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Díaz Ferrán, a sus clientes, con la tarjeta black: "¡Invita Caja Madrid!"

Arturo Fernández, que gastó 10.500 euros en sus propios restaurantes, ha declarado que "eran gastos de representación".

MADRID.-Gerardo Díaz Ferrán, exconsejero de la entidad y actualmente en prisión por el caso Marsans, se ha sentado en el banquillo de los acusados de la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares en la sexta sesión de la vista oral por las tarjetas black.

El expresidente de la CEOE ha relatado que el secretario general le entregó la tarjeta para los gastos correspondientes al puesto que ocupaba. Tenía un límite mensual de 3.000 euros al mes. "De los seis años que he  estado de consejero, he estado cuatro años y medio sin usarla", ha recalcado.

Como el resto de sus compañeros de banquillo, ha negado algunos de los gastos que aparecen en la hoja de cálculo Excel entregada por Bankia. "Tampoco ha gastado los 6.000 euros finales que aparece en la lista, hoja que, por cierto, es errónea".

Debido a la crisis, ha explicado Díaz Ferrán, Caja Madrid profundizó la cuestión empresarial. Por ello, el exconsejero se reunía con los empresarios en los restaurantes de su cuñado Antonio Fernández para "ganar clientes". "Como era un favor a la entidad, obviamente lo pagaba con las tarjetas", ha añadido.

También, ha detallado que se reunía con 15 o 20 personas cada vez que acudía a los restaurantes de Cantoblanco y les decía: "Os invita Caja Madrid".

El empresario turístico ha afirmado que son gastos de representación y que, como el resto, no tenía acceso a los extractos.

La Audiencia Nacional le condenó el pasado febrero a dos años de prisión por apropiarse de 4,4 millones de euros de sus clientes de Viajes Marsans. Previamente, fue condenado por el vaciamiento de la compañía a cinco años y medio de cárcel y a otros dos años y dos meses por defraudar a Hacienda en la compra de Air Comet, la empresa aérea argentina.

El Ministerio Público pide una pena de cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 300 euros por apropiación indebida continuada. Gasto en tarjetas: 99.000 euros

Arturo Fernández: "Son gastos de representación"

El empresario Arturo Fernández, cuñado de Gerardo Díaz Ferrán y compañero de colegio de Esperanza Aguirre, ha declarado después de Alberto Recarte, Rodolfo Benito Valenciano  y  José María Arteta Vico. A petición de su letrado y por problemas de agenda, el tribunal ha adelantado su declaración en la vista oral de este jueves.

Sostiene que la tarjeta se la entregó el vicepresidente José Manuel Fernández Norniella diciéndole que era para gastos personales y que fiscalmente no tenía que justificar nada porque la entidad se ocupaba de ello. Disponía de 25.000 euros años, cantidad que ha asegurado le sobraba. Además, pensaba que el plástico opaco era completamente “transparente”, ya que creía que la tenían todos y era de domino público que las utilizaban.

El exconsejero de Caja Madrid no tenía acceso a los extractos, ya que había que llamar a una secretaria para consultarlos, pero nunca lo hizo. "Tuve una sola tarjeta", ha matizado con respecto a la declaración anterior.

El expresidente electo de los empresarios de Madrid encontró un método para financiarse: pasar la tarjeta en sus propios restaurantes Cantoblanco o en su concesión del Teatro Real. En ellos cargó casi 10.500 euros, en ocasiones el mismo día y hora a la vez.

Sobre esta última cuestión, el que fuera presidente de la Cámara de Comercio ha defendido que Díaz Ferrán, un cliente "de toda la vida, que consumía en la cadena", hacía "muchas reuniones de trabajo", y ha explicado que éste entregaba a cuenta de su facturación unas cantidades fijas que luego se liquidaban.

Una "práctica habitual", ha indicado el que fuera presidente de la patronal madrileña CEIM, ya que Díaz Ferrán, que durante algunos instantes se ha ausentado de la sesión para poder desayunar, "era un magnífico cliente, y por suerte para mi consumía en mis restaurantes". Además, ha justificado los gastos en sus restaurantes como gastos de representación.

La Fiscalía le acusa de apropiación indebida, por lo que se enfrenta a una pena de un año y seis meses de prisión e inhabilitación especial. Gastó 38.800 euros, de los cuales ha devuelto 37.300 euros.

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