Casi de diez años después del inicio de la crisis financiera mundial, la Justicia estadounidense continúa procesando las demandas judiciales presentadas contra las entidades bancarias del país. Hasta la fecha, las instituciones financieras han abonado más de 150.000 millones de dólares en concepto de multas por actos delictivos que condujeron al colapso económico global, según revela un estudio del Financial Times. 

La cifra recaudada por las autoridades estadounidenses contrasta marcadamente con la conducta de las instituciones judiciales en los países europeos y, en concreto, en España, donde se ha optado por responsabilidades penales individuales de los directivos de los bancos implicados y por devoluciones de capitales a los afectados, pero las instituciones financieras rara vez se han visto obligadas a pagar penalizaciones por sus infracciones. 

La publicación de este análisis coincide con el décimo aniversario esta semana de la decisión del banco francés BNP Paribas de impedir el acceso de los inversores a fondos con exposición a hipotecas basura, alertando del riesgo de "evaporación completa de liquidez". Este acontecimiento, que ocurrió el 9 de agosto de 2007, es considerado frecuentemente el punto de partida oficial de la crisis.

Los datos recopilados por el Financial Times muestran que un sólo banco, el Bank of America, ha pagado más de un tercio de todas las restituciones a las autoridades estadounidenses. La entidad ha tenido que desembolsar un total de 56.000 millones de dólares en compensaciones por sus propias ventas de hipotecas y las acciones de dos empresas que había adquirido, la crediticia de hipotecas subprime Countrywide y la agencia Merril Lynch. JPMorgan Chase ha sido el segundo banco que más ha pagado, con 27.000 millones de dólares en multas e indemnizaciones.

Estas multas penalizan una amplia variedad de conductas delictivas llevadas a cabo por los bancos en la antesala de la crisis financiera, desde procesos defectuosos de evaluación de riesgos hipotecarios hasta subastas irregulares de valores de inversión. Sin embargo, la mayoría de las multas, un total de 89.100 millones de dólares, corresponden a operaciones en las que las instituciones bancarias engañaron a los compradores de bonos hipotecarios.