La Audiencia Nacional propuso el martes llevar a juicio a 13 investigados por unas operaciones inmobiliarias de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal en el Caribe, entre ellos al que fuera director general de la entidad Roberto López.

La jueza Carmen Lamela dijo en un auto en el que puso fin a la instrucción que existen indicios para sentarlos en el banquillo por los delitos de apropiación indebida y administración desleal en relación con unas operaciones de crédito entre la CAM y Valfensal para adquirir hoteles y parcelas principalmente en México y República Dominicana.

También propuso juzgar a los empresarios Juan Vicente Ferri, José Salvador y José Francisco Climent por seis delitos fiscales correspondientes a los ejercicios entre 2008 y 2013.

La CAM, que estuvo bajo la administración del FROB tras su intervención en 2011, fue adjudicada a finales de 2012 a Banco Sabadell tras una inyección de capital público de 5.249 millones de euros.

La entidad se convirtió en uno de los símbolos de la crisis financiera en España tras su intervención por problemas de solvencia y liquidez en julio de 2011, llegando a ser calificada como "lo peor de lo peor" por el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

En su auto, la magistrada enumeró varias operaciones de crédito sospechosas y aludió a un informe de la UCO en el que se describían diversas "irregularidades comunes" relativas a la tasación de terrenos o estudios previos de mercado.

"Fueron muy deficientes y no se respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal", dijo el auto.

Según Lamela, tanto López como el entonces director general de Empresas de la CAM Daniel Gil consintieron que los empresarios "dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna".

El exdirector general de la CAM ya fue condenado en octubre pasado a tres años de prisión por un delito societario continuado de falsedad contable y otro delito de falsedad en la información.

La jueza da ahora un plazo de diez días a las partes para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

CAM operaba en la costa oriental española, una de las zonas más devastadas por el profundo bache que atravesó el sector inmobiliario español a partir de 2008 y que arrastró a la banca española, especialmente a las cajas de ahorros.