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La cara B de la austeridad: déficit, deuda y pifias abren un cráter financiero de 240.000 millones

El endeudamiento de la Administración central supera por primera vez el billón de euros tras crecer 169.000 millones en cuatro años mientras las consecuencias del rescate, la amnistía fiscal y las políticas energética y de transportes lastran unas cuentas públicas cuyo descuadre crece.

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros Luis de Guindos y Cristóbal Montoro. EFE

Las políticas austericidas del Gobierno de Mariano Rajoy, marcadas por intensos recortes del Estado del bienestar, tienen en la gestión presupuestaria una cara B que augura futuros sufrimientos para ciudadanos y contribuyentes: un elevado nivel de endeudamiento, de rango billonario por primera vez en la historia de las cuentas de la Administración central tras aumentar 169.000 millones en apenas cuatro años; un creciente descuadre de las cuentas públicas, que al año pasado rondó los 7.000 millones pese a la aparente mejora de la gestión por el cumplimiento de las exigencias de Bruselas, que en realidad se debe a la relajación de las exigencias europeas, y una retahíla de pifias (“error, descuido, paso o dicho desacertado”), especialmente gravosas en lo que se refiere al rescate bancario y a las políticas energética y de transportes, han generado un descomunal boquete de alrededor de 240.000 millones de euros.

Las cuentas del Estado se van equilibrando, cierto; pero lo hacen al mismo ritmo que se descuadran las de su Administración central. El propio Gobierno admite que el año pasado, mientras el déficit del Estado se reducía en 4.552 millones (de 55.128 a 50.576), el descuadre presupuestario del ejecutivo alcanzó los 46.115 tras incrementarse en casi 7.000: 5.115 generados por los organismos y la Seguridad Social y otros 1.854 procedentes del rescate bancario, anotado como “ayudas a instituciones financieras”.

La reducción del déficit de las administraciones procede de la gestión de los presupuestos de las comunidades autónomas, que en 2016 redujeron a menos de la mitad el descuadre del cambio de legislatura, que cayó de 18.667 a 9.155 millones de euros, y del aumento del superávit en los consistorios, que en 2016, un año después de que las candidaturas de confluencia y el PSOE comenzaran a gobernar los consistorios de las principales ciudades con apoyos mutuos, alcanzó los 7.083 tras los 5.094 del año anterior.

Los 50.576 millones de euros de déficit conjunto de las administraciones equivale a un 4,3% del PIB, casi 33.000 por encima del 2,8% que inicialmente había asignado Europa al Gobierno español para 2016 pero 3.528 por debajo del mucho más elevado listón del 4,6% que le reasignó tras constatar que en el ejercicio anterior se había pasado un punto al alcanzar el 5,1% cuando el tope era del 4,1%.

Las estimaciones del Banco de España cifran en 5.915 millones de euros el descuadre acumulado por la Administración central y la Seguridad Social en los cuatro primeros meses de este año, en los que el de las comunidades autónomas se situó en 3.321.

Deuda pública billonaria

Ocurre algo similar con la deuda pública. En los cuatro años y cuatro meses transcurridos desde el cierre de 2012, los préstamos del conjunto de las administraciones crecieron, según el Banco de España, en 225.590 millones para situarse en 1,117 billones de euros, aunque la cifra es en realidad mayor si se le añaden los 208.956 (el 18,7%, entre la sexta y la quinta parte) que suponen los créditos de unas administraciones que están en manos de otras.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas, que se ha triplicado en una década desde los 392.168 millones de euros de 2006, superó la barrera del billón de euros oficialmente en 2014, aunque, si se tienen en cuenta los préstamos entre instituciones, eso había ocurrido un año antes. El endeudamiento de la parte del Estado que gestiona el Gobierno central superó esa barrera en marzo del año pasado, al alcanzar un montante de 1.003.361 millones de euros. En abril de este año, que es el último dato disponible, ascendía a 1.012.209: se había incrementado en 168.863 millones en cuatro años y cuatro meses.

Casi dos tercios del aumento de la deuda pública española en ese periodo procede de la Administración central, mientras la de las comunidades autónomas crecía en 92.645 (de 189.183 a 281.828) y la de los ayuntamientos bajaba en 11.992 (de 44.003 a 32.011).

La gestión de las ciudades del cambio, en las que la reducción de los préstamos ha llegado a alcanzar velocidades de 160.000 euros por hora, ha resultado clave en este apartado. Esa mejora de la gestión de las cuentas públicas ha permitido que ayuntamientos como el de Zaragoza hayan logrado a adelantar en cinco años la salida del Plan de Ajuste iniciado en 2012, y cuya finalización estaba inicialmente prevista para 2022.

Costosas y variadas pifias

Sin embargo, ese descomunal nivel de endeudamiento y esa deficiente gestión de las cuentas no son los únicos factores que lastran la gestión económica de un Gobierno que, al mismo tiempo, alardea de su rigor presupuestario y se ve capaz de anunciar para dentro de tres años el final de la crisis pese al progresivo aumento de la desigualdad y la brecha social.

El ejecutivo de Mariano Rajoy acumula decisiones gravosas para las arcas públicas, entre las que destacan dos: el rescate bancario, cuyo análisis lleva al Banco de España a dar por perdidos 60.600 millones de euros, cuando otros países europeos han recuperado íntegramente los fondos destinados a reflotar bancos, y la amnistía fiscal ilegal, que permitió lavar 28.000 millones de euros y libró a los propietarios de otros 12.000 de pagar sanciones de entre 5.300 y 8.000.

Paralelamente, dos de las decisiones estrella del Gobierno de Rajoy en materia de energía ya le han costado más de 200 millones a las arcas públicas: el primero del medio centenar de laudos del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial sobre los recortes a las renovables le ha supuesto a España una condena de 128 millones de euros, cifra a la que se suman los 77 con los que el Estado debe indemnizar a Repsol, Cepsa y Disa por obligarles en 2012, en una decisión del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que optó por mantener, a vender el butano con un precio inferior al de los costes.

Paralelamente, el Supremo condenó en marzo al Ministerio de Fomento a indemnizar a la multinacional Abertis con casi 1.500 millones de euros (a pagar en 2021) por el bajo uso de la autopista AP-7 entre Tarragona y Francia.

Sanciones europeas

Por otro lado, el Estado español ha sido objeto de tres multas millonarias por parte de la UE: una de 18,9 millones por la manipulación de las cifras reales de déficit de la Comunitat Valenciana, otra de más de 46 más otro millón adicional cada seis días por la deficiente depuración de las aguas residuales de 17 municipios y, por último, la vinculada a la reforma de la estiba, que finalmente ha sido rebajada de los 24 millones iniciales a solo tres.

No parece, ni mucho menos, que vayan a ser las últimas sanciones comunitarias que reciba España, que tiene abiertos expedientes por la normativa sobre hipotecas, la escasa implicación en la acogida de refugiados o las trabas al autoconsumo de energías renovables.

Un informe hecho público esta semana por la Comisión Europea sitúa al Estado Español, con 83 procedimientos de infracción abiertos a finales de 2015 (37 se incoaron ese año), como el tercer país con más causas, solo superado por Alemania (88) e Italia (89). Más de 60 de esas infracciones, bajo investigación se deben a transposiciones incorrectas de directivas comunitarias y a “mala aplicación” del derecho de la UE.