La Federación de Empresas de la Dependencia (FED) --patronal mayoritaria en el sector-- y la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (DYGSS) consideran que la partida prevista en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para la financiación del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que reduce en 200 millones la dotación del nivel mínimo, supondrá de facto 'la muerte del sistema'.

Así lo ha señalado el presidente de la FED, José Alberto Echeverría, para incidir en que el recorte es 'de todo punto impresentable', supone 'auténticamente la puntilla, la muerte de la Ley de Dependencia' e implica que 'tanto empresas como particulares lo van a pasar muy mal' porque es un sector de 5.000 compañías que da trabajo a 300.000 empleados y atiende a un millón de ciudadanos.

'Se está vendiendo que ha aumentado el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en un 28% cuando la realidad es que se ha reducido para dependencia y sanidad en un 22,2%, que se suma a lo ya recortado para este año', ha denunciado.

Según ha dicho, sea 'por mala planificación, mala financiación, por no haber aportado lo que se debía o por lo que sea', el caso es que la norma se muere y 'lo van a pagar los ciudadanos que, teniendo un derecho, no lo van a percibir; y las empresas, que están ofreciendo un servicio por debajo del coste, que no lo van a cobrar'.

El presidente de los empresarios de dependencia entiende 'cada día menos' la actitud del Gobierno

El presidente de la FED dice entender 'cada día menos' lo que el Gobierno está haciendo con este sector, 'que tiene oferta, demanda, crea empleo y genera retornos positivos'. 'Sin embargo, todas, absolutamente todas las administraciones públicas prefieren apostar por sectores sin demanda como el del automóvil y a nosotros, que podríamos ser el motor de crecimiento el año que viene nos están hundiendo', ha asegurado.

Por su parte, el presidente de la asociación de DYGSS, José Manuel Ramírez, habla de 'demolición controlada de la Ley de Dependencia' en forma de reducción del número de beneficiarios y de la calidad en intensidad de las atenciones; con un predominio de 'la abaratada prestación de cuidadores familiares' y con 'graves consecuencias' directas por la mayor destrucción de empleo que ocasiona el 'desmantelamiento' de la red de centros y servicios.

La organización denuncia el recorte de 200 millones de euros en las transferencias a las comunidades autónomas en el nivel mínimo de protección, que pasa de 1,28 millones en 2012 a 1,08. Según explican, esto supondrá que en términos generales la aportación de la AGE al sistema alcance el 18% del total, de forma que los gobiernos regionales deban aportar el 68% y las personas atendidas el 14%.

Los directores sociales temen 'nuevos recortes' y critican la 'mala técnica presupuestaria' del Ejecutivo de Rajoy

'La política del actual Gobierno respecto a la atención a la dependencia ha sido recortar para destruir. La imposibilidad financiera para las comunidades autónomas de poner servicios a disposición de las personas dependientes abocará a las mismas a optar por las ya ridículas ayudas económicas para cuidados en el hogar, forzará a muchas personas cuidadoras (mujeres) a la exclusión laboral, desmantelará las redes de servicios públicos y una buena parte del tejido empresarial del sector y destruirá decenas miles de empleos: los de ahora y los del futuro', aseguran.

Los DYGSS recuerdan que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado incluye una partida de 1.034 millones de euros que Sanidad habrá de transferir a la Seguridad Social para saldar la deuda de las cotizaciones de los familiares cuidadores, lo que 'genera el espejismo de un aumento del gasto en dependencia, que es irreal y del que no disfrutarán las personas dependientes'.

'Según nuestras estimaciones, sólo para atender en 2013 a las personas incorporadas actualmente en el sistema se necesitaría sumar unos 300 millones a la cifra presupuestada. El ministerio estima en su memoria que en 2013 el número de dependientes atendidos crecería hasta los 850.000. De ser así, se necesitarían otros 200 millones más, de lo que deducimos, bien una mala técnica presupuestaria; bien el triste preludio de nuevos recortes', explica Ramírez.

Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha afirmado que el Gobierno 'se equivoca profundamente al no atender a las personas con discapacidad' en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha advertido de que esto le traerá 'consecuencias electorales'. 

'España tiene la obligación moral, política y jurídica de dar una explicación a las personas con discapacidad y sus familias, que son las que más necesidades tienen', ha afirmado Pérez Bueno sobre los presupuestos, al tiempo que ha cuestionado que el Gobierno no sacrifique cosas 'más superfluas' y recorte, en cambio, en el sistema de protección social que atiende a un colectivo con 'enormes necesidades de apoyo'.

El presidente del CERMI advirtió del peligro que corren las asociaciones en defensa de los discapacitados

Asimismo, ha sostenido que la reducción del presupuesto para discapacidad y dependencia 'no va a resolver a Montoro sus cuentas públicas y su fiscalización por parte de Bruselas'. En su opinión, 'hace un gran daño social, que es casi irreparable'. 'Nos encontramos en una situación catastrófica, en emergencia y de guerra', ha asegurado para referirse a la actual situación del movimiento asociativo de la discapacidad como consecuencia de los recortes y la crisis. Según el presidente del CERMI, las asociaciones de la discapacidad no sólo reivindican y presionan para tener mejores leyes y mejores presupuestos, 'sino que prestan y gestionan miles de servicios, al mismo tiempo que atienden dispositivos básicos que aseguren un mínimo de dignidad'.

En esta línea, ha asegurado que el movimiento asociativo 'está en peligro' porque las subvenciones no llegan, incluso aquéllas que ya están aprobadas. 'Está en peligro la atención a todos los niveles de miles de personas con discapacidad y sus familias' y eso es, a su juicio, 'muy grave' porque lo que se ha avanzado en estas últimas décadas 'puede verse arruinado y verse caer en un abismo'.

'Estamos condenados a no poder hacer lo que nos hemos propuesto', lamenta 

Asimismo, ha hecho referencia a la necesidad de que las entidades sociales de se movilicen antes esta 'situación de emergencia' con su presencia en redes sociales, en la calle, en el diálogo con los políticos, en los medios de comunicación.'La discapacidad viene de un déficit estructural y sistemático de la ciudadanía, ya que estamos condenados a no poder hacer, ser o elegir lo que nos hemos propuesto, en igualdad que el resto de los ciudadanos que no tienen una discapacidad', ha indicado. Además, ha denunciado que esta situación condiciona el empleo, la asistencia sanitaria, la educación y los derechos humanos básicos del colectivo de la discapacidad.

Por último, ha exigido al Ejecutivo que repare la 'deuda histórica' con las entidades en términos económicos y, al mismo tiempo, adopte otras medidas que pueden ayudar a salir a las personas con discapacidad de esa situación de 'exclusión de no normalidad cívica y ciudadana' en la que se encuentran.