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Andalucía computa como ingresos 149 millones del fraude de formación que no logra recuperar

El Gobierno de Susana Díaz incluye en los Presupuestos de 2018 una previsión sobre el reintegro de ayudas sin justificar, pero en cuatro años sólo ha conseguido que le devuelvan 8,7 millones

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María Jesús Montero, consejera andaluza de Hacienda, este viernes en la presentación de los Presupuestos de 2018. /Junta de Andalucía

El Gobierno de Susana Díaz reclama a sindicatos, patronal y empresas de formación la devolución de 149 millones de euros en ayudas para cursos a parados que no han justificado correctamente. En 2013 los tribunales andaluces pusieron bajo sospecha la gestión de 1.613 millones en subvenciones para la formación, un dinero que la Junta había repartido entre 2007 y 2012.

Fruto de una investigación interna que arrancó hace cuatro años y aún no ha culminado, la Consejería de Empleo ha detectado irregularidades en 1.750 expedientes de ayudas, el 27% de los examinados, de los que se extrae la solicitud de reintegro de esos 149 millones. A esta cifra se suman al menos 167 millones más de otro montante de ayudas sin justificar que reclama la Junta, pero que aún están en fase de alegaciones, es decir: las empresas adjudicatarias aún tienen 12 meses para justificarlas.

La cifra del dinero público supuestamente defraudado se ha disparado, pero la esperanza de poder recuperarlo todo se está diluyendo. Hasta ahora, el Ejecutivo andaluz sólo ha reintegrado en las arcas públicas 8,7 millones de los fondos de formación sin justificar, un dinero al que se le dio un uso distinto del previsto. Este desfase entre lo que se reclama y lo que se recupera no es exclusivo de la partida para formación de parados.

El Gobierno de Díaz acaba de presentar los Presupuestos Autonómicos para el año que viene computando en el capítulo de ingresos un dinero que esperan recuperar a través de procedimientos de reintegro en curso, la mayoría ligados a casos de corrupción que socavaron las arcas públicas: las irregularidades en la formación, el fraude de los ERE o las facturas falsas. Para el último ejercicio, la Junta calculó unos ingresos de 279,5 millones de euros proveniente de diferentes expedientes de reintegro, pero al cierre presupuestario sólo se habían recuperado 73,5 millones, un 26% del total. En las cuentas del año pasado, la Consejería de Hacienda dibujó unos ingresos de 442,9 millones de euros por los expedientes de reintegro -la mayoría por litigios relacionados con fraudes-, pero tampoco logró recaudar ni un tercio de lo previsto.

Las expectativas han caído y en el proyecto de presupuestos de 2018, que aprobará el Parlamento a final de mes, la previsión de ingresos por el dinero recuperado del fraude es 70 millones menor que hace un año (373,1 millones de euros). La mayor parte de esta cifra es la previsión de dinero defraudado que esperan recuperar, pero no solo: Aquí también computa el desfase habitual de subvenciones concedidas que quedaron sin ejecutar, por ejemplo, cuando la Junta financia un proyecto para un ayuntamiento, y éste finalmente no logra ponerlo en marcha y tiene que devolver dichas ayudas.

El verdadero impacto  la parálisis de la formación para el empleo: más de cinco años sin cursos de reciclaje para parados y trabajadores de baja cualificación en una comunidad con una tasa de paro del 25,4% según la EPA

En septiembre de 2013, la Junta de Andalucía abrió una investigación interna sobre un supuesto macrofraude de ayudas para cursos de formación a parados que acababa de estallar en los tribunales: 1.613 millones de euros en subvenciones concedidas durante los últimos cinco años estaban bajo sospecha. El Gobierno andaluz ordenó paralizar la formación para el empleo hasta que se aclarasen las irregularidades y la consejería del ramo formó un equipo especial de 64 funcionarios y un interventor único para examinar, uno a uno, los 8.505 expedientes de las ayudas que la Junta había otorgado entre 2007 y 2012.

Cuatro años después, los tribunales han dado carpetazo a muchas de las causas abiertas por el dinero de la formación, pero la investigación interna de la Junta aún no ha terminado de examinar todos los expedientes, para “desesperación” de los grupos de la oposición. El titular de la cartera ha cambiado tres veces. El último consejero de Empleo, Javier Carnero, ha comparecido este jueves en el Parlamento para actualizar el número de expedientes con irregularidades y la cifra del dinero que se le reclama a las empresas de formación, pero desconocía si en los últimos diez meses -desde que su antecesor ofreció datos- la Junta había recuperado más dinero. “Eso compete a Hacienda”, dijo.

En cuatro años largos de investigación se han revisado 6.501 expedientes de ayudas y faltan aún 693 por analizar, un dato que ha provocado la “indignación” del PP. La oposición le ha reprochado al consejero la “lentitud y el desinterés” con el que trabaja por recuperar el dinero defraudado.

La formación se reactiva sólo al 20%

La investigación interna de la Junta se ha ralentizado desde que la causa del supuesto fraude de formación se desinfló en los tribunales. Los jueces admitieron regularidades administrativas en la gestión de estas ayudas, pero negaron categóricamente el delito de menoscabo de fondos. La causa de la formación entró en los juzgados en mayo de 2014. Una veintena de tribunales en las ocho provincias andaluzas empezó a investigar si hubo menoscabo de fondos de Empleo, y se abrió una pieza política del caso para determinar si el Gobierno había diseñado un sistema irregular para otorgar estas subvenciones (recientemente fue archivado por falta de pruebas).

Más allá del dinero público que se ha perdido por el camino, el verdadero impacto de esta maraña judicial fue la parálisis de la formación para el empleo: más de cinco años sin cursos de reciclaje para parados y trabajadores de baja cualificación en una comunidad con una tasa de paro del 25,4%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). En este lustro, Díaz ha renunciado a fondos estatales y europeos para la formación, en tanto que la gestión de los cursos seguía paralizada.

En el proyecto de presupuestos de 2018, que aprobará el Parlamento a final de mes, la previsión de ingresos por el dinero recuperado del fraude es 70 millones menor que hace un año

Las políticas activas de empleo se reactivaron tímidamente hace dos meses, pero los requisitos de las empresas para optar a ayudas se han endurecido, y el desarrollo de los cursos es claramente inferior al que la Junta había previsto. Sólo han empezado 273 cursos de formación para parados, el 20% de los 1.492 que la Consejería de Empleo prometió el pasado junio, cuando se anunció en Consejo de Gobierno la oferta de las subvenciones. La convocatoria de ayudas para 2016, la primera en cinco años, ha tenido un nivel de respuesta insuficiente: en los cursos que están en marcha hay 4.042 parados inscritos, cuando Empleo esperaba llegar a los 22.380 beneficiarios.

Muchas de las adjudicatarias se quejan de las “condiciones leoninas” para acceder a esas ayudas, y acusan a la Junta de no haberles abonado el primer adelanto del 25% de la subvención prevista, como recoge la normativa. El presupuesto total de las ayudas a la formación asciende a 64,9 millones de euros.

Tampoco las Escuelas Taller y los Talleres de Empleo han empezado a funcionar, pese a contar con un presupuesto de 50 millones de euros. El consejero asegura que esta semana se publicarán las resoluciones provisionales de la actual convocatoria, que alcanzará los 181 proyectos y beneficiará a 2.715 andaluces.