@JairoExtre

MADRID.- Al Gobierno no le interesa la formación de los trabajadores. Es la conclusión que podría extraerse del destino de los fondos presupuestados para la formación profesional que gestiona directamente el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem.

Más de 420 millones de euros presupuestados para este fin han regresado a las arcas del Estado en 2015 y 2016 sin que sean empleados en su objetivo, aumentar las habilidades y competencias de los trabajadores, según denuncia CCOO. Se trata de una partida presupuestaria que financian los propios asalariados a través de las cotizaciones a la Seguridad Social, pero que no ha encontrado destino.

En 2015 se debió a la falta de convocatoria tras la reforma de la ley, que sacaba a los sindicatos y a los empresarios de la gestión de la formación profesional. Fueron 172 millones destinados a formación de personas ocupadas que no se ejecutaron. En 2016, aunque sí hubo convocatoria, el Ministerio de Empleo no fue capaz de utilizar los fondos asignados y el día 15 de diciembre se cerró el plazo sin que se aprobaran los fondos. 202,5 millones de euros sin ejecutar y cuyo gasto se trasladará a los presupuestos de 2017.

Estas son las partidas más importantes para formación que el SEPE ha desdeñado y con las que se podría haber financiado la formación de más de medio millón de empleados, un 3% de la población activa, según CCOO. También ha vuelto a las arcas públicas las subvenciones de los planes de formación de empleados públicos de la Administración General del Estado, universidades públicas y de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, por valor de casi siete millones. 1,8 millones destinados a las políticas activas de empleo en Ceuta y Melilla tampoco han sido utilizados.

CCOO critica la "incapacidad y la mala gestión" del SEPE en estas partidas y recuerda que ese dinero que permanece aparentemente inmóvil en las cuentas pública es "de los trabajadores y de las empresas" y que debe "ser utilizado para lo que fue recaudado, la formación".

Por eso, el sindicato se ha sumado a la queja elevada a la Defensora del Pueblo por la patronal catalana CECOT en la que piden que se reanude las investigaciones en el uso de los fondos para FP con anterioridad a 2015 por parte del Gobierno. También exigen que el Estado reponga la parte proporcional de los fondos utilizados para otros fines no incluidos en el sistema de formación profesional para el empleo entre 2012-2015 y aprecian una vulneración del reglamento y de las sentencias del del Tribunal Constitucional, al entender que no se garantizaba con eficacia la finalidad de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social.