BARCELONA.- 22 de noviembre, Barcelona. Personalidades de referencia mundial en la lucha contra la deudocracia en Europa se reunieron ayer en Barcelona para reclamar implicación ciudadana en una apuesta común por combatir la deuda en los países en crisis, durante la última jornada del Proyecto Común de la Deuda para Europa organizada por ODG y PACD.

Éric Toussaint, del Comité para la Abolición de la Deuda en el Tercer Mundo (CADMT), y Zoe Konstantopoulou, ex presidenta del Parlamento griego, insistieron en la necesidad de la conciencia y presión ciudadana para que las auditorias de la deuda tengan éxito una vez hayan sido lanzadas por los poderes públicos. “Si no se mantiene una presión desde abajo hacia los gobernantes, la coacción de los poderes neoliberales sobre las fuerzas de la izquierda institucional puede acabar dominándolas”, advirtió Toussaint.

El politólogo belga es miembro del comité por la verdad sobre la deuda griega, lanzado en abril de 2015 por la responsable saliente del parlamento heleno, el primero creado por un parlamento europeo y cuyos informes públicos constatan que la deuda en Grecia es “ilegítima, ilegal, odiosa e insostenible”.

“La deuda griega no fue cancelada para proteger a los bancos franceses y alemanes, para que no perdieran dinero”

Konstantopoulou se lamentó de que, después del acuerdo entre el gobierno de Tsipras y la Troika el pasado mes de julio, se pretende silenciar y eliminar el trabajo del comité, el único que ha alumbrado los opacos y abusivos reclamos de la deuda griega. “La deuda griega no fue cancelada para proteger a los bancos franceses y alemanes, para que no perdieran dinero”, defendió. Por ello, insistió en que necesitan un “apoyo ciudadano extremo” para continuar con las denuncias del comité y avanzar hacia “un movimiento europeo para impugnar la deuda”.

Los ediles municipales de Madrid y Barcelona, Carlos Sánchez Mato y Gerardo Pisarello, se sumaron a las peticiones de más movilización ciudadana para combatir la deuda desde sus cargos públicos. Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, recordó que la primera medida del gobierno municipal fue el inicio de una auditoria ciudadana de la deuda. A diferencia de la imposibilidad del pago como en Grecia, en la capital se encontraron con que era un “despropósito social el destinar 1 de cada 3 euros de ingresos al pago de la deuda”. “Hemos reducido la carga de la deuda para tener más gasto social. De 1.200 millones de euros se pagarán 700 millones en deuda a partir de 2016”, detalló.

La intención del consistorio madrileño es lanzar una auditoria con funcionarios municipales, pero que cuente con legitimidad ciudadana. “Por mucho que los casos de corrupción del PP nos hayan ayudado a aprobar este tipo de medidas, es fundamental un proceso de conciencia ciudadana y de implicación política que genere un cambio normativo”, sentenció Sánchez Mato.

El teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, indicó que Barcelona no tiene un problema de deuda, pero sí de exceso de superávit. “Nuestro reto es cómo colocar el superávit al servicio de la ciudadanía y superar los límites de la ley Montoro -que obliga a mantener el exceso de gasto”. En este sentido, una de las medidas del ayuntamiento barcelonés, como recordó Pisarello, fue liberar más de 100 millones del pago de la deuda hacia gasto social. Y acabó reclamando “más apoyo ciudadano para neutralizar los poderes de las grandes corporaciones que presionan al ayuntamiento”.