El Gobierno no va a mediar en el ERE anunciado por el embotellador único de Coca-Cola Iberian Partners, que supondrá el despido de 772 trabajadores y obligará a la recolocación de otros 481. Lo ha dejado claro esta mañana en el Congreso de los diputados la ministra de Empleo, Fátima Báñez, al responder a una pregunta de Cayo Lara diciendo que ella confía en que empresa y sindicatos 'apliquen las medidas de flexibilidad interna' que estimen oportunas para reducir el número de eliminación de puestos de trabajo.

Báñez, en realidad, no ha contestado a la interpelación de Lara, que además de preguntarle por la posición que va a adoptar el Gobierno de Mariano Rajoy en este conflicto, incidía en el hecho de que nuevamente, una empresa con beneficios, vuelve a echar trabajadores a la calle. La ministra se ha limitado a decir que 'el Gobierno trabaja, trabajará y seguirá trabajando por el empleo, que es el gran objetivo del país', y que 'confía en la responsabilidad de la empresa y de los representantes de los trabajadores, que están iniciando el periodo de negociación'. IU presentó hace ahora justo dos años una proposición no de ley para que se evitara que ese tipo de compañías reduzcan plantilla de manera indiscriminada aprovechando la reforma laboral.

'Esperamos que utilicen todas las medidas de flexibilidad interna y busquen alternativas al ajuste que no sea vía despidos. Eso es lo que espera el Gobierno. Se lo resumiré en tres palabras: responsabilidad de los negociadores, flexibilidad a la hora de tomar decisiones y respeto a una negociación que espero que termine en acuerdo', insistió.

Lara, en su segundo turno de palabra, le dijo que 'el Gobierno no está para confiar en la responsabilidad de empresas que, pese a tener beneficios, despiden, sino para defender a los trabajadores despedidos en un país con 6 millones de parados' y le recordó que 'o se está con los trabajadores o con el ansia de más beneficios de una empresa que consigue 860 millones de beneficios de explotación anuales. Y ahora quieren ahorrarse algunas decenas de millones más cada año despidiendo. Es un delito social', dijo el coordinador federal de Izquierda Unida en nombre de la Izquierda Plural.

'Paralice este ERE, tiene competencias y razones legales', insistió el diputado, recordando que el artículo 51 de la reforma laboral del PP permite la intervención del Ministerio de Empleo en caso de irreguaridades en la tramitación del ERE, cosa que a su juicio sucede en este caso porque 'Coca-Cola Iberian Partners no consolida como grupo'.

Báñez se ha salido por la tangente y ha acusado a Lara de demagogo por defender a los trabajadores de Coca-Cola, cuando según ella la Junta de Andalucía está despidiendo a trabajdores del sistema de Salud. 'Deje de hacer demagogia y evite frivolizar en un tema tan serio. Ni usted ni los diputados de su partido pueden dar lecciones de empleo porque mientras en el Congreso dicen una cosa en Andalucía, donde gobierna con el PSOE, despiden a trabajadores públicos con 20 días o hacen contratos por días u horas en el Servicio de Salud'. 'Un poquito de responsabilidad', dijo.

La ministra también le ha recriminado a Lara que con la reforma laboral también ha habido expedientes de regulación de empleo 'apoyados por los sindicatos' en compañías con las cuentas en positivos, e incluso el año pasado organizaciones sindicales con beneficios hicieron ERE a sus trabajadores'.

Lo sindicatos han denunciado que en el último año se han producido unas 7.000 bajas en el Servicio Andaluz de Salud. La Junta de Andalucía ha negado que se hayan producido esos despidos y afirma que las cifras están manipuladas ya que incluyen a trabajadores temporales e interinos y no tienen en cuenta que el Gobierno central obliga a una tasa de reposición del 10%, es decir, que de cada 10 trabajadores públicos que se jubilan sólo se pueda contratar a uno, para cumplir con los objetivos de déficit que impone Bruselas. 

Báñez terminó su intervención pidiendo 'un poco de seriedad y un poquito de responsabilidad en esta cuestión. Menos demagogia y más soluciones'. Pero mezclar la situación de Coca-Cola, una multinacional con beneficios, con la Junta de Andalucía, no parece que sea lo más ajustado a la realidad.