El euro que le costó la compra de Banco Popular está cada vez más cerca de empezar a salirle rentable al Santander. La entidad absorbida comienza a recuperar el negocio, aunque se encuentra lejos de los números que presentaba un año antes de ser intervenida, mientras los nuevos propietarios empiezan a desactivar miles de eventuales demandas de los damnificados por la “resolución” que habían acudido a la ampliación de capital de 2016.

Popular presenta este viernes los resultados del primer semestre, que arrojarán unas pérdidas de en torno a 12.200 millones de euros, la mayor parte de ellas vinculadas al negocio inmobiliario. Sin embargo, eso no significa que el banco de los Botín vaya a asumir ese volumen de números rojos, sino, más bien, al contrario: dos terceras partes de ellas ya están provisionadas.

Por una parte, el grueso de los activos tóxicos inmobiliarios de Popular, con un valor contable de 30.000 millones, han sido aportados por 10.000 a una sociedad controlada por el fondo Blackstone, que los sacará al mercado del alquiler. Por otra, Santander, ha obtenido dos notables inyecciones de liquidez: 500 de los 5.200 millones en créditos fiscales que adquirió con el banco, llegados de Hacienda, y 7.702 más en una ampliación de capital lanzada para financiar la absorción y en la que recibió ofertas por valor de 18.000.

Mejora el negocio

Paralelamente, el negocio comercial del Popular, que tenía la principal cartera de autónomos del país, comienza, aunque lentamente, a recuperarse tras haber perdido en solo un año y medio, entre enero de 2016 y junio de 2017, un tercio de su negocio minorista: 26.300 de los 79.221 millones en depósitos que gestionaba. Más de la mitad de esas salidas (14.251) se produjeron en el segundo semestre, después de que el nuevo presidente, Emilio Saracho, anunciara que el banco necesitaba una nueva ampliación de capital.

La entidad recuperó en julio casi 4.000 millones de euros en ese apartado (pasó de 52.921 a 56.918, según reflejan los estados financieros de la Asociación Española de la Banca), aunque los dos primeros meses de nueva dirección no fueron suficientes para recuperar el nivel previo a la intervención (57.647 al cierre de mayo) y siguen muy lejos tanto del registrado al cierre de 2016 (71.473) como del que se daba un año antes de la intervención (76.375).

Miles de demandas desactivadas

Mientras tanto, la estrategia de los llamados bonos de fidelización, diseñada por el Santander para evitar una parte del previsible aluvión de demandas de los pequeños accionistas que vieron cómo el valor de sus acciones quedaba reducido a cero al año siguiente de haber participado en una ampliación de capital, comienza a darle resultados.

En apenas dos semanas han colocado alrededor de la mitad de los bonos, lo que supone cerca de 500 millones de euros, entre pequeños accionistas de Popular que, de esta manera, renuncian a emprender acciones legales para recuperar su dinero a cambio de un producto financiero por el valor de sus participaciones para quienes adquirieron menos de 100.000 euros, con una quita del 25% hasta el medio millón y una del 50% a partir de esa cifra. Los bonos, dirigidos también a tenedores de deuda subordinada, son amortizables a los siete años y generan un interés anual del 1% liquidable por trimestres.

Popular captó en esa ampliación de capital a 27.942 pequeños ahorradores, mientras otros 20.000 elevaban sus participaciones. Fuentes del Banco Santander declinaron concretar el número de accionistas que se han acogido a este producto financiero, aunque fuentes sindicales explicaron que su colocación entre los minoristas es, ahora mismo, la prioridad de la red de oficinas de Popular.

Fusión tecnológica y servicios centrales

La dirección de Santander trabaja en el rediseño del negocio tras la absorción de Popular, en el que Rami Aboukhair Hurtado ocupará el puesto de consejero delegado junto al nuevo presidente, Rodrigo Echenique.

Los sindicatos mayoritarios descartan que, aunque pueda producirse un goteo de salidas en ambas entidades, algo por otro lado habitual en un sector bancario que en ocho años ha recortado casi un tercio del empleo con 81.000 bajas en una plantilla global de 270.000, no prevén expedientes de regulación antes de que finalice el próximo año en ninguna de las dos entidades. Popular acaba de cerrar un ERE de 2.600 empleados y Santander ha pactado más de mil bajas.

La dirección del Santander está trabajando ahora en la integración de las plataformas informáticas, que tardará al menos seis meses, y en la fusión de los servicios centrales de las dos entidades y de Banco Pastor, para las que las negociaciones con los sindicatos todavía no han comenzado.

“No hay nada sobre la mesa”

“No hay nada sobre la mesa. Primero tienen que definir las necesidades conjuntas y elaborar el mapa de sucursales”, señalaron fuentes sindicales. No obstante, el hecho de que se trate de dos de las principales entidades financieras del país hace que la red de oficinas esté prácticamente duplicada en las principales plazas.

Fuentes de Santander coincidieron en señalar que los ajustes de personal no están ahora mismo entre las prioridades del banco, mientras remitían al anuncio realizado tras la adquisición de Popular que cifraba en 500 millones de euros anuales los ahorros previstos a base de sinergias, incluidas las operativas y las tecnológicas.