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La crisis del sexto banco español Las estaciones del viacrucis del Banco Popular

Claves del desplome de la entidad que encarnó el poder financiero del Opus Dei en España. Antes de final de mes sabrá si tiene un comprador o necesita una inyección de capital

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Varios peatones frente a una sucursal del Banco Popular en Madrid. REUTERS/Andrea Comas

El Consejo de Administración del Banco Popular, que estuvo controlado por el Opus Dei durante décadas, recurrió hace seis meses a Emilio Saracho para que enderezara su rumbo.

Sin embargo, con este curtido banquero al frente, las cosas no han ido mejor para la entidad. Su valor bursátil ha caído más del 60% en lo que va de año y los accionistas, acreedores, depositantes y empleados viven en la incertidumbre ante un futuro cada día más oscuro.

¿Por qué se ha llegado a esta situación?

En la última etapa del boom del ladrillo, la entidad se cargó de activos que lastraron su balance cuando estalló la crisis. El anterior presidente, Ángel Ron, con el apoyo del Consejo de Administración, siempre se negó a cualquier solución que conllevara una pérdida de independencia. Para reforzar el capital se efectuaron tres ampliaciones entre 2012 y 2016, por un importe total de 5.450 millones de euros.

Pero las cuentas continuaron deteriorándose y el Popular cerró el último ejercicio con 3.485 millones en pérdidas. Como consecuencia de todo ello, la capitalización bursátil cayó en un solo año nada menos que un 42%.

¿Qué se encontró Saracho cuando fue nombrado?

Por lo que se refiere a los números, y pese a las sucesivas ampliaciones, el capital de máxima calidad no pasaba del mínimo exigido a finales de 2016: un 8,17%, frente al 11% de sus competidores.

En el Consejo de Administración, además, las aguas estaban muy revueltas, ya que los principales accionistas representados en él veían evaporarse sus inversiones. Fue uno de ellos, el empresario mexicano Antonio del Valle quien tomó la iniciativa de dar un golpe de timón, que se tradujo en el relevo en la Presidencia. Emilio Saracho llegó con la aureola de profesional curtido (procedía de JP Morgan Chase, el mayor banco del mundo por activos, del que era vicepresidente) y con supuesta capacidad para recuperar la confianza de los mercados.

¿Qué ha hecho el nuevo presidente?

Sus primeras decisiones fueron anunciar que las cuentas de 2016 habían sido aun peores de lo anunciado por su predecesor y que la propia entidad financió parte de la última ampliación mediante créditos a sus clientes, lo que distorsionaba la situación real del capital. Inmediatamente después, se produjo la salida de Pedro Larena, el consejero delegado que dejó Ron, al que han seguido otros consejeros y altos cargos, entre ellos el secretario general, Francisco Aparicio, que había figurado en el núcleo duro del banco desde 2002.

El presidente de Banco Popular, Emilio Saracho, en su primera junta de accionistas. REUTERS/Juan Medina

Mientras completaba un equipo a su medida y hacía caja con la venta de algunos activos, Saracho encargó un sondeo de mercado sobre la posibilidad de proceder a una nueva ampliación, que no proporcionó resultados demasiado halagüeños. Acto seguido, JP Morgan y Lazard recibieron el mandato de buscar interesados en una operación corporativa; es decir, un eventual comprador.

¿Qué problemas entraña una ampliación de capital?

La principal de todas es la falta de respuesta del mercado, en el que el Popular ha perdido mucha credibilidad. De las ampliaciones realizadas bajo el mandato de Ron se dijo que eran suficientes para poner el banco en óptimas condiciones. Sin embargo, el tiempo demostró que no lo eran, por la magnitud de los problemas existentes. Como consecuencia de ello, los inversores que acudieron a esas ampliaciones llevan perdido mucho dinero, por no hablar de quienes ya eran accionistas antes. Una nueva ampliación, además, diluiría la participación que ahora tienen unos y otros dentro del capital, a no ser que volvieran a rascarse el bolsillo, cosa que no es fácil pedirles en las actuales circunstancias.

¿Hay compradores para el banco?

Por su tamaño, el Popular es un bocado que no todo el mundo está en condiciones de digerir. De ahí que hayan sonado como compradores tres de los grandes: Santander, BBVA y Bankia. Del primero incluso se sabe que ha solicitado el asesoramiento de Citi para elaborar una oferta.

Pero el problema, a día de hoy, no es tanto el tamaño del Popular como su situación real y, en concreto, los agujeros ocultos que todavía pudiera tener. Hay, además, un riesgo añadido: la posibilidad de una avalancha de demandas judiciales contra la entidad por no haber contado toda la verdad sobre su estado cuando procedió a las ampliaciones de capital. Algo similar, en definitiva, a lo sucedido con la salida a Bolsa de Bankia.

¿Entonces qué va a pasar?

Es difícil saberlo, pero Saracho y su consejero delegado, Ignacio Sánchez-Asiaín, tenían programada este martes una reunión con los responsables del Banco Central Europeo (aunque algunos medios han apuntado que el viaje a Fráncfort se habría cancelado a  última hora). El banco ha pasado una semana terrible, pues en pocos días se ha dejado prácticamente la mitad de su valor, en medio de todo tipo de rumores acerca de su futuro. El Consejo de Administración tampoco las tiene todas consigo, como se ha demostrado con la renuncia a seguir en él de uno de los principales accionistas, Credit Mutuel. Una situación, por lo tanto, que en nada mejora la que se encontró Saracho cuando tomó posesión a primeros de año. Más bien al contrario, porque el tiempo ahora apremia más.

¿Pueden tener esperanzas los accionistas?

De recuperar a corto plazo sus inversiones, ninguna. Lo más seguro es que se les pidan nuevos sacrificios dentro lo que se denomina un "rescate interno". Ese mecanismo puede incluir una reducción del nominal de las acciones, después cubrir las provisiones necesarias con cargo al capital y las reservas. El siguiente paso consistiría en transformar en capital los bonos convertibles y canjeables y los bonos subordinados. Y, sólo en última instancia, habría quitas en los depósitos superiores a los cien mil euros. Esta medida, por traumática, es improbable, aunque no imposible, y dependerá de si en el salvamento se utiliza dinero público, cosa que en el caso del Popular no puede descartarse.