La deuda del sistema eléctrico español terminó el ejercicio 2019 en 16.602 millones de euros, un 11,93% menos que en 2018, según el informe publicado este martes por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

Según informó el organismo, desde 2000 y hasta 2013, los ingresos del sistema eléctrico español fueron insuficientes para cubrir sus costes y al cierre de 2019 dicha deuda ascendió a 16.602 millones.

No obstante, en 2014 el sistema registró por primera vez un superávit por importe de 550,3 millones. Esta situación se ha repetido durante 2015, 2016, 2017 y 2018, si bien cada año en menor cuantía. El superávit agregado que se ha generado desde 2014 hasta 2018 es de 1.687,5 millones euros. Según la CNMC, el déficit pendiente de 2005 (291,4 millones) quedará definitivamente liquidado con la anualidad de 2020.

Competencia explicó que en la actualidad existen cuatro categorías de derechos de cobro de la deuda del sistema eléctrico: el Déficit 2005, los derechos de cobro de los adjudicatarios de la segunda subasta del Déficit Ex ante, los derechos de cobro del Déficit 2013 y los derechos de cobro del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE).

El derecho de cobro asociado a FADE representa el 82,8% del importe total pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2019.

Por tipología de tenedores de derechos de cobro del sistema eléctrico, el 82,8% de los derechos de cobro del sistema eléctrico corresponde al FADE.

En términos absolutos, los intereses de la deuda estimados para 2020 ascienden a 397,7 millones de euros (casi 200 millones menos que los intereses abonados en 2018).

Por otra parte, del importe del superávit generado desde 2014 se han utilizado 649,8 millones euros. Actualmente, existe un saldo en la cuenta específica de depósito del superávit de 1.037,7 millones más los intereses generados.

De acuerdo con la Ley 3/2017, diversas órdenes ministeriales determinaron que parte del superávit se destinara a devolver las cantidades financiadas por las sociedades o grupos de sociedades en concepto de bono social en ejecución de diversas sentencias anulatorias del Tribunal Supremo. Concretamente, los importes de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 por un total de 518,5 millones de euros.

Igualmente, de acuerdo con la normativa, se ha dedicado 120 millones de euros para ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía a partir de fuentes renovables en territorios no peninsulares.

Finalmente, la Orden de 2018 que ejecuta diversos pronunciamientos judiciales determinó el pago con cargo al superávit de 11,3 millones por la denegación del abono del complemento de eficiencia a plantas de tratamiento de purines.