El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el dato adelantado de la tasa anual de inflación de noviembre, que baja del 3,5% de octubre al 2,9% (el dato definitivo se publica el día 13 de diciembre). La cifra de la inflación de este mes sirve  para determinar el coste de la actualización de las pensiones, para compensar la desviación de la inflación respecto a la subida aplicada para este año, el 1%.

La ley de la Seguridad Social obliga, en su artículo 48, a actualizar las pensiones de acuerdo con la tasa de IPC de noviembre si supera la subida de las pensiones aplicada en el ejercicio correspondiente. Cada décima en la que se desvía la inflación supone unos 100 millones más para las pensiones; por lo tanto, unos 1,9 puntos de desviación del IPC representa destinar unos 1.900 millones. Además, hay que destinar otra cantidad similar para consolidar ese incremento en el ejercicio de 2013. Por tanto, el coste total de la revalorización de las pensiones rondaría los 3.800 millones de euros, menos de lo inicialmente estimado.

Hasta ahora, el Gobierno ha evitado decir claramente si subirá las prestaciones de jubilación . Cuando se le ha preguntado, la contestación de los miembros del Ejecutivo ha sido que se cumplirá la ley; una respuesta en la que muchos veían que se estaba dejando una puerta abierta justamente para retocar la ley, y modificar las condiciones que establece para revalorización, y rebajar su coste.

Algunos analistas (sobre todo los de sesgo más conservador, como el Círculo de Empresarios, CEOE o Fedea) aseguran que la revalorización de las pensiones es un gasto difícilmente asumible que puede complicar aún más el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit comprometido con la UE. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde , ha apuntado que si se subían estas prestaciones, el Gobierno debería ajustar el gasto en otras partidas.

La solución puede venir de una reforma legal. Pero no de la modificación de la ley de la Seguridad Social, sino de la que regula el fondo de reserva. Los responsables del Ministerio de Empleo se inclinan por utilizar la hucha de las pensiones para compensar la desviación del IPC. Pero la ley indica que solo pueden utilizarse un 3% anual. Y ya en septiembre se tiró de la hucha (por primera vez desde que se puso en marcha en 1997) para hacer frente a los problemas de liquidez de la Seguridad Social. Entonces se utilizaron 3.060 millones. No se descarta, por tanto, que el Departamento de Fátima Báñez, a través de una enmienda a los Presupuestos de 2013, todavía en tramitación parlamentaria, reforme la ley para poder utilizar el fondo de reserva nuevamente.