El Ejecutivo luchará contra la economía sumergida tipificando como nuevo delito 'el empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores de forma ilegal'. Así consta en el plan de lucha contra el fraude laboral y en materia de Seguridad Social aprobado este viernes por el mismo Gobierno de la amnistía fiscal.

La norma, que estará en vigor hasta el 2013, amplía el período de prescripción de este tipo de delitos de 5 a 10 años y amplía el período de investigación por parte de la inspección de fraudes complejos de 9 a 18 meses. Además, se incrementan las sanciones previstas y se refuerzan los equipos de inspección, mientras se exigirá a los defraudadores las cuotas no pagadas para la exención de la responsabilidad penal.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha indicado que el objetivo es evitar 'atentar' contra los derechos de los trabajadores y la competencia desleal empresarial que ocasiona esta economía sumergida, un fraude laboral, ha dicho, con el efecto 'perverso' que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

Al respecto se ha referido a la creación de empresas 'ficticias' para 'dar de alta a trabajadores que no hacen nada y que luego perciben prestaciones', o empresas que no dan de alta a sus empleados en la Seguridad Social. Báñez ha explicado que el número de efectivos que había en 2012 aumenta hasta los 53 inspectores y 60 subinspectores y que, tanto los agentes de la Agencia Tributaria como los de la Inspección de Trabajo 'cooperan, e irán de la mano'.  Asimismo, el Ministerio hará nuevas campañas de inspección en sectores económicos donde más pueden percibirse 'bolsas de fraude'.

La economía sumergida y el apoyo familiar a quien pierde su puesto de trabajo son los refugios más utilizados para superar los efectos del desempleo, que en España afecta ya al 24,4% de la población activa.

Por otra parte, el Ejecutivo ha endurecido las condiciones para prejubilar a trabajadores de mayor edad y ha aprobado que las empresas con beneficios y con más de 100 empleados tengan que realizar aportaciones a la Seguridad Social si quieren incluir a personal de más de 50 años en despidos colectivos.

Según ha indicaco la titular de Empleo, el plan persigue proteger a los trabajadores con mayor edad, 'para que no sean lo primeros que despiden las empresas'. Y adopta medidas sobre las prejubilaciones, entre ellas que los convenios colectivos no podrán fijar una edad de jubilación obligatoria. 'Levantamos esta prohibición porque va contra la línea de alargar la vida laboral', ha dicho Báñez.