Los sindicatos están dispuestos a llegar hasta el Tribunal Constitucional para revertir la 'agresiva' reforma laboral aprobada el pasado viernes por el Gobierno de Rajoy. Consideran que varias medidas podrían vulnerar la Constitución. Es el caso del periodo de prueba de un año para los trabajadores que marca el nuevo contrato para pequeñas y medianas empresas (pymes), el arbitraje obligatorio para resolver conflictos sobre inaplicación de convenios colectivos o el efecto retroactivo que tiene, de facto, la eliminación del contrato con una indemnización de 45 días y su sustitución por el de 33 días.

La implantación de un arbitraje forzoso parece rozar de forma más evidente el límite de lo constitucional. Según la nueva norma, en caso de que patronal y sindicatos no lleguen a un acuerdo sobre la no aplicación (el descuelgue) de alguna parte del convenio y se agoten todos los mecanismos previstos por las partes, el conflicto pasará a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios. Este organismo tripartito decidirá o designará a un árbitro que lo haga. 'Es algo de dudosa constitucionalidad porque es someter a un tercero la determinación de las condiciones laborales, que corresponde a los representantes de los trabajadores y a la empresa', explican fuentes jurídicas consultadas.

Los servicios jurídicos de UGT y CCOO estudian a fondo la reforma

En el caso del periodo de prueba de un año, los sindicatos consideran que abre una discriminación entre trabajadores en función del tipo de empresa donde trabajen. 'No se puede discriminar entre personas porque estés trabajando en una empresa grande o en una de menos de 50 trabajadores', opina Fernando Moreno Bernal, profesor de la Universidad de Cádiz y presidente de ATTAC en Andalucía. Los secretarios generales de CCOO y UGT insistieron este lunes en este asunto, que, señalaron, abre la vía a que los trabajadores de las pymes 'tengan un trato diferencial y discriminatorio' respecto a otros.

El mismo principio de igualdad sería aplicable a las personas que están en el paro, ya que todos los beneficios para incentivar la contratación que contempla la nueva norma van dirigidos a los contratos que se registren con perceptores de prestaciones, pero no con los desempleados que ya no los perciban (una vía también de rebajar la partida dedicada a prestaciones por desempleo). Este es otro de los puntos en el que las centrales ven visos de inconstitucionalidad.

También generan dudas los efectos retroactivos de la rebaja del despido improcedente de 45 días a 33, ya que desde este lunes afecta a todos los trabajadores indefinidos independientemente de cual fuera su contrato. Aquí hay opiniones diferentes: aunque los sindicatos creen que, aunque la norma no explicite que tiene efectos retroactivos, de hecho los tiene; fuentes jurídicas señalan que la reforma especifica que los cambios surten efecto desde su entrada en vigor. Es decir, aunque, en la práctica, pocos trabajadores que hasta ahora tuvieran un contrato de 45 días podrán percibir esa indemnización, el Gobierno habría conseguido imprimir la retroactividad sin explicitarla.

Según Báñez, se abre 'una oportunidad para mejorar' la norma

Que los convenios vayan a dejar de tener vigencia dos años después de su caducidad (salvo pacto en contrario) puede ocasionar otra discriminación: los trabajadores que en ese momento ya estén en la empresa mantendrán sus derechos adquiridos, pero los nuevos empleados tendrían otras condiciones. Por otro lado, permitir a las administraciones que despidan a personal laboral indefinido por causas similares a las de las empresas también genera dudas.

Los servicios jurídicos de UGT y CCOO están estudiando a fondo estas cuestiones para conocer con exactitud si hay o no base jurídica suficiente para acudir al Tribunal Constitucional. De momento, son prudentes. Los sindicatos no podrían presentar directamente el recurso, sino que tendrían que acudir a alguna de las fórmulas previstas. Fuentes sindicales consideran que lo más probable es que se opte por la vía que contempla que al menos un grupo de 50 diputados presente el recurso, aunque también podrían acudir al Defensor del Pueblo, algo que parece tener menos posibilidades de fructificar.

Precisamente, IU, según anunció este lunes su coordinador federal, Cayo Lara, también está estudiando el real decreto ley en profundidad para examinar 'la posible inconstitucionalidad de algunos elementos de la reforma laboral'. Y, si los hay, buscará 'alianzas' en el Congreso para llegar a las firmas necesarias para presentar el recurso, ya que la federación sólo dispone de 11 escaños. Para ello, no desdeñaría el respaldo del PSOE, pues en este caso, explicó Cayo Lara, 'el fin sí justifica los medios' y no importan 'las siglas', informa Juanma Romero.

El líder de IU avanzó que en el Congreso presentará una enmienda de totalidad a la reforma laboral, porque es 'un ataque brutal a los derechos de los trabajadores, un golpe de Estado en toda regla a conquistas históricas'. Lara se mostró exquisitamente prudente sobre la posibilidad de una huelga general. Por lo pronto, dijo, IU 'no va a parar' de explicar a la gente las consecuencias del decreto, en 'llamar a la acción constante y permanente' para lograr un objetivo: que el Ejecutivo del PP 'dé marcha atrás'. La cautela se explica porque IU percibe que hay 'mucho miedo' en la gente, y un fracaso de convocatoria asestaría un mazazo a los sindicatos, agregaron fuentes de la federación.

La reunión que mantuvo este lunes la ministra de Empleo, Fátima Báñez, con los líderes sindicales y empresariales sirvió para arrancarle una tibia promesa. Según Báñez, se abre 'una oportunidad para mejorar y enriquecer' la norma. No obstante, los representantes sindicales no salieron especialmente satisfechos del encuentro, ya que la ministra habló de discutir 'cuestiones técnicas', pero no sustanciales. 'Vamos a aprovechar esta oportunidad, haremos aportaciones, pero no queremos levantar falsas expectativas sobre el resultado', dijo Méndez.

Mientras los servicios jurídicos de las centrales trabajan, UGT y CCOO mantienen su proceso de movilización 'creciente' y esperan una fuerte contestación en las calles en las manifestaciones que han convocado para este domingo. Han empezado también a llevar a cabo asambleas en centros de trabajo. Es el calentamiento para una posible huelga general. La impresión de los empresarios es bien diferente. 'No estamos para conflictividades', dijo el presidente de la CEOE, Juan Rosell. Su vicepresidente primero, Arturo Fernández, aseguró que la reforma 'no es un triunfo de la CEOE', porque con ella, afirmó, 'ganan los trabajadores y, por supuesto, los empresarios, y también España'.