La ministra de Fomento, Ana Pastor, mantiene conversaciones con el ministro panameño para los Asuntos del Canal, Roberto Roy, y con Sacyr, líder del consorcio encargado de la ampliación de esa vía interoceánica, para buscar 'la mejor solución' al conflicto abierto por el anuncio de parar las obras.

Fuentes del Ministerio de Fomento han señalado hoy a Efe que la ministra mantiene 'conversaciones con ambas partes para buscar la mejor solución posible' a esta cuestión.

Por otro lado, el Gobierno español comparte con el de Panamá el 'deseo y el interés' para encontrar una solución 'a la mayor brevedad posible' a este conflicto abierto en el Canal de Panamá. Fuentes gubernamentales han explicado a Efe que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy sigue 'con atención' la evolución de los acontecimientos y que los ministerios de Asuntos Exteriores y Fomento están trabajando a través de sus contactos con sus homólogos panameños y con la empresa 'para llegar a un acuerdo que ponga fin a este desequilibrio comercial'.

'Panamá es un país amigo y cercano a España con el que compartimos el deseo y el interés de que se encuentre una solución a la mayor brevedad posible', han recalcado las fuentes. También han destacado que desde el anuncio de paralización de las obras, el embajador español en Panamá 'ha seguido el tema, coordinando posturas para ayudar a conseguir una solución satisfactoria para ambas partes'.

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), consorcio liderado por Sacyr, anunció el miércoles que suspenderá las obras de ampliación del Canal de Panamá ante la imposibilidad de llevarlas a cabo por el importe inicialmente fijado en el contrato.

El consorcio -integrado también por la compañía italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA- ha enviado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) una nota de preaviso de suspensión de los trabajos, por la que esta dispone de 21 días para 'cumplir con los requerimientos solicitados' si quiere evitar la paralización de las obras. Estos sobrecostes ascienden a unos 1.600 millones de dólares (1.168 millones de euros) y corresponden a supuestos incumplimientos contractuales por parte de la ACP a los que no ha dado respuesta, según los constructores.

La posible suspensión de las obras ha llevado al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, a anunciar que viajará a España e Italia para exigir a sus gobiernos que hagan que sus empresas cumplan con el contrato. 'Voy a ir a España e Italia a exigirle a estos gobiernos, porque no puede ser que una empresa meta una cantidad enorme de sobrecoste en una obra de ampliación, que es una obra para la humanidad, que cuando ellos licitaron pusieron un precio y ahora van a venir con el cuentito de que están subiendo los precios', ha declarado.