El Gobierno español está desplegando todo su arsenal dipolomático para evitar una posible nacionalización de la petrolera YPF, filial de la española Repsol. Además de las declaraciones con un marcado tono agresivo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha convocado al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini.

Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Margallo recibirá a las 13.00 horas al diplomático argentino para conocer las previsiones de su Gobierno en relación con YPF. En la reunión estará también presente el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia, según las mismas fuentes.

La ofensiva diplomática también se libra en Bruselas. La Comisión Europea (CE) aseguró este viernes que está 'al lado de España' ante los supuestos planes de Argentina e instó a Buenos Aires a buscar una solución negociada y que respete sus compromisos internacionales. 'La Comisión, a través de su delegación en Argentina, ha expresado su preocupación al Gobierno argentino, por medio de un contacto entre nuestro jefe de delegación y un miembro del gabinete de la señora (Cristina Fernández) Kirchner en Buenos Aires', confirmó el portavoz comunitario Olivier Bailly preguntado en una rueda de prensa.

Según aseguró a Efe una fuente comunitaria, esos contactos se produjeron ya la pasada semana. En sus conversaciones con Buenos Aires, Bruselas subrayó 'sobre todo, la necesidad para la Comisión de que todas las partes encuentren una solución acordada juntos y que no perjudique el ambiente de trabajo, las relaciones económicas entre la UE y Argentina', explicó.  'Seguimos muy atentos a la situación', recalcó Bailly, que reiteró que Bruselas está en contacto con las autoridades españolas y permanecerá 'al lado de España' en este caso.

Según la prensa argentina, el Gobierno de Cristina Fernández prepara el envío al Congreso de un proyecto de ley para tomar el control de la petrolera YPF, en el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 50,01% de las acciones clase D de la compañía, en manos del grupo argentino Petersen (25,46%) y de Repsol, que posee el 57,43%.

El Gobierno argentino mantiene un mutismo absoluto. Ni confirma ni desmiente. Ese silencio contrasta con la locuacidad y cierto nerviosismo del Gobierno español, que desde ayer jueves no ha dejado de lanzar mensajes con un tono marcadamente amenazador. España quiere que Argentina clarifique su postura cuanto antes.