El Grupo BFA-Bankia ha declarado un beneficio neto de 818 millones de euros durante 2013, después de reservar 1.200 millones para el proceso de arbitraje sobre los productos híbridos (participaciones preferentes y deuda subordinada) comercializados en su día por las siete cajas de ahorro fundadoras de la entidad.

Sin embargo, el coste de ese proceso, que se abrió el 18 de abril del año pasado y todavía sigue en marcha, puede ser sustancialmente mayor, teniendo en cuenta el volumen emitido (6.900 millones de euros) y la cantidad de solicitudes todavía sin resolver de forma definitiva (más de 68.000).

Al arbitraje se han acogido masivamente los titulares de productos híbridos comercializados por las siete cajas de ahorros que en 2011 dieron lugar a Bankia (Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caixa Laietana, Caja de La Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia); en concreto, 183.326 titulares sobre un total de 206.000.

Precisamente ayer, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu citó a declarar como imputados por las preferentes a Miguel Blesa y otra docena de antiguos directivos de Caja Madrid y de Bancaja, entre ellos Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de CEOE y actualmente en prisión por varios delitos societarios.

El proceso de arbitraje estaba reservado a los minoristas (pequeños ahorradores, en su mayoría sin conocimientos suficientes para valorar el riesgo que contraían al adquirir un producto financiero tan complejo) y, dentro de ellos, tenían prioridad los casos en que no se habían superado los 10.000 euros de inversión.

Pues bien, a día de hoy, según datos ofrecidos por Bankia, se han resuelto definitivamente 115.254 solicitudes, de las que 38.044 han sido rechazadas por la consultora KPMG, responsable de la criba previa, y 77.210 han concluido con la devolución de las cantidades correspondientes a los damnificados. Otras 56.950 cuentan con la opinión favorable de KPMG y están pendientes del laudo de la Junta Arbitral Nacional; y 11.122 más siguen a la espera del análisis de la consultora o continúan en poder de las oficinas, a pesar de que el plazo de presentación de solicitudes se cerró el 30 de junio del año pasado.

Por lo tanto, hay 68.072 expedientes sobre las que no se hay dicho todavía la última palabra y que, en consecuencia, bien podrían desembocar en nuevos pagos de Bankia, con el consiguiente impacto en las cuentas de la entidad, sobre la que ha empezado a especularse con una próxima privatización parcial.

La inversión media en productos híbridos de Bankia fue de 33.500 euros, por lo que el coste añadido de esas 68.072 solicitudes en trámite puede rondar los 2.280 millones, muy por encima de los 1.200 que la entidad ha reservado para tal fin, según la cifra que comunicó en la presentación de sus resultados de 2013.