La lacra del trabajo gratuito mediante la imposición a los trabajadores de horas extraordinarias y prolongaciones de jornada que luego la empresa no les paga no ha cesado en el primer año de aplicación de la reforma laboral y pese a la mejora de la ocupación y a la estabilización del empleo, sino más bien al contrario.

Los registros de la EPA (Encuesta de Población Activa) que elabora el INE (Instituto Nacional de Estadística) recogen cómo en el cuarto trimestre del año pasado, de octubre a diciembre, las empresas españolas imponían a sus trabajadores la realización de 2,89 millones de horas extra no remuneradas cada semana, con un aumento de 44.600 en un año que equivale a 1.115 empleos de jornada completa.

Es decir, que los empresarios que aplican este tipo de prácticas sumaron el equivalente a ese número de puestos de trabajo a los 71.315 que ya se perdían por el mismo motivo a finales de 2021, cuando el volumen de horas extraordinarias no pagadas alcanzaba los 2,85 millones, para enmascarar un total de 72.430 empleos.

Se trata del volumen de fraude más elevado en un cierre de año desde 2018, con una tendencia al alza aunque alejado todavía de los más de 3,9 millones de horas extra no pagadas, equivalentes a casi 100.000 empleos de jornada completa, que se alcanzaron en los picos de las primaveras de 2008 y de 2015.

"Hay formas de ajuste del mercado laboral, y se buscan fórmulas para escapar de las obligaciones. Este repunte se puede interpretar en ese sentido", explica Francesco Marcaletti, profesor de Sociología del Trabajo en la Universidad de Zaragoza.

Se refiere a la coincidencia temporal de la mejora del empleo, con niveles de ocupación superiores a los veinte millones de personas en España que solo se habían alcanzado en el año previo al estallido de la burbuja inmobiliaria a mediados de 2008, y de las condiciones de contratación, que han tenido como consecuencias principales en el plano económico una estabilización de las relaciones laborales y un aumento de la masa salarial del país, y con ellas una animación del consumo que se está traduciendo en un apuntalamiento de la actividad.

Este tipo de prácticas, que experimentaron un notable descenso a partir de la implantación del registro de jornada en mayo de 2019, suponen un triple fraude laboral, social y tributario que en su conjunto alcanza unas dimensiones multimillonarias: el empleado deja de cobrar salario por una parte de su trabajo, la Seguridad Social se queda sin el 35% de esa fracción sueldo que le correspondería ingresar como cotización (28,3% del empleador y 6,35% del asalariado) y Hacienda ve cómo se esfuman las aportaciones en el IRPF, cuyas retenciones van del 1% al 35%.

Con el coste salarial medio en 15,12 euros, el fraude de las horas extraordinarias no pagadas supondría unos volúmenes semanales de 45 millones de euros en impagos a los trabajadores, casi 16 para el seguro y en torno a ocho para el fisco, que serían más de 3.500 (2.340, 832 y 416) al cabo del año. Y un ahorro de la misma magnitud para los empresarios que lo cometen.

En la distribución del fraude por sectores llama la atención su elevada prevalencia en la educación, con una media de 480.000 horas semanales, en la industria manufacturera y el comercio, ámbitos en los que se acerca a las 300.000, y también en los servicios profesionales y técnicos, el transporte, la hostelería y las administraciones públicas, en todos los cuales supera holgadamente las 200.000.

Por puestos, casi el 40% (1,14 millones) se concentra en la escala de los técnicos y los profesionales, a mucha distancia de los técnicos de apoyo (417.000), los empleados del sector servicios (353.000) y los directores y gerentes de los negocios (324.100).

Esa elevada presencia de los profesionales y técnicos entre los afectados por las horas extra impagadas no supone precisamente una sorpresa, o al menos no tanto vista la reciente intervención de la Inspección de Trabajo en las instalaciones madrileñas de las grandes firmas de auditoría o las descripciones de su maratoniano y exigente día a día que fueron difundiendo a partir de entonces sus empleados.

"Las plantillas viven en la oficina, y eso puede alimentar dinámicas de ese tipo" por la desconexión de otros formatos de empleo, anota Marcaletti. "Si estás todo el día en la oficina las dinámicas de trabajo se ven de manera distinta a como se ven en general, y eso puede generar una predisposición a aceptar ampliaciones de la jornada, a estar disponible, ante una recompensa como, por ejemplo, el paso de eventual a fijo", añade.

Según la EPA, hasta 389.200 trabajadores realizaron en el último trimestre solo horas extra que no les fueron pagadas, mientras otros 49.500 las combinaban con las remuneradas y otros 470.400 solo hacían de estas últimas. Entre un tercio y la mitad de los primeros (164.000, 42%) eran técnicos y profesionales.

¿Indicios de la activación de una 'gran dimisión' en España?

Al margen de aspectos como el aumento del trabajo gratuito o el avance del subempleo entre los trabajadores de menor edad mientras este fenómeno se reducía de manera notable entre los trabajadores del resto de los estratos de edad, los datos que ofrece la EPA sobre los 12 primeros meses de aplicación de la reforma laboral "son bastante buenos", anota el profesor, incluso entre los tres grupos (mujeres, jóvenes y extranjeros) en los que siguen concentrándose los mayores niveles de precariedad.

"Hay una recuperación evidente de la ocupación entre los extranjeros, con un aumento del 10% en general que supera el 20% entre los latinoamericanos", señala Marcaletti, al tiempo que "mejora la situación para los jóvenes, que aumentan su participación en el empleo hasta niveles que no se veían desde 2010".

Paralelamente, entre las mujeres se redujeron la temporalidad y la aceptación de jornadas parciales por no poder acceder a una completa, mientras la duración de esas ocupaciones incompletas aumentaba de manera generalizada, y 58.100 y 76.600 salían, respectivamente, del grupo de desempleadas que llevaban más de dos y de un año en esa situación.

"En el año hubo un aumento del 1,4% en el número de personas ocupadas, un dato positivo aunque en el último trimestre hay señales de desaceleración" en la creación de empleo, anota Marcaletti, que también destaca cómo "se observa una bajada del número de autónomos (-118.400) y una subida del de asalariados (+397.300)" al tiempo que "la contratación indefinida crece más de un 10% con 1,37 millones de trabajadores" y la tasa de temporalidad "cae del 25,4% al 17,9% con casi 1,2 millones menos de empleados eventuales. Esto es algo significativo y que guarda relación con la reforma laboral".

Por último, el profesor detecta en los datos de la EPA indicios de lo que podría ser una incipiente gran dimisión  o gran renuncia en España como, entre otros, esa reducción del número de autónomos, quizás vinculada con la reducción de ventajas del emprendimiento frente al trabajo por cuenta ajena con las subidas del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), o, también, "la baja ocupación en activos de 35 a 45 años, que normalmente tienen un lugar central en el empleo".

"Hay señales bastante evidentes de que se están produciendo ajustes que pueden ser estructurales y de que puede estar habiendo un abandono de empleos precarios para buscar una ocupación mejor", añade, que supondría un cambio de tendencia frente a la tradicional búsqueda de un trabajo mejor mientras se permanece en el precario.