Los votantes del Partido Popular esperaban que el Gobierno de Mariano Rajoy fuese el de las rebajas de impuestos. De momento se tienen que conformar con que sea el de los anuncios de futuras rebajas de impuestos. Después de estrenarse con una subida del IRPF que ha puesto los pelos como escarpias a su base electoral, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer en la Comisión de Hacienda del Congreso que estudian 'revisar el IRPF para elevar la equidad fiscal, principalmente en el seno de la unidad familiar'. ¿Cuándo? 'Cuando la situación macroeconómica lo permita' y eso parece que va para largo.

La intención, cuando toque, es 'revisar los mínimos personales y familiares a fin de poder aumentarlos y equiparar su cuantía con independencia del régimen de tributación por el que se opte'.

Comunidades y ayuntamientos aprobarán techos de gasto

El Impuesto de Sociedades, profundamente dañado por la crisis, también está en los planes del Gobierno. Se estudiará 'mantener en los próximos ejercicios los tipos reducidos para empresas de reducida dimensión vinculados a la creación o mantenimiento de empleo', explicó Montoro.

Además, el Gobierno se plantea 'mejorar el tratamiento fiscal de los beneficios empresariales reinvertidos' e implantar 'una exención a las plusvalías generadas en la transmisión de activos fijos que se reinviertan en otros vinculados a la actividad'. Es decir, que se quiere abrir la puerta a que se paguen menos impuestos si el beneficio de la empresa se destina a invertir en la propia empresa. También se prevé mejorar 'la tributación de los beneficios no distribuidos'. El objetivo es, según explicó el ministro de Hacienda, 'reducir la dependencia financiera de recursos ajenos que tiene la empresa española'. También se quiere rebajar otra dependencia, la que tienen las entidades financieras españolas de los grandes agentes económicos internacionales. La forma en la que se quiere lograr es fomentando el ahorro. Para ello, se va a 'mejorar la tributación de los planes de pensiones'.

Algunas medidas se incluirán en la futura Ley de Apoyo a los Emprendedores. Entre las más inminentes aparecería la intención de ligar el pago del IVA de las pymes y autónomos al momento del cobro de la factura, tal y como se comprometió el PP en su programa electoral. Aunque tampoco es tan fácil, como el Gobierno da a entender. Hace falta autorización de Bruselas.

El Gobierno podrá intervenir las CCAA o municipios que no cumplan

Actualmente, pymes y autónomos españoles tienen que afrontar el pago del IVA cuando se emite la factura. Sólo el colectivo de autónomos, según un informe de la asociación ATA, tenía adelantados a Hacienda 1.930 millones de euros el pasado mes de octubre en concepto de IVA ligado a facturas no cobradas aún. La crisis ha traído morosidad y plazos de cobro más largos.

Antes, la banca anticipaba el importe de la factura a cambio de una comisión pero, igualmente, con la crisis dejó de hacerlo. Por eso, una directiva comunitaria permitió en 2010 cambiar el criterio, previa solicitud a la Comisión Europea. Portugal lo hizo y se le admitió para las facturas pendientes de las Administraciones Públicas. Montoro reconoció ayer que se centrarán, de momento, también en estas facturas.

Fue una larga comparecencia la de ayer que inauguró el ministro adelantando el dato de la Encuesta de Población Activa (EPA) que se dará a conocer hoy, en la que, según Montoro, se reflejará una cifra de 5,4 millones de desempleados. Posteriormente, matizó que se trataba de una estimación.

Montoro adelantó también detalles del Anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobará hoy el Consejo de Ministros. CCAA y ayuntamientos deberán aprobar un techo de gasto y quienes incumplan su plan económico-financiero deberán constituir un depósito que podrá transformarse en multa. Al estilo de lo que ha hecho Europa junto al Fondo Monetario Internacional con Grecia o Portugal, 'el Gobierno podrá mandar una delegación a valorar la situación' de quien incumpla. Y, con el país tocando ya los servicios sociales, se dará prioridad absoluta a atender los intereses y el capital de la deuda pública.