La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional limita la investigación sobre las preferentes de Bankia a la cúpula directiva de las distintas entidades. En concreto, a la planificación de estas cúpulas para emitir este tipo de producto financiero que ha dejado sin ahorros a cientos de clientes.

En dos autos hechos públicos este martes, los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Antonio Díaz Delgado acotan la investigación a los directivos de las siete cajas que formaron Bankia y rechazan la imputación de los directores de sucursales empleados que comercializaron las preferentes o llevaron a cabo el case de operaciones.

El tribunal rechaza también dirigir la acción contra Bankia, su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA) y Caja Madrid Preferred debido a que la reforma del Codigo Penal que incorporó la responsabilidad penal de las personas jurídicas no entró en vigor hasta diciembre de 2010 y, por tanto, no se podría aplicar con carácter retroactivo.

Los tres magistrados aceptan en sus autos los recursos presentados por Bankia, BFA y Caja Madrid Finance Preferred contra la admisión a trámite de varias querellas por la venta de estas participaciones. Admiten a trámite parcialmente las querellas presentadas por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y un empresario alemán representado por el abogado del 15MpaRato Juan Moreno, que adquirió en Caja Madrid títulos por valor de 535.000 euros

Los autos defienden la necesidad de comprobar 'si existieron actuaciones orquestadas por las cajas para, presuntamente, sobrevalorar artificialmente el valor de las cajas fusionadas, de modo que crearon un producto artificialmente saneado mediante la venta masiva a los pequeños ahorradores de productos de nulo valor financiero'.

La Sección Tercera hace suyos los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que aseguró que debido al deterioro patrimonial sufrido por Bankia 'no puede sino concluirse la necesidad de investigar si para paliar, retrasar u ocultar de alguna manera dicho deterioro utilizaron la emisión de participaciones preferentes como una manera de captar activos y disfrazar la insolvencia'.

En relación con la comercialización de las preferentes, el auto que admite parcialmente la querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) señala que, tal y como defendió la Fiscalía, resulta 'improcedente' iniciar una investigación penal dirigida contra 'todos los empleados que vendieron dichos productos financieros'.

A juicio del tribunal, 'no es concebible que existiese una ideación que, partiendo de los empleados de una determinada entidad financiera decidieran por sí mismos comercializar los productos de dicha entidad, o determinados productos de dicha entidad, y más de forma fraudulenta'.

En todo caso, los magistrados señalan que 'si hubiera algún caso aislado de algún empleado' de una entidad que 'se extralimitó, según considere el perjudicado, podrá ejercitar las acciones personales e individuales que correspondan' en el ámbito de 'la jurisdicción provincial'.

Respecto al case de operaciones, los autos recomiendan a los perjudicados acudir a la vía civil si los afectados consideran que las entidades no gestionaron adecuadamente el conflicto de intereses de sus clientes.

'Se llega a la paradoja de que el cliente comprador que en un momento puede salir perjudicado, al vender puede ser beneficiado y así sucesivamente por lo que los perjudicados no serán los adquirientes de las preferentes sino los sucesivos compradores o vendedores', advierten.

Quienes están en el punto de mira son  Carlos Stilianopoulus, Fernando Cuesta y Carlos Contreras (Caja Madrid),  Aurelio Izquierdo y José Fernando García (Bancaja)

Los dos nuevos autos dan vía libre al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu para imputar a los directivos de las cajas que intervinieron en la comercialización de dichos productos financieros, como solicitaban UPyD y Moreno.

Se trata en concreto de los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid Finance Preferred S.A., Carlos Stilianopoulus; de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos Contreras; de Bancaja Eurocapital Finance, Aurelio Izquierdo; y de Bancaja, José Fernando García.

La querella presentada por el empresario alemán se dirigía además contra dos firmantes de la emisión de preferentes de 2009 de Caja Madrid, José Luis Sánchez Blázquez y Álvaro Canosa Castillo, y contra el exdirector de Cumplimiento Normativo de la caja, Manuel Fernández Navarro.

Los tres magistrados ya avalaron la pasada semana investigar al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán; el exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella (PP); el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche (PP); el exalcalde socialista de Móstoles José María Arteta; el exdirigente de CCOO Rodolfo Benito; y el representante de UGT Gonzalo Martín Pascual.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió a trámite el pasado mes de junio tres querellas cursadas por empresarios y particulares por la venta fraudulenta de participaciones preferentes.

La primera de ellas fue presentada por UPyD, que solicitaba la apertura de una investigación sobre el diseño, implantación, emisión, comercialización y gestión del producto y pedía que se investigara a cinco directivos de Caja Madrid y Bancaja.

Andreu se inclinó por la admisión a trámite de las querellas en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción que recurrió su decisión al considerar que el lanzamiento y la venta de preferentes no constituye delito penal ni se puede determinar que hubiera 'un plan preconcebido' para su gestión y diseño.