Irlanda fue el primer país en salir del programa de 'rescate' de la Troika europea, formada por la Comisión, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional (FMI), habiendo quedado así inscrita en su lista de 'éxitos'. Al mismo tiempo que las élites europeas se vanagloriaban de sus medidas, Attac realizaba un estudio de las cifras, del cual extrajo importantes conclusiones sobre la naturaleza de las medidas económicas que impulsa la UE: mientras que Irlanda recibió 67.500 millones de euros de préstamo a finales de 2010, 89.500 millones fueron transferidos directamente de las arcas públicas al sector financiero durante el mismo período.

'La población irlandensa está pagando con su vida el haber mantenido a flote al sector bancario europeo' En concreto, 18.100 millones fueron destinados a recapitalizar directamente los bancos, 55.800 millones para amortizar bonos, 1.600 millones se gastaron en la Agencia Nacional de Gestión de Activos, un 'banco malo' garantizado por el Estado para comprar activos tóxicos inmobiliarios en poder de los bancos irlandeses. Otros 14.000 millones fueron utilizados para la liquidación de Irish Bank Resolution Corporation (IBRC), una fusión de dos bancos nacionalizados en bancarrota. 12.900l millones de ellos fueron utilizados por NAMA para comprar los activos IBRC restantes. Finalmente, 1.100 millones más fueron a parar a los acreedores del banco como resultando de la garantía del Gobierno.

'Durante su supuesto rescate, Irlanda puso más dinero en el sector financiero de lo que recibió de préstamos', asegura Lisa Mittendrein, de Attac Austria, quien concluye que 'la población irlandensa está pagando con su vida el haber mantenido a flote al sector bancario europeo'. De esta forma, 'el Gobierno irlandés siguió una política indefinida de rescates bancarios, avalado por la Troika', añade, asegurando que esto ocurrió porque el BCE chantajeó a Irlanda para pagar los fondos de cobertura. 'A través del chantaje y la coerción, el BCE aseguró que después de cinco años de rescates bancarios, los especuladores recibieran 16.000 millones de euros de los fondos públicos', añade Mittendrein.