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Doce casos prácticos de independencia: ¿Cómo se organiza un nuevo Estado?

La hipotética declaración de independencia de un territorio segregado de un Estado miembro de la UE genera un sinfín de interrogantes sobre la práctica de actos cotidianos al decaer las obligaciones comunitarias en materia de consumo

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Una pegatina a favor del derecho a decidir junto a un cajero automático del Banco Sabadell en Barcelona. REUTERS

Un Estado no se organiza de un día para otro. Necesita, además de una estructura administrativa y un sistema legal, junto con medios para clave para mantenerlos como una policía y un sistema judicial propios, el reconocimiento de otros estados y organismos internacionales (la UE y la ONU en el caso europeo) y, obviamente, algún tiempo para ir tomando forma.

En el caso de Catalunya, la suspendida Llei de Transitorietat establece que “se continúan aplicando” en su territorio las “normas locales, autonómicas y estatales vigentes”, así como “las normas del derecho de la UE, el derecho Internacional y los tratados internacionales” (sin consultar a sus firmantes) y, también, las “autorizaciones, licencias, concesiones, certificaciones, evaluaciones, titulaciones, acreditaciones, permisos y el resto de actos administrativos” vigentes para garantizar la “subrogación sin solución de continuidad” del Estado español.

Esa redacción abre la puerta a pleitos monumentales como, por ejemplo, aventurar qué consumidores (los españoles o los catalanes) y en qué proporción asumirán en sus recibos mensuales durante las próximas décadas la indemnización de 1.350 millones de euros a ACS por el fallido almacén de gas Castor, ubicado en el Mediterráneo a caballo entre Tarragona y Castellón.

Una declaración de independencia como la que prevén aplicar la Generalitat, Junt pel Sí y la CUP genera también dudas sobre cómo pasarían a resolverse numerosos aspectos básicos del día a día de los ciudadanos, ya que la aplicación de la normativa comunitaria sobre consumo pasaría a ser una decisión voluntaria de las administraciones y empresas de otros países. Estos son algunos de esos supuestos cotidianos:

¿Qué pasaría con el IVA y el IRPF?

La Generalitat ha creado una agencia tributaria, suspendida por el Constitucional y que carece de acuerdos con la española. Eso colocaría a autónomos y empresarios ante una disyuntiva para cuya resolución no tendrían más de diez días: ¿dónde ingresar el IVA del tercer trimestre, cuyo plazo de liquidación termina el 20 de octubre? Otra pregunta sin respuesta sería, a día de hoy, qué ocurriría con las retenciones del IRPF de los nueve primeros meses del año, recaudadas por Hacienda para liquidarlas entre abril y junio del año que viene.

¿Qué ocurre con las pensiones?

Ese es un debate abierto en toda Europa. La cotización durante años no garantiza la cuantía ni la duración de una pensión en el sistema español, que los partidarios de la independencia optarían por mantener al menos inicialmente, al no ser de previsión ni de capitalización y cobrar los pensionistas en función del dinero disponible en el fondo estatal. La sostenibilidad de esos sistemas depende básicamente del mercado laboral (aportaciones), de la pirámide de población (pagas de jubilación) y de la amplitud de la protección social (bajas, salarios sociales, etcétera).

Un estudio de la Generalitat cifra en algo más de 1.300 millones de euros (un 7,2% del total) el déficit de la Seguridad Social en Catalunya, mientras que el porcentaje de población sobre el total del censo es del 16% y la tasa de ocupación alcanza el 70% (seis puntos por encima de la media estatal), por lo que sostienen que, pese al actual déficit de 772 millones anuales en la parte contributiva, un sistema de protección propio sería sostenible en dos años. El Gobierno central, según publicó el diario Expansión, mantiene lo contrario y eleva a 4.692 millones el déficit que habría generado el sistema en un territorio independiente en 2016, al que añade otros 800 millones por la pérdida de empleo que considera que generaría la segregación.

¿Y qué pasaría pagaría la deuda pública?

Otro de los temas económicos para los que no hay una respuesta clara. La deuda pública de la Generalitat ascendía a junio de 2017 a 76.727 millones de euros, tres cuartas partes de los cuales (52.499) se los debe a la Administración central, mientras bancos españoles y extranjeros tienen pendientes de cobro, respectivamente, 8.175 y 6.108. Otros 4.366 están en manos de administraciones y 5.669 son de particulares, vía bonos. Las condiciones de liquidación de esas deudas, que ascienden a 10.311 euros por habitante, serían, o no, según el caso, negociables con los acreedores.

Algunos economistas plantean que, en caso de ruptura, Catalunya debería asumir también el pago del 18,9% de la deuda pública española (1,118 billones en 2016), ya que ese es su porcentaje del PIB estatal. Los 211.400 millones que supone esa cifra equivalen, prácticamente, al Producto Interior Bruto catalán, que el año pasado ascendió a 211.915, y situarían la cifra pendiente de pago en 288.127; es decir, en 38.720 euros por ciudadano.

Las discrepancias en conceptos como el déficit fiscal, en el que Hacienda admite que invierte y gasta en Catalunya 9.900 millones menos de los que recauda al cabo del año mientras la Generalitat sitúa esa cifra por encima de los 14.600, dificultan más, si cabe, la posibilidad de un cálculo asumible por ambas partes.

¿Hay riesgo de desabastecimiento?

Esa respuesta corresponde también al ámbito empresarial. Concretamente, a los proveedores de mercancías que operan en el mercado catalán desde otras zonas de España y desde otros países. Se trataría de conjugar oferta y demanda con las garantías de cobro para el proveedor.

¿Qué pasa con Schengen, hará falta pasaporte?

Es una de las incógnitas en torno al procés que no estarían en manos del Gobierno español ni de un eventual ejecutivo catalán. Catalunya dejaría de formar parte del territorio Schengen, pero la decisión de recuperar o no la frontera sería una decisión de Francia y/o la UE. Por el lado catalán, el expresident Artur Mas daba por hecha hace unos días la imposibilidad de controlar su zona, algo que requiere más de una docena de garitas en carreteras como la N-230. ¿Y para ir en barco o avión? La decisión quedaría, como en el caso anterior, en manos del país de destino cuando se tratara de rutas internacionales, mientras que serían las compañías aéreas y navieras quienes deciden en qué puertos y aeropuertos operan.

¿A quién se le pagaría el recibo de la luz?

En principio, a la misma empresa comercializadora que ahora y por el mismo precio. Otra cosa es saber qué ocurriría a medio plazo, al quedar los contratos en precario salvo que las autoridades de la eventual Catalunya independiente fueran adoptando las resoluciones del regulador español. El precio de la electricidad para mayoristas es el mismo en España y Portugal, por lo que no parece que tuviera que cambiar en el resto de la península ibérica, mientras cada país regula la venta minorista a los consumidores. En el precio, en cualquier caso, habría que incluir los costes de mantenimiento de la red de distribución, ahora estatal en manos de REE.

¿Habría peajes?

Sí. Tantos como ahora, ya que las intenciones expresadas por la mayoría parlamentaria conllevarían la vigencia de las concesiones de las autopistas y de las condiciones de explotación.

¿Qué pasaría con las multas de tráfico pendientes?

En principio, al Estado español le resultaría imposible recaudar sanciones de los ciudadanos de un Estado con el que no tiene un tratado ni un acuerdo de otro tipo para hacerlas efectivas. La contrapartida estaría en la inmovilización del coche con el que se ha cometido la infracción en caso de ser localizado en España hasta que la multa sea saldada. La situación se daría en ambos sentidos.

¿Y con mi cláusula suelo?

Los promotores del procés no incluyeron en sus planteamientos la vigencia de las jurisprudencias comunitaria y española en caso de una hipotética independencia, lo que supone que las cláusulas abusivas que no han sido reconocidas como tales dejan de estar bajo el paraguas de las sentencias del Supremo y del Tribunal de Justicia de la UE. Es decir, que el banco podría seguir aplicándolas y cobrando por ellas en territorio catalán.

¿Cobraría la subvención comunitaria de mis campos?

Este año, sí; al menos la mayor parte. El Gobierno central ha asumido su gestión al intervenir de hecho las cuentas de la Generalitat y ha anunciado que, en principio, pagará el 70% de esas ayudas el 16 de octubre. En 2018 esas subvenciones dejarían de llegar a los agricultores de una eventual Catalunya independiente al no formar parte de la UE, aunque la consellera del ramo, Meritxell Serret, sostiene que Europa está obligada a mantenerlas hasta 2020 al menos.

¿Subiría el teléfono?

Eso sería una de las consecuencias más probables de una segregación territorial, por varios motivos: la imposición de las compañías de suprimir el ‘roaming’ solo opera en territorio comunitario, Movistar tiene la obligación de ceder su red básica a bajo coste a las empresas de telefonía solo para operar en España y las llamadas entre lo que hoy es la comunidad catalana y el resto del Estado español pasarían a ser internacionales, con su consiguiente encarecimiento por parte de los operadpres. ¿Podría esa situación presionar a favor de la deslocalización de empresas catalanas que desarrollan en el resto del Estado una parte importante de sus acciones comerciales? No sería descartable, especialmente en lo que se refiere a las sedes operativas.

La lavadora nueva se ha estropeado

Un ciudadano del Estado catalán podría exigirle al fabricante el cumplimiento de la garantía, aunque, al pasar Catalunya a ser un territorio extracomunitario, su reconocimiento y la asunción de la reparación dependería de la buena voluntad del fabricante, que dejaría de estar obligado por las normas europeas en aplicación del principio de territorialidad.