MADRID.- El magistrado de la Audiencia Nacional de Madrid  José de la Mata ha admitido una querella presentada por dos particulares, accionistas de Bankia, contra una veintena de responsables de Caja Madrid por la "práctica sistemática de sobrevalorar inmuebles constituidos en garantías de préstamos hipotecarios y la concesión de préstamos que no debieron haberse concedido", en el periodo entre 2003 y 2009.

Los delitos a los que se enfrenta la antigua cúpula de Caja Madrid por esta querella son: delitos de estafa (recogidos en el artículo 248 del Código Penal), administración desleal (artículos 302 y 390 del CP) y asociación ilícita (artículo 515 del CP). 

El juez De la Mata comenzará tomando declaración como investigados (figura que sustituye a la de imputado) a Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid durante ese periodo; a Ildefonso Sanchez Barcoj, como responsable de la Dirección General Financiera; al exgerente de riesgos, Ramon Martínez Vilchez; y al exdirector general de Tasaciones Madrid, Ignacio de Navascues.

Además, el magistrado ha requerido a Bankia, como sucesora de Caja Madrid, que le certifique quienes integraban entre 2003 y 2009 el consejo de administración de la entidad, la comisión ejecutiva, la comisión de control, la dirección general financiera y de medios y la gerencia de riesgos.

La Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a la admisión de la querella argumentando, entre otras razones, que esa práctica de sobrevalorar las tasaciones fue generalizada y que los hechos de la querella no tenían relevancia penal.

Grave repercusión en la economía nacional

En su auto el magistrado argumenta que procede investigar esas conductas y que de tener relevancia penal, encajarían en delitos que son competencia de la Audiencia Nacional, en tanto que esos hechos habrían ocasionado una grave repercusión en la economía nacional, al haber afectado a miles de clientes y haber producido pérdidas millonarias a la entidad.

El juez añade que "el hecho de que la sobrevaloracion de las tasaciones pudiera haber sido en España y otros países una práctica generalizada en el período anterior al estallido de la crisis de 2008 y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, no puede sin embargo justificar cualquier práctica".

Después de incorporar un informe de la inspección del Banco de España -a cuya incorporación antes de la admisión a trámite también se opuso la Fiscalía- el juez concluye que en esta fase inicial se sustenta indiciariamente en que la tasadora del grupo, Tasaciones Madrid, valoraba de forma sistemática los inmuebles hipotecados por encima del precio de los mismos y "que al abrigo de estas sobretasaciones se concedían de forma sistemática préstamos por encima del 100% del precio de compraventa de los inmuebles hipotecado".

Se concedían hipotecas de más de 20 años a extranjeros con permisos temporales de residencia y trabajo

Del mismo modo, destaca que se concedían préstamos hipotecarios de 20 o más años a personas extranjeras con permisos temporales de residencia y trabajos de uno o dos años de validez; y, por ende, que debido a estos factores derivaron en una cartera hipotecaria de alto riesgo que en ciclos de recesión, como el actual, explicaron la mayor mora comparada con el resto de las entidades del sistema y, subsiguientemente, la acumulación de pérdidas para la entidad".

En relación con las mencionadas pérdidas el juez recuerda la posición destacada de Bankia en el mercado financiero español, que llegó a tener millones de clientes y un negocio crediticio de 186.000 millones de euros, así como el impacto que ha originado en el sistema económico español su situación financiera, "y los miles de millones de caudales públicos que han debido de ser inyectados en la misma para sanearla".

Para iniciar la investigación el juez requiere a Bankia numerosa documentación, entre otras los documentos sobre su política de 'scoring' o sistema de evaluación ante las solicitudes de préstamos en los años cuestionados, así como informes de tasaciones realizados por Tasa Madrid.