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Banco Santander La colocación de bonos a los ahorradores frena el ERE en Banco Popular

Santander aplaza los recortes en una plantilla que está desactivando miles de pleitos al endosar los cupones, mientras los jueces admiten a trámite una decena de demandas civiles y el banco absorbido pierde más de 17.000 millones en depósitos y créditos a particulares.

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Los rótulos de las más de 1.200 oficinas de los bancos Popular y Pastor comienzan estos días a mostrar el color corporativo y la marca del Grupo Santander, su dueño desde junio.

Los objetivos comerciales se imponen a los recortes laborales en el negocio de Banco Popular, donde la colocación de bonos a los pequeños accionistas a cambio de que renuncien a ir a los tribunales es el principal y más urgente objetivo del nuevo propietario, Santander, que se hizo con él por un euro tras una “resolución” que ya ha generado al menos cuarenta demandas y querellas y medio centenar de reclamaciones ante la UE.

En ese contexto, al que se suma un resultado comercial deficitario en los primeros tres meses, cualquier motivo de inquietud para una plantilla encargada de colocar esos bonos, como sería el previsible plan de bajas y/o despidos, queda aplazado. Aunque no sin fecha, ni tampoco sin que los rumores que circulan sobre ese ajuste laboral -unos sobre 1.600 bajas antes de que acabe el año, otros hasta las 7.000 en dos ejercicios-, desasosieguen a sus 10.000 trabajadores.

Los sindicatos dan por hecho que habrá despidos en la plantilla de Popular por varios motivos. Por un lado, se trata de la absorción del sexto banco del país por el primero, lo que significa que ambos disponen de sucursales en las principales plazas y, con frecuencia, a no mucha distancia. Por otro, varios de sus departamentos, especialmente en sus servicios centrales y en el área operativa, van a ser unificados. Y, por otra parte, faltan por conocerse las nuevas políticas comerciales de la entidad resultante de la fusión y sus efectos en la plantilla conjunta, que ronda los 33.000 empleados.

"No conocemos fechas, cifras, previsiones ni criterios"

Sin embargo, nadie tiene datos oficiales sobre los planes de los nuevos propietarios. “Las cifras que están saliendo pueden venir tanto de filtraciones interesadas de la empresa como de simples elucubraciones de empleados. Hay tantas que alguna acertará, pero a fecha de hoy nadie sabe nada”, señalan fuentes de UGT.

Los representantes sindicales están a la espera de que, en las próximas semanas, los nuevos responsables del banco abran los contactos sobre el modelo de servicios centrales de la nueva entidad. No obstante, dan por hecho que las bajas no comenzarían antes de que, a partir de mediados de 2018, haya finalizado la integración de los sistemas informáticos y operativos. A partir de ahí, el segundo recorte de personal llegaría, a principios de 2019, en las sucursales, coincidiendo con los previsibles cierres de unas oficinas y refuerzos de otras.

“No conocemos qué fechas, cifras, previsiones ni criterios maneja la dirección”, coinciden desde CCOO y UGT, desde donde recuerdan que no es descartable un plan de salidas voluntarias previo a las reestructuraciones, que podrían incluir trasvases de personal entre las sucursales y los servicios centrales.

No obstante, este modelo de recorte de personal, habitual en la banca española, tiene algún escollo en el caso de Santander y Popular, ya que ambas plantillas han sufrido recientemente EREs (Expediente de Regulación de Empleo) que, además de reducir la cifra de eventuales voluntarios, se centraron en el grupo de empleados de mayor edad, lo que aminora las posibilidades de aplicar prejubilaciones. De Popular salieron 2.592 trabajadores, casi la mitad de ellos de 55 años o más, mientras otro millar dejaba Santander en 2016.

Fuga de depósitos y desplome en créditos

La colocación de los bonos de fidelización del Santander, con los que los pequeños accionistas y los propietarios de deuda subordinada reciben el valor de su inversión (con quitas del 25% entre 100.000 y 500.000 euros y del 50% a partir de ahí) en un producto amortizable en siete años y con un interés anual del 1%, y siempre con el compromiso de renunciar a reclamar las pérdidas en el juzgado, arrancó de manera positiva para el banco, que en apenas dos semanas colocó la mitad de la emisión, lo que supone cerca de 500 millones más las quitas cuando la ampliación de capital de junio de 2016 fue de 2.505.

Se espera que este jueves, en la presentación de los resultados de 2016, se conozcan más datos de esa operación, sobre cuyo desarrollo declinó dar detalles un portavoz oficial de Santander.

Los resultados comerciales de los bancos implicados en la operación, por el contrario, no han sido tan buenos desde que el Gobierno decretó la absorción. Los estados financieros que publica la AEB (Asociación Española de la Banca) revelan cómo la fuga de depósitos de clientes que sufrieron el Popular y su filial gallego, el Pastor, superan el avance del Santander: 4.293 millones de salidas en los dos primeros entre los cierres de mayo y de agosto por 2.831 de crecimiento en su nuevo propietario.

Los tres retrocedieron en el apartado de créditos a particulares: 13.107 millones los dos primeros y 2.294 el tercero. Se trata de una tendencia general en la banca española, que en esos mismos tres meses se dejó 17.350, y que resulta especialmente acusada en el caso de Popular, que redujo esa parte de su negocio más de un 15% al caer de 82.290 a 69.459.

Entre créditos y depósitos, el volumen de negocio del Popular se redujo en algo más de 17.500 millones en solo tres meses: una octava parte de los dos principales segmentos de la clientela, que cayeron de 140.937 millones a 123.355.

Una decena de demandas civiles admitidas a trámite

Por otro lado, los tribunales han admitido a trámite al menos diez pleitos civiles contra Banco Popular, que ha sido emplazado por los magistrados para contestar en las próximas semanas a esas demandas, por parte de pequeños accionistas que perdieron toda su inversión con la “resolución” de la entidad a favor de Santander.

“Reclamamos el reintegro de ese dinero al banco porque tuvo una conducta engañosa con los inversores, como quedó claro cuando reformuló las cuentas después de haber cerrado la ampliación de capital”, explica Felipe Izquierdo, el abogado de los diez demandantes, que reclaman cantidades de entre 6.000 y 40.000 euros invertidas en esa operación o entre esta y la reformulación de cuentas de 2017.

Para el letrado, los paralelismos entre lo sucedido con Bankia y con Popular son evidentes a partir de la ampliación de capital de la segunda entidad en junio de 2016. “El banco preveía en el folleto en el que basaron los pequeños inversores unos resultados que en diciembre habían empeorado en casi 2.000 millones y que en abril de este año lo hacían en otros 700”, según consta en las comunicaciones remitidas por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV). El 11 de mayo, apenas un mes antes de ser traspasado al Santander, los responsables de Popular negaban que “exista un riesgo de quiebra” o que necesitara fondos ante una fuga masiva de depósitos.

“La única información de la que dispone el pequeño accionista es el folleto, no tenían medios parta conocer por sí mismos la situación real del banco”, explica el abogado, que ha presentado las demandas en juzgados de Madrid y de Barcelona. “El objetivo es que la gente recupere el dinero”, anota.

“Sea o no merecedor de reproche penal, [la gestión de Popular en esa fase] ha causado numerosos perjuicios, no solo a los accionistas como los que ahora se han querellado, sino a la sociedad y a la economía nacional en su conjunto”, señala el magistrado del Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, al admitir a trámite la primera de las cerca de treinta querellas presentadas contra los miembros de los consejos de administración de la entidad.