La sugerencia del Gobierno a los bancos de que acepten la dación en pago para las familias cuyo miembros estén en paro y para aquellas que estén 'en riesgo de exclusión social' ha provocado reacciones de todo tipo entre usuarios, partidos políticos y empresas relacionadas con el sector.

El presidente de la Asociación de Consumidores de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, advirtió este miércoles que la propuesta puede resultar un 'fracaso' por las condiciones 'draconianas' que se impone.

El presidente cree que la medida no evitará las 'escalofriantes' cifras de desahucios previstas para este año: uan 160.000 familias españolas inmersas en procesos de ejecución hipotecaria y por eso consideró que en la propuesta de De Guindos existe una 'gran ambigüedad y errores de concepto'.

Además, Pardos consideró que De Guindos 'se ha acogido a las recomendaciones de la banca'. Pidió que se aplique la moratoria de tres años, que la asociación viene reivindicando desde el año pasado. En este sentido, Pardos reclamó que el Gobierno regule estas medidas de lucha contra los embargos en un Real Decreto que, sugirió, 'podría aprobar este viernes en el Consejo de Ministros, tal y como ha hecho con las demás medidas económicas'.

Además, el presidente de Adicae calificó la propuesta del Gobierno de 'medida de voluntad' e insistió en que es 'absolutamente necesario un cambio legislativo' de la Ley Hipotecaria, ya que la actual es 'leonina' con los usuarios y está 'anticuada'. Adicae presentará mañana ante el Congreso de los Diputados sus propuestas de cambio de regulación.

El portal inmobiliario Idealista.com también alberga dudas: cree que la medida 'podría producir un aumento de la economía sumergida' y del coste de las hipotecas. El jefe de estudios de Idealista.com, Fernando Encinar, dijo aunque 'restrictiva y con condicionantes para los posibles beneficiados', podría generar, además, un aumento del diferencial de las hipotecas.

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO,  defendió la dación en pago pero fue más allá al pedir directamente mecanismos para evitar que los propietarios pierdan sus viviendas a través de 'la vía de moratorias o ayudas al pago de intereses'.

A su juicio, también habría que ir 'relajando la presión de los intereses' por parte de las entidades financieras, pues 'algo tienen que perder quienes han tasado un piso a un determinado valor que luego ha derivado a otros niveles'. El responsable nacional de CCOO defendió la necesidad de 'buscar una fórmula que permita evitar este espectáculo lamentable al que estamos asistiendo cuando las personas se ven atrapadas para toda su vida' al adquirir una vivienda.

Mucho más crítico se mostró el PSOE. El portavoz socialista de Economía en el Congreso de los Diputados, Valeriano Gómez, acusó a De Guindos de generar 'falsas expectativas' puesto que se trata de un código de buenas prácticas que sólo incluye recomendaciones y no obligaciones.

En una rueda de prensa celebrada tras el Pleno, el exministro de Trabajo recordó que las ejecuciones hipotecarias han superado las 100.000 en el último año y 'con un tono cada vez más ascendente'. 'Un código de buenas practicas no obliga, son sólo simples recomendaciones y no podemos levantar falsas expectativas desde el Gobierno al conjunto de los clientes de las entidades financieras diciendo que será posible la dación en pago cuando el deudor incurra en desempleo', dijo Gómez.

'Un código de buenas practicas no obliga, son sólo simples recomendaciones'

'Por supuesto, nos parece un avance la posibilidad de hacer un código, pero muy insuficiente', concluyó Gómez, quien reclamó así una 'legislación prudente que respete y tenga en cuenta también la propia situación de las entidades financieras'.

Gómez perfiló algunas de las medidas que, a su juicio, deberían incluirse en dicha legislación, tales como 'obligar' a las entidades financieras a 'alcanzar acuerdos' con sus clientes para 'reestructurar las condiciones de amortización del crédito' una vez se haya dejado de pagar.

Asimismo, ha reclamado que 'las entidades que perciban ayudas públicas por los procesos de reestructuración bancarias tengan que asumir este código no sólo como recomendación sino como compromiso' y que se 'reduzcan los intereses de demora, a todas luces excesivos', que, según ha denunciado, 'suelen multiplicar el valor del crédito' durante los dos o tres años que dura el proceso de ejecución hipotecaria, haciendo 'impagable la deuda incluso después de haber entregado la vivienda'.