El recibo de la luz se disparará en enero, tras la errática política del Gobierno en materia energética, con los continuos enfrentamientos y cambios de criterio del Ministerio de Industria y del Ministerio de Hacienda. La subida de enero podría representar un auténtico tarifazo para los consumidores españoles, en un momento en el que la recuperación económica es incipiente y el consumo sigue débil en un país con una tasa de desempleo del 26%. Se trata de la mayor subida del recibo de la luz en dieciséis años, desde que en 1997 se puso en marcha la liberalización del sector eléctrico. 

La subasta eléctrica entre comecializadoras de último recurso para fijar el coste de la energía en el recibo de la luz se ha cerrado con un alza del 26,5%, lo que provocará una subida del 10,5% en la revisión de la tarifa en enero. La subida final en enero será cerca de un 1% superior, del 11,5%, debido a la incorporación de las subidas de peajes. De hecho, el resultado de esta subasta tiene un peso cercano al 40% sobre la revisión trimestral de enero, mientras que el otro 60% corresponde a los peajes, en los que se recogen los costes regulados del sistema eléctrico.  El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado este jueves que los peajes subirán 'como mucho' un 2% y provocarán un incremento del recibo final que estará 'en algo menos del 1%'.

La subasta eléctrica se ha cerrado con un precio final de 61,83 euros por megavatio hora (MWh), un 29,9% superior al marcado en la revisión de tarifas de octubre. No obstante, el porcentaje final de subida ha sido inferior debido a las correcciones posteriores relacionadas con los servicios de ajuste. La subasta de este jueves se celebra en un contexto de fuerte encarecimiento de los precios en el mercado mayorista de la electricidad. Este pool superó en dos ocasiones la semana pasada la cota de los 90 euros por MWh y llegó a marcar su mayor precio desde 2002, motivo por el que la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha empezado a elaborar un informe a instancias de Industria.

La subida de la tarifa eléctrica a partir de enero afectará a los 18 millones de consumidores acogidos a la tarifa regulada en España. La anterior subasta eléctrica, que sirvió para revisar la tarifa en octubre, se cerró con alzas del 7,6%, lo que a su vez provocó una subida del 3,1% en el recibo. La subida se debió especialmente al encarecimiento de los servicios de ajuste. Esta subida hizo que 2013 se salde con cuatro incrementos de la tarifa eléctrica, incluidos los del 3% en enero, del 1,2% en julio y del 3,2% en agosto, y con una única pero significativa bajada, del 6%, en abril. Incluida la subida de octubre, la tarifa se ha encarecido cerca del 11% desde enero de 2012.

El nuevo incremento del 11% habrá hecho que la tarifa eléctrica lleve ya acumulada una subida del 21% desde 2012 y del 83% desde 2003. 

El resultado de la subasta se ha producido en un clima de crispación y controversia en el sector eléctrico, especialmente tras una espectacular subida en los precios de mayoristas de este mes de diciembre que comenzó tras conocerse que el Gobierno retiraba las partidas presupuestarias que iban a permitir neutralizar este año el denominado déficit de la tarifa eléctrica. Desde que el pasado 29 de noviembre el Gobierno descartase una aportación de 3.600 millones de euros al sector eléctrico , el precio del pool ha experimentado una subida de más del 60%.

El pool fija el precio de la energía diario mediante un sistema de subasta y cada tres meses la subasta Cesur fija el precio de la electricidad para el recibo regulado, la antigua tarifa de último recurso (TUR), que es la que se ha producido este jueves.

Durante años, los distintos Gobiernos españoles han utilizado el precio de la luz como una herramienta política y han modificado al alza o a la baja los peajes según su conveniencia para evitar abruptas subidas de la luz, generando un importante agujero financiero conocido como déficit de tarifa, que se acerca a los 30.000 millones de euros y supone una deuda de los consumidores con las eléctricas cuyo pago es avalado por el Estado.