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El Presupuesto de la recuperación se ensaña otra vez con funcionarios y pensionistas

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El Consejo de Ministros aprobará este viernes el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE),  que el Gobierno vende que serán los de la recuperación, pero que un año más cargan el ajuste sobre los empleados públicos y en los pensionistas.

El presupuesto de la Administración central  volverá a congelar el sueldo a los funcionarios por quinto año consecutivo (una medida que tiene que ser seguida por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos), por lo que los sindicatos de la Función Pública no descartan paros y movilizaciones.

Como contrapartida, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha comprometido a devolverles el 25% de la paga extra de Navidad del 2012, una medida que los sindicatos consideran un 'eufemismo' porque es el resultado de los 44 días de devengo que los tribunales están obligando a devolver en multitud de administraciones. También el empleo público continuará congelado por que la tasa de reposición  se mantendrá a cero, aunque se establece una excepción del 20% para los que se consideran servicios públicos esenciales.

Los pensionistas tampoco verán la recuperación: los presupuestos recogerán por primera vez el nuevo índice de revalorización de las pensiones, ya que cuando se presentaron las cuentas de 2014 la reforma no estaba todavía en vigor, aunque se usó como guía para subirlas el mínimo garantizado del 0,25%. Para 2015 es posible que la subida sea la misma, puesto que la fórmula de revalorización tiene en cuenta, entre otros parámetros, los ingresos y gastos de la Seguridad Social, que se prevé que cierre el año con un déficit en torno a 10.000 millones (1 % del PIB).

El Gobierno aprobó en junio un límite de gasto de 129.060 millones de euros para las cuentas de 2015, lo que supone un descenso del 3,2% respecto al que sirvió de base para el Presupuesto de 2014. Esta cifra resulta de una previsión de ingresos de 133.712 millones de euros y un objetivo de déficit de 30.959 millones, cantidades a las que hay que restar la financiación de las administraciones territoriales (32.941 millones) y unos ajustes de contabilidad nacional de 2.670 millones.

El Gobierno asegura que para los Presupuestos dejan de lado los recortes que se ha visto obligado a aprobar en años anteriores para cumplir lo pactado con Bruselas. Sin embargo, algunas partidas que se van conociendo, además del salario de los funcionarios, revelan nuevos tijeretazos: es el caso de la partida destinada al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que se reducirá un 23%. Concretamente, la partida destinada al pago de indemnizaciones y salarios se situará en 1.036 millones, algo que los sindicatos consideran 'poco creíble', ya que la previsión de gasto real en prestaciones para 2015 será 'muy superior'.

En materia de ingresos, el Ejecutivo espera que los recursos crezcan un 4,3% a pesar de la rebaja fiscal que entrará en vigor el año que viene (que, según los propios cálculos de Hacienda, restará 9.000 millones a la recaudación entre 2015 y 2016: unos 5.900 millones en el IRPF y 3.100 millones en Sociedades), gracias al ensanchamiento de las bases imponibles que provocará la recuperación. El objetivo del Gobierno es que la rebaja de IRPF se note ya en las nóminas de los trabajadores desde el primer mes del año.

De acuerdo con el escenario pactado con Bruselas, el objetivo de déficit público para 2015 es del 4,2%, frente al 5,5% de 2014.

Para elaborar estos Presupuestos, el equipo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha contado con un nuevo escenario macroeconómico cuyas cifras presentará este viernes el titular de Economía, Luis de Guindos. Las nuevas previsiones, marcadas por el parón de la Eurozona, prevén un incremento del PIB en 2015 superior al 1,8% que figura en el cuadro remitido a la Comisión Europea en abril, con un incremento del empleo por encima del 1,2%. Además, el Gobierno aprovechará también para mejorar las cifras del presente ejercicio, año para el que el Ejecutivo había planteado un incremento del PIB del 1,2% y un descenso de la tasa de paro al 24,9%.


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