo. 'Supone un ejercicio de responsabilidad, en un momento de crisis económica tan importante como el que vive nuestro país y va a ayudar, sin duda, a todos los españoles y a la economía a iniciar la recuperación cuanto antes', dijo la ministra en un comunicado en el que también subrayaba que el Gobierno 'tendrá en cuenta' el acuerdo en flexibilidad interna y negociación colectiva de cara a la reforma laboral 'que se presentará en próximas fechas'. Es decir, habrá sí o sí, más cambios legales en el mercado de trabajo.

El pacto busca frenar la destrucción de empleo y mejorar la competitividadToxo y Méndez también lanzaron sus mensajes al Ejecutivo. 'El marco legal actual tiene márgenes de maniobra y de capacidad de adaptación para que el último recurso sea el despido. El diálogo social es de los sindicatos y la patronal', aseguró el segundo. Es más, el secretario general de UGT recordó que hace un año tuvieron ocasión de explicar de primera mano el pacto sobre pensiones a las instituciones europeas y al propio Gobierno de Angela Merkel y pidió al Ejecutivo poder repetir la jugada con este acuerdo, del que, dijo, quieren explicar su 'verdadero alcance'.

Toxo reivindicó el papel de las organizaciones sindicales y empresariales y, aunque reconoció que no siempre han sido capaces de llegar a acuerdos, quiso poner en valor los pactos que han logrado durante el periodo de crisis económica. 'Creo que lo hemos logrado, ahora hay que ver su eficacia en sectores y empresas', afirmó el líder de CCOO, que precisó que estos acuerdos 'hacen innecesarias actuaciones ulteriores en otros ámbitos'.

Tanto Rosell y Terciado como Méndez y Toxo destacaron que el contexto en el que se produce este acuerdo es 'muy delicado' para la economía española y hacía necesario 'un esfuerzo' de estas características. 'Se trata de ver de qué manera podemos anticipar el ciclo del empleo al ciclo económico', dijo el secretario general de CCOO. Por su parte, Méndez reconoció que se trata de un pacto 'de renuncia' que aspira a ofrecer 'lo que necesita España' y no lo que quieren ni las organizaciones sindicales ni las empresariales.

 

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