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La Audiencia anula una multa de 26 millones a Telefónica por compromisos de permanencia

Destaca que los contratos de la operadora no distorsionan la competencia, sino que benefician al consumidor al ofrecer precios más bajos

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El reflejo de un viandante en el cristal del escaparate de una tienda de Telefónica en la sede de la Gran Vía madrileña. REUTERS/Sergio Perez

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la sanción de 25,78 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Telefónica Móviles en octubre de 2014 por determinados compromisos de permanencia, incluidos en sus contratos para pequeñas y medianas empresas, imitaban la capacidad de los clientes de cambiar de operador.

La CNMC consideró que la operadora estableció determinadas cláusulas en los contratos de prestación de servicios minoristas de comunicaciones móviles a clientes empresariales con "efectos restrictivos a la competencia", ya que, a su juicio, se limitó "desproporcionadamente" la capacidad de los clientes de Telefónica para cambiar de operador.

Por otra parte, entendió que se incrementó "sustancialmente" los costes en los que tienen que incurrir los competidores para ganar clientes a costa de Telefónica Móviles.

En una sentencia del pasado 31 de julio y que se ha dado a conocer este jueves, la Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por la compañía telefónica contra la sanción impuesta al entender que la decisión de la CNMC era "discriminatoria", porque obvió conductas idénticas de otros operadores del mercado español.

La Sala da la razón a Telefónica al acreditar que con sus contratos Premium espacial PYME no ha afectado a la libre competencia y, por tanto, no ha incurrido en infracciones de los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) ni del 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFSU), por los que había sido sancionada.

Beneficios al consumidor

Los magistrados consideran que estos contratos no constituyen una restricción vertical en un sentido económico, tal y como alegó la operadora en su recurso, ya que las empresas que los firman no están situadas en ningún punto del proceso de producción o de distribución, sino que son consumidores del servicio. "Los usuarios empresariales contratan los servicios de comunicaciones móviles para su consumo final y no para revenderlos o transformarlos en otro producto", explica la sentencia.

"Los contratos premium de Telefónica Móviles España con las PYMES y autónomos no distorsionan la competencia y benefician al consumidor al ofrecer precios más bajos, afectar a una parte reducida del mercado y no impiden el cambio de los clientes entre operadores (...) ni crean barreras de entrada para los operadores móviles virtuales (OMVs)", dice la sentencia que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Según la CNMC, los compromisos de permanencia incluidos en los contratos 'Premium especial PYME', vigentes desde 2006, estaban vinculados a descuentos sobre las tarifas y tenían una duración inicial de 12, 18 o 24 meses. Además, la permanencia se prorrogaba automáticamente, pues para dejarla sin efecto era necesario un preaviso de un mes, y que las penalizaciones eran "crecientes", ya que se pagaba una penalización mayor cuanto más cerca estaba de finalizar el período contratado.

Limita la capacidad de los clientes

Para el organismo regulador la obligación de permanencia no sólo limita la capacidad de los clientes para cambiar de proveedor de servicios móviles, sino que estaría limitando la "eficacia y el efecto 'protocompetitivo' de la obligación regulatoria" que permite a los clientes de servicios minoristas de comunicaciones móviles darse de baja y cambiar de proveedor (portabilidad) en cualquier momento.

Sin embargo, los jueces asumen lo constatado en dos informes periciales aportados por Telefónica en los que se afirma que los descuentos a cambio de permanencia no constituían un acuerdo vertical, ni tenían intención de distorsionar la competencia, sino que era una práctica comercial lícita y que no han tenido efectos anticompetitivos.

La Sala señala que la lógica económica de los descuentos reside en "rentabilizar de la forma más eficiente" su red de clientes existente en el mercado. También cree que la existencia de penalizaciones por el incumplimiento del compromiso de permanencia en esos contratos es un método "proporcional" para evitar que los clientes se beneficiasen del descuento a sabiendas de que no acatar dicho compromiso no tendría consecuencias.