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La caída del sexto banco español Bruselas da luz verde definitiva a la venta del Popular a Banco Santander

La Comisión Europea considera que la operación "no plantea problemas de competencia"  porque las cuotas de mercado conjuntas de ambas entidades son, "por lo general, limitadas", inferiores al 25%

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Una mujer pasa por delante de sendas sucursales de Banco Santander y Banco Popular en Barcelona. REUTERS/Albert Gea

La Comisión Europea ha dado su aprobación definitiva este martes a la venta por un euro de Banco Popular a Banco Santander al concluir que la operación "no plantea problemas de competencia" en el Espacio Económico Europeo, según ha informado en un comunicado.

La resolución del Popular se desencadenó el pasado 6 de junio, cuando el Banco Central Europeo (BCE) determinó que era "una entidad inviable o con probabilidad de serlo". El Ejecutivo comunitario aprobó la mañana siguiente el plan de resolución propuesto por la Junta Única de Resolución (JUR), mediante el cual toda la actividad de Popular y sus filiales se traspasaron a Banco Santander.

La Comisión Europea ha investigado la incidencia de la operación en los mercados nacionales y regionales de servicios bancarios minoristas y empresariales, de arrendamiento financiero, de factorización y de prestación de servicios de cajero automático, tanto en España como en Portugal.

De esta forma, Bruselas ha determinado que las cuotas de mercado conjuntas de ambas entidades son, "por lo general, limitadas", inferiores al 25%, así como que "seguirá habiendo competidores fuertes en todos los mercados afectados".

El 7 de junio, el Ejecutivo comunitario dio luz verde al plan de resolución de conformidad con el reglamento sobre el Mecanismo Único de Resolución (MUR). El Santander se hizo entonces con el 100 % del Banco Popular por un euro simbólico y anunció su intención de proceder a una ampliación de capital de 7.000 millones de euros (7.891 millones de dólares) para asegurar la operación.

Si bien los titulares de cuentas y de depósitos no sufrieron merma alguna, con independencia del importe de los ahorros, los accionistas y tenedores de deuda perdieron el 100 % de la inversión, lo que abrió la puerta a numerosos procesos judiciales.