Los bonistas de la empresa de casinos y maquinas tragaperras Codere se harán con el control de la compañía de juego en un acuerdo de reestructuración en el que asumirán una importante quita con el canje de deuda por acciones de la sociedad. Después de meses de negociaciones, la familia fundadora, los Martínez Sampedro, finalmente cedió el control de la sociedad en la que controlaba el 70% y que llegó a valer más de 600 millones de euros en bolsa frente a los 35 millones actuales.

Codere se ha visto abocada a reestructurar su deuda ante el impago en reiteradas ocasiones de los intereses de dos emisiones de bonos por 760 millones de euros y 300 millones de dólares, que le llevó a declararse en preconcurso de acreedores.

En un complejo comunicado enviado al supervisor bursátil, Codere dijo que el acuerdo (que cuenta con el visto bueno del 80% de los bonistas en euros, del 88,9% en dólares, y de la familia fundadora) contempla la solicitud de un préstamo a cinco años a bonistas de 253 millones de euros. Además, se realizarán varias emisiones de bonos por un total de 675 millones que servirán para canjear bonos existentes por 475 millones y aportar nuevos fondos para la sociedad por 200 millones de euros. El resto de la deuda (636 millones de euros) será canjeada por acciones de Codere valoradas actualmente en algo menos de 35 millones de euros en un proceso en el que los tenedores actuales de bonos tomarán cerca del 98% del capital del grupo.

En una fase posterior venderán a los hermanos Martínez Sampedro hasta un 19,58% de Codere a precios de mercado tras la operación. Los tenedores de bonos serán los que financiarán, con vencimiento a cinco años, a los Martínez Sampedro la compra de la participación. La emisión de bonos y el préstamo está asegurado por una serie de entidades que Codere no mencionó en su comunicado.

José Antonio Martínez Sampedro será presidente y consejero delegado del grupo y nombrará 2 consejeros mientras que los tenedores de los bonos nombrarán otros seis consejeros, uno de ellos de acuerdo con los bonistas

El acuerdo alcanzado tiene que ser implementado en los próximos 9 a 11 meses, y durante este periodo la sociedad no podrá realizar actuaciones de 'carácter sustancial' sin el acuerdo de más del 50% de los bonistas actuales del grupo. Al final del proceso, la compañía promoverá la exclusión de bolsa de sus acciones, que el martes fueron suspendidas por el regulador cuando bajaban más del 12 por ciento a 0,64 euros.

La refinanciación esta supeditada a que se apruebe en territorio británico un 'scheme of arrangement' o fórmula legal que puede evitar la liquidación de una empresa cuando no se alcanza unanimidad entre sus acreedores, que necesita el acuerdo ya logrado del 75 por ciento de la masa acreedora.