El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo tenía fácil. Sólo debía mirar los números más recientes de Italia, el país de la amnistía por antonomasia, para darse cuenta de que su 'gravamen' a los evasores no tenía mucho futuro. La próxima semana se publicarán los datos definitivos pero la previsión de los técnicos de Hacienda, que calculan que como máximo se recaudarán 150 millones, no son ni mucho menos perfectas. 

Desde 1973, los diferentes gobiernos italianos han aprobado 13 decretos similares. Algunos iban destinados a regularizar los estropicios urbanísticos que habían dejado en situación ilegal las viviendas de cientos de miles de familias. Otros, los que más, se pusieron en marcha en momentos de crisis para tratar de aliviar las cuentas del Estado. Sólo el primero y el de 1982, promovidos por los entonces ministros de Finanzas, Emilio Colombo y Rino Formica, tuvieron el efecto esperado. El resto fracasó.

Las dos últimas amnistías, clamorosas, se aplicaron durante gobiernos de Silvio Berlusconi. Entre 2001 y 2003, emergieron capitales por un total de 78.000 millones de euros de los que tan sólo 2.500 fueron a parar al Estado ya que la tasación que se impuso a los evasores variaba entre el 2% y el 2,5%. En 2009 emergieron 95.000 millones de euros y, nuevamente, el Estado ingresó una cifra ínfima, 5.600 millones, porque se estableció un tipo de entre el 5% y el 7%.

El entonces titular del Tesoro, Giulio Tremonti, bautizó las amnistías con un nombre revelador: escudo fiscal. De los resultados de ambas campañas para ‘luchar contra el fraude', se deduce que lo único que hizo el escudo fue proteger al evasor, que a un precio muy bajo, consiguió reciclar su dinero con la connivencia del Gobierno.

Tremonti fue autor de otras grandes ideas como la posibilidad de condonar las deudas con Hacienda de diversos ejercicios fiscales devolviendo el 2,5% del IVA que se debía haber pagado o promoviendo las declaraciones anónimas de renta, que permitían reconocer la evasión o el fraude, pero sin dar nombres y apellidos facilitando, además, que el Fisco no pudiera seguirles la pista en el futuro. Todo un arma de destrucción masiva contra la prevención.

Otra de las características, que coincide con la amnistía de Montoro, era que los evasores arrepentidos no tenían que declarar de dónde habían sacado el dinero. En un país como Italia, con tres agrupaciones mafiosas -Camorra, Cosa Nostra y Ndrangheta- infiltradas en todo el tejido económico, podía ser considerado, cuanto menos, temerario.

Además, en el caso de la de 2009, Tremonti dio todo tipo de facilidades para que el evasor llegara a Italia, lavara su dinero y se lo volviera a llevar con viento fresco a países donde la fiscalidad es mucho más laxa.

El Tesoro ofreció tres modalidades de rendición de cuentas. Por un lado estaba la regularización, que consistía en permitir que el capital no declarado siguiera en el extranjero siempre y cuando estuviera en países de la Unión Europea. Por otro, la repatriación real, es decir, que los evasores volvían al país con las maletas cargadas, los declaraban, pagaban la multa y quedaban libres de pecado.

Por último, la más cuestionada: la repatriación jurídica, que consistía en que un intermediario en Italia debía asumir la gestión administrativa de la suma amnistiada sin necesidad de que el evasor en cuestión tuviera que trasladar físicamente los billetes. Es decir, el Ministerio de Hacienda se apuntaba el tanto porque tenía controlado el dinero, pero el dinero se quedaba en el paraíso.

Tremonti dijo en varias ocasiones durante los 20 años que ha acompañado a Berlusconi que no volvería a aprobar más amnistías. Pero en el verano de 2011, cuando la prima de riesgo italiana superó a la española y parecía imposible que Italia fuera capaz de evitar el rescate, el ministro pensó en introducir nuevamente la medida para adornar el plan de recortes brutal que estaba preparando.

La UE, después de comprobar que las anteriores experiencias no habían servido de nada, le paró los pies y le dijo al Gobierno Berlusconi que, dada la propensión de los italianos a evadir y defraudar -incluido Il Cavaliere, sobre el cual hay una condena y un proceso abierto en este sentido-, no debía confiar su política económica al hipotético ingreso que obtendría con la amnistía.

Los cálculos oficiales no existen, pero los estudios que circulan, que son variados, dicen que en Italia se evaden entre 70.000 y 170.000 millones de euros cada año. Algunos economistas sostienen que, en parte, esto es así porque los italianos se han acostumbrado a que en cualquier momento pueda llegar el Babbo Natale -Papá Noel- de turno y hacerle una rebaja pese a haber sido malos.