El Gobierno de Mariano Rajoy ultima un decreto que modifica las exigencias de 'honorabilidad' a los directivos de la banca, que, en su redacción actual, permitiría a Alfredo Sáenz continuar como consejero delegado del Banco de Santander pese a contar con antecedentes penales por delito doloso.

El proyecto de real decreto, que estuvo en fase de audiencia pública hasta el pasado día 7 de este mes, deja en manos del Banco de España la valoración sobre el cumplimiento de las condiciones de honorabilidad e idoneidad de los directivos de la banca.

En la actualidad, en este terreno está vigente un decreto de 1995, que establece que carecen de 'honorabilidad' para integrar consejos de Administración de bancos 'quienes tengan antecedentes penales o se encuentren procesados' por delitos.  Precisamente la decisión de este martes del Supremo supone restablecer a Sáenz sus antecedentes penales por delito de acusación falsa, que el Gobierno, excendiéndose en sus facultades de indulto, había condonado dentro de la medida de gracia.

Con la nueva regulación, si el Ejecutivo no la modifica, el apartamiento de los cargos directivos de la banca de personas con antecedentes penales no será automática, sino que se someterá a la valoración del Banco de España. Además, si esta institución no realiza su informe al respecto en el plazo de diez días, se entenderá que esa valoración es positiva.

Tras conocer la decisión del Supremo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo que el Gobierno y el Banco de España aplicarán el fallo, y agregó que la reforma de la normativa que preparan 'no va a favor ni en contra de nadie', en alusión al caso de Alfredo Sáenz.

'No es tanto un tema de honorabilidad, que lógicamente se tiene que reforzar, sino también de profesionalidad', ha sostenido el ministro. 'Si hubiéramos tenido esta normativa en vigor, algunas de las cosas que hemos visto en los consejos de las cajas de ahorro en España no hubieran ocurrido', ha dicho.