Terminado el plazo de 48 horas que el miércoles dio la alcaldesa de Madrid, Ana Botella para que empresas y sindicatos alcanzaran un acuerdo para el final de la huelga de limpieza viaria y jardinería, el Ayuntamiento ya ha contratado a la empresa pública Tragsa para que se encargue de cubrir los servicios mínimos decretados -del 40% en limpieza y del 25% en jardinería-, que según el consistorio no se están cumpliendo. Algo por lo que también ha presentado una denuncia al Ministerio Fiscal, tal y como anunció la alcaldesa.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Diego Sanjuanbenito, ha presentado este viernes ante el Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla la denuncia del incumplimiento de los servicios mínimos con un escrito, presentado a la Fiscalía, de seis páginas.

En él, el letrado del Ayuntamiento detalla diferentes hechos vandálicos y pide al fiscal que inicie diligencias de investigación para identificar a sus autores.

Según han confirmado a Público fuentes de la empresa de trabajo temporal (ETT) Randstat, Tragsa le ha encargado una 'selección masiva' de personal para cubrir puestos del dispositivo que desde esta madrugada limpiará el centro de Madrid, aunque por motivos de confidencialidad, no ha desvelado el número de trabajadores que proporcionará ala empresa pública que suplantará a los barrenderos en huelga.

Varios medios nacionales informan de un dispositivo de 200 personas para hacer cargo de la limpieza del centro de la capital, 90 serían trabajadores voluntarios de Tragsa y el resto personal , según ha confirmado a Público la ETT consultada, serán contratados también por Tragsa para realizar este trabajo el tiempo que dure esta huelgaa un precio bastante tentador que rondaría los '85 euros limpios' por jornada.

Los sindicatos ya anunciaron que esta idea sólo servía 'para incitar a la violencia', ya que consideran que el Consistorio está contratando a esquiroles para reventar la huelga contra los despidos y las rebajas salariales a las que quieren someterles las empresas.

Por su parte, tanto el Ayuntamiento como el Ministerio de Agricultura, del que depende Tragsa, han pedido a la Delegación del Gobierno refuerzos policiales durante las próximas horas ante el temor de que se produzcan altercados cuando ésta asuma los servicios mínimos, a las 1.00 horas de este sábado.

Tragsa contará con escolta y acompañamiento de la Policía Municipal y trabajará hasta cumplir los servicios mínimos, según ha explicado el delegado de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito.

A pesar de este refuerzo policial, el Ayuntamiento ha solicitado a la Delegación del Gobierno que habilite un dispositivo especial de Policía Nacional en determinados puntos de la capital, han informado fuentes de la Delegación.

El Consistorio solicita este refuerzo a partir de la próxima madrugada y hasta que sea necesario.

El Ministerio de Agricultura, del que depende Tragsa, también ha pedido que la Delegación del Gobierno refuerce la presencia de la Policía Nacional desde las siete de esta tarde hasta la siete de la mañana 'ante la posible presencia de piquetes'.

Entre los hechos relatados en la denuncia del Ayuntamiento se incluyen prendimientos de hogueras, daños en el mobiliario urbano, volcados de papeleras y contenedores, entre otras acciones, daños que, según el Ayuntamiento, ascienden a más de 573.000 euros.

Igualmente, en el escrito el Ayuntamiento denuncia el empleo de la coacción para imponer a los trabajadores que discrepaban con la huelga su inicio y continuación.

Botella asume así el control de la gestión de este servicio a través de una empresa pública, una situación algo paradójica a la vista de la política de su Ayuntamiento con la gestión de servicios públicos, totalmente privatizada en aras de mayor eficiencia y ahorro, asegura el Consistorio.

Los trabajadores de Tragsa, que ya se opusieron a esta decisión, empezarán a trabajar este sábado cubriendo los servicios mínimos, algo que varios expertos en materia laboral ven claramente inconstitucional por vulnerar el derecho de huelga al sustituir a los trabajadores por otros, algo por lo que los sindicatos ya anunciado que presentarán una denuncia.

Mientras Botella lleva a cabo su plan para acabar con la huelga, que dura ya once días, la patronal de limpieza Aselip y los sindicatos CCOO, UGT y CGT se encuentra aún reunidos, inmersos en la negociación del convenio colectivo de los trabajadores desde las 18.00 horas, aseguraron a Público fuentes sindicales que precisaron que, tras la negociación fallida de este viernes sobre los tres EREs presentados por tres de las cuatro concesionarias, el acuerdo aún está lejos de alcanzarse.

Todo lo contrario opina el presidente de la patronal Aselip, Francisco Jardón, que este viernes ha declarado que, con la nueva oferta de las empresas, el acuerdo es'muy posible'.

Jardón ha explicado que los representantes de las empresas OHL-Ascan, FCC y Sacyr-Valoriza (las que han presentado los EREs) han elaborado un documento que están estudiando ahora los sindicatos y que confía en que servirá para 'acercar posturas'.

'Es muy razonable y posible que (con esta nueva oferta) se llegue a un acuerdo dadas las circunstancias en que todos nos encontramos', ha señalado el portavoz de la patronal en declaraciones a los medios y se ha mostrado confiado en que esta propuesta permita un 'acercamiento de posturas' ya que, según ha indicado, es 'mucho más cercana a las peticiones' que les hacían los representantes de los trabajadores.

Juan Carlos del Río, representante en la negociación de UGT, asegura que el primer paso para llegar a una acuerdo es que se retiren los EREs y que no haya ningún despido. La última oferta que se conoce rebajaba la cifra a 292 despedidos, pero los sindicatos la vieron insuficiente, ya que suponía aún más rebajas salariales, la ampliación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a 45 días por año durante los primeros cuatro de contrato.

Sobre el contenido de la nueva oferta, Jardón ha anunciado que se modifican las rebajas salariales, aunque no ha dado más detalles. La reunión a la que están asistiendo trata el nuevo convenio colectivo que entrará en vigor el próximo diciembre, cuando expire el actual. Los despidos se negociación en mesas separadas con cada empresa concesionaria, aunque cabe la posibilidad de que, al ser las misma empresas, se alcance un acuerdo en este encuentro.