Dirigentes nacionales del PSOE, CCOO y UGT se han concentrado, junto a medio centenar de manifstantes,  a las afueras de los Juzgados de Vía Alemania de Palma de Mallorca para dar su apoyo a la secretaria general de CCOO en Baleares, Katiana Vicens, que es juzgada por presuntamente romper el cristal de un autobús durante un piquete en la huelga general celebrada el 29 de marzo de 2012. La Fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel para ella por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de daños.

Vicens ha llegado pasadas las 09:45 horas a las dependencias judiciales, acompañada por el líder nacional de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en medio de la multitud congregada y en presencia de numerosos medios de comunicación. 'Me encuentro tranquila porque soy inocente', ha manifestado la dirigente sindical a preguntas de los periodistas, aseverando que en caso de que resultase condenada en este proceso, 'iré hasta la última instancia'.

Por su parte, Toxo ha considerado un 'auténtico despropósito' este procedimiento judicial, al incidir en que la huelga 'no es un delito' y 'no puede ser juzgada como tal por más que se pretenda convertir esto en un burladero'. El dirigente sindical ha recalcado que, aun siendo ciertos los hechos, 'que no lo son, la pena que se solicita por ellos es absolutamente desproporcionada'.

La Fiscalía ha acordado mantener su petición de cuatro años y medio de cárcel para la secretaria general de CCOO en Baleares. La fiscal Amparo González ha calificado de 'antidemocrática' la actitud de Vicens por 'obligar a alguien a hacer lo que no quiere', en relación al conductor del vehículo -que se encontraba en servicios mínimos-, y ha subrayado que 'el derecho a la huelga acaba en el derecho de otro trabajador de no ejercerla'.

La representante del Ministerio Público ha apuntado, de hecho, que la declaración del chófer durante la vista oral es 'prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia' de la acusada, aseverando cómo el conductor, 'sin animadversión ni motivos espureos, ha relatado que vio a Vicens arrancar el cartel de servicios mínimos que había colgado en el autobús y golpeó el cristal', algo que ha corroborado un policía que presenció los hechos, según ha expuesto la fiscal.

'Aquí lo que se está juzgando es la visibilidad pública de una persona', ha añadido Toxo, quien considera que existen otros supuestos en el Código Penal para sancionar ese tipo de conductas. El secretario general de CCOO ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en la tramitación de la reforma del Código Penal que lleva a cabo el ejecutivo 'suprima el artículo 315.3 que es en el que se basa el fiscal para sustentar su desproporcionada acusación'.

Igualmente, el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha instado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que apoye la Proposición de Ley que presenta su partido, que será debatida este martes en el Congreso, para derogar el artícul 315.3 del Código Penal. Cayo Lara ha mostrado su apoyo a la sindicalista, a la que se le piden cuatro años y medio de prisión 'por haber ejercido el derecho Constitucional de huelga', un caso que según el líder de IU 'personifica a más de 300 activistas sociales que están siendo criminalizados por defender los derechos de los trabajadores frente a las agresiones sistemáticas que ha hecho el Gobierno del PP con la última reforma laboral', ha espetado al respecto.

Del mismo modo, ha expresado su respaldo la secretaria federal de Empleo del PSOE, María Luz Rodríguez, quien ha calificado de 'inconcebible' que 'en pleno siglo XXI una sindicalista sea juzgada por ejercer el derecho a la huelga, los derechos democráticos y los de los trabajadores'. 'No sabemos si hay una instrucción escrita, probablemente no la haya, pero probablemente sí haya una instrucción oral de la Fiscalía para que todos estos sindicalistas que están al pie del cañón defendiendo los derechos de los trabajadores frente a los recortes del Gobierno y la reforma laboral, estén imputados en procesos', ha afirmado.

La propia Vicens ha dicho, antes de entrar en el Juzgado de lo Penal número 6 de Palma, que está tranquila ante el juicio que afronta y agradecida por las muestras de apoyo. 'Soy inocente, no he hecho nada de lo que se me acusa', ha proclamado. 'Espero que todo esto acabe pronto, que se demuestre mi inocencia y se deje de criminalizar a los sindicalistas como unas personas agresivas y de los piquetes informativos como coactivos', ha manifestado.

En el juicio, Katiana Vicens ha asegurado que en ningún momento insultó o amenazó al conductor del vehículo ni vio ninguna luna rota, sino que fue éste quien le cogió de la mano y le 'zarandeó violentamente'. Durante la vista oral se han vivido momentos de tensión, entre ellos el instante en que la fiscal ha instado a Vicens a quitarse una insignia de la chaqueta por constituir una 'falta de respeto al tribunal', a lo que la magistrada Margarita Beltrán ha respondido que no es necesario puesto que 'todos sabemos cuál es la problemática que hay tras este juicio y, además, es una pegatina que desde aquí soy incapaz de ver'.

En su comparecencia, Vicens ha recordado que fue sola a la Estación Intermodal para intentar que 'el máximo número de trabajadores se sumen a la huelga', al igual que hizo durante esa jornada en servicios 'como Emaya y la EMT'. Según ha apuntado, había allí un despliegue policial 'muy importante' puesto que 'era la primera huelga que se llevaba a cabo con el gobierno del PP, y había un policía en la puerta de cada uno de los autobuses'. La sindicalista ha señalado que subió en el autobús en cuestión y en varios más, y una vez dentro 'saludé y pregunté si estaban de servicios mínimos, para después pedirles que se sumen a la huelga y explicar cuáles son nuestras reivindicaciones'. Sin embargo, ha manifestado que en ese instante el conductor, que estaba en su asiento, le agarró de la manó y comenzó a zarandearla, tras lo cual 'uno de los policías, al ver el lío que se estaba montando, me sacó de allí'.

Por su parte, el PP ha lamentado el apoyo de estas organizaciones a Vicens, asegurando que los conservadores 'apoyamos a la Justicia'.

'Hay un juicio y un Estado de Derecho, es impresentable esta distinta vara de medir'

Así se ha manifestado la portavoz del PP en el Parlamento balear, Mabel Cabrer, quien ha 'lamentado que grupos políticos no apoyen a la Justicia'. Según ha argumentado, existen unas leyes y temas de responsabilidades administrativas y legales y los tribunales son los que deben determinar si se han cometido los delitos o no.

'Hay un juicio y un Estado de Derecho, me parece impresentable, si hay denuncias se tramitan, si hay pruebas o no y si se ha cumplido la ley. Para esto la Justicia, no la política, ya está bien de que empleen distinta vara de medir según sean unos u otros', ha declarado.