Ni imputado ni querellado ni acusado. El juez que se ha hecho cargo ahora de la investigación contra Miguel Blesa afirma que el expresidente de Caja Madrid es técnicamente 'sospechoso' de la comisión de delitos societarios de abuso de posición dominante y administración social fraudulenta, castigados con hasta 7 años de cárcel, por la compra en 2008 de un banco en Miami por  casi 1.000 millones de euros.

En el texto del auto dictado el pasado 7 de enero por el juez Juan Antonio Toro --que ha retomado ahora las investigaciones iniciadas hace meses por su compañero Elpidio José Silva--, se admite a trámite la querella presentada contra Blesa por el sindicato Manos Limpias por los delitos societarios previstos en los artículos 290 y 295 del Código Penal.

El primero de ellos castiga a 'los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero'. La pena prevista es de uno a tres años de cárcel, y multa. Si se llega a causar el perjuicio económico, debe imponerse la pena en su mitad superior.ç

El artículo 295 del Código, por el que también se investigará a Blesa, sanciona con entre 6 meses y 4 años de prisión, a 'los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren'. Prevé además la condena a pagar una 'multa del tanto al triplo del beneficio obtenido'.

El juez Toro dice expresamente en el auto que imputa dichos delitos a Blesa y otros siete exconsejeros de la Caja madrileña, por lo que les cita a declarar, asistidos de letrado, para el próximo 24 de enero. Sin embargo, añade que, de acuerdo a una directiva europea de 4 de octubre de 2013, les recibirá declaración como 'sospechosos'. Dicha normativa establece criterios sobre las comparecencias de personas 'sospechosas y acusadas' en el proceso penal y sobre la asistencia de abogado a las mismas. 

Esta investigación contra Blesa, que fue por la que el juez Silva envió a prisión al exbanquero por dos veces en mayo y junio de 2013, ha estado parada siete meses, a raiz de la recusación del primer instructor, y pese a que la Audiencia Provincial de Madrid estableció el pasado junio que había indicios de criminalidad en la compra del City National Bank of Florida.

En su auto, Juan Antonio Toro alega que no se podía continuar con la tramitación hasta tanto la Audiencia de Madrid dilucidase el Juzgado que era competente, lo que hizo a finales de diciembre. El Juzgado competente es el de Instrucción número 9, del que es titular Silva, quien se ha abstenido el pasado 9 de diciembre por la querella presentada contra él por la Fiscalía por su actuación precisamente en este caso.

Toro, titular del Juzgado 36 y sustituto en esta causa de Silva, ha acordado ahora varias diligencias de investigación, aparte de la toma de declaración de Blesa y el resto de 'sospechosos'. Así, ha requerido informe al Banco de España para saber si, por razón del importe, era necesaria autorización para la compra del banco de Miami por Caja Madrid. También ha reclamado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un dictamen pericial sobre si la operación causó perjuicio a la Caja.