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El abogado de Arturo Fernández culpa a Bankia de no reclamar lo gastado con las tarjetas black por la vía civil

La defensa del empresario cree que "carece de sentido" que se atribuya delito penal a los 65 acusados del expolio de la entidad bancaria.

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El acusado Arturo Fernández llegando al juicio de las tarjetas black el 5 de octubre. MANOLO FINISH

MADRID.- La defensa del empresario Arturo Fernández ha expuesto este miércoles que "carece de sentido" que se atribuya delito penal a los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia que hicieron uso de la tarjeta black porque son solventes y por tanto lo que tendría que haber hecho la entidad nacionalizada es reclamar lo gastado con las visas por la vía civil, algo que no hizo porque "le costaba dinero".

Esta es la tesis del letrado del empresario con cuya declaración se ha reanudado el juicio que celebra la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional y en el que se dirime si los directivos concurrieron en delito continuado de apropiación indebida y administración desleal por cargar un total de 12,5 millones de euros a sus plásticos entre 2003 y 2012.

Según el letrado, a lo largo de las vistas ha quedado acreditado que las tarjetas que recibieron los acusados a su llegada a la caja eran para uso personal en tanto no era necesario presentar justificación de los gastos que efectuaban con las mismas, todas tenían un límite mensual -de 25.000 euros en el caso de Fernández- y se cargaban en una cuenta de Caja Madrid diferente a otra existente de representación.

Por todo ello ha asegurado que se está ante una cuestión civil, no criminal y que con el nacimiento de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) en 2010 se tenía que haber reclamado las cantidades dispuestas a cada beneficiario, algo que no se hizo porque "cuesta dinero" y porque "entregaron lo gastado" en una cuenta que habilitó el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, en la fase de instrucción.

A su juicio no se puede decir que los incumplimientos de las obligaciones civiles constituyen apropiación indebida ni tampoco administración desleal ya que, de ser así, se tendría que condenar con una multa. El Ministerio Público pide concretamente para Fernández un año y medio de prisión por cargar a su Visa 38.776 euros entre 2010 y 2012.

Ignorancia

Para el abogado del expresidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) esto se podría equiparar al hecho de que una abuela regalase a su nieto un piano y luego se lo reclamase por la vía penal cuando sería suficiente con pedírselo sin recurrir a los tribunales.

Además ha expuesto que Fernández, al igual que el resto de altos cargos que formaron parte del Consejo de Administración de la caja, fue elegido por empresarios, gremio que en su mayoría, ha dicho, carece de formación académica en condición de autónomos por lo que no tienen por qué conocer lo que es la asamblea general de una entidad de derecho público.

Además ha argumentado ante el tribunal que la asamblea era tan "pintoresca" como los consejeros que formaban parte de la misma, ya que había representantes de empresarios, trabajadores, empleados públicos y en definitiva "una amalgama de sujetos que nada tiene que ver con una junta general de una sociedad anónima".

Se trata de la vigésimo primera sesión en la que continúan exponiendo las defensas de los 65 encausados entre los que se encuentran los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, además de líderes políticos, empresarios y representantes sindicales que se enfrentan a penas de prisión de entre seis y un año y medio por el uso hecho con la tarjeta nacida en un acuerdo del Consejo de Administración del 24 de mayo de 1988.