Publicado: 20.09.2015 18:53 |Actualizado: 21.09.2015 06:00

Denuncian a Radio-Televisión gallega por fraude a la Seguridad Social

Según el sindicato CUT, la Compañía de Radio Televisión de Galicia habría falseado las nóminas del conjunto del personal, lo que supondría un fraude estimado de entre cuatro y 15 millones de euros.

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A CORUÑA.- El sindicato CUT (Central Unitaria de Trabajadores) ha denunciado a la Compañía de Radio Televisión de Galicia por "infracotizaciones en las nóminas del conjunto del personal que, según sus estimaciones, superan los cuatro millones de euros y podrían llegar a los 15 millones". Por esta razón piden el cese del director general del ente público, Alfonso Sánchez Izquierdo, y de su equipo directivo. Las irregularidades en las cotizaciones se extienden desde mayo de 2010 hasta la actualidad.

Tras las primeras denuncias, la compañía admitió que "se produjeron variaciones en las bases de cotización de algunos trabajadores

Tras las primeras denuncias, el departamento de recursos humanos de la compañía admitió en marzo que "se produjeron variaciones en las bases de cotización de algunos trabajadores. Las mismas están detectadas y en el mes de abril se procederá a la regularización de las bases de cotización, con efectos retroactivos desde enero". Sin embargo, pospusieron la decisión hasta el 26 de mayo, reconociendo de nuevo las irregularidades en una nota de la empresa: "Finalmente, se regularizarán las bases de cotización en la presente nómina del mes de mayo".

La CUT señala en su denuncia que "en ese intento de regularización no solo se omite la revisión de la infracotización producida durante los últimos cuatro años, sino que se hace a coste de las trabajadoras y trabajadores, que ven descontadas de sus nóminas la cuota obrera de los periodos infracotizados". Aseguran que, con esta práctica, se vulnera el artículo 104.2 de la Ley General de la Seguridad Social: "El empresario descontará a sus trabajadores, en el momento de hacerles efectivas sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos. Si no efectuase el descuento en su debido momento, no podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo".



Desde la compañía pública responden a este diario que "no hay actitud defraudatoria alguna en la cotización a la Seguridad Social por la CRTVG", sino "discrepancias sobre criterios de contabilización de cotizaciones, pendientes de acuerdo técnico. El importe de las diferencias, llegado el caso, tendría un alcance poco significativo".

Según el ente público, "no hay actitud defraudatoria", sino "discrepancias sobre criterios de contabilización de cotizaciones"

El origen del presunto fraude estaría en el incumplimiento del Real Decreto Ley 8/2010, que imponía las "medidas extraordinarias para la reducción del déficit público" con una rebaja salarial del 5%, pero manteniendo intactas las bases de cotización salvo en caso de subidas de sueldo. En su denuncia del pasado 14 de septiembre ante la Inspección de Trabajo, la CUT asegura que "la empresa no respeta este imperativo". En el análisis de numerosas nóminas que adjuntan en su denuncia, el sindicato asegura haber detectado un "fraude concretado en diferencias mensuales de cotización de entre 100 € y 700 € en la nómina de cada uno de los casi mil trabajadores de la empresa en los últimos cuatro años".

"La CUT", señalan en una nota informativa, "considera una vergüenza que, frente a su deber de colaboración con otras administraciones y la ejemplaridad que una empresa pública bajo supervisión parlamentaria debe dar, durante todos estos años los reiterados incumplimientos empresariales jugaran degradando y vaciando la imprescindible caja de la Seguridad Social, compromentiendo el futuro de las trabajadoras y trabajadores del ente".

El sindicato ha emprendido una ronda de contactos con los partidos políticos con representación en el Parlamento de Galicia para solicitar la reprobación del equipo directivo de CRTVG por estas prácticas. Intentan llevar a la cámara gallega "un reproche institucional de la nefasta gestión del ente y [solicitar] la colaboración política en el esclarecimiento de este asunto, demandando tolerancia cero contra las vulneraciones de los derechos laborales en las empresas públicas. La conclusión no puede ser otra que el cese del director general y de su equipo directivo como máximos responsables".