Publicado: 14.11.2016 18:22 |Actualizado: 14.11.2016 18:22

Podemos exige responsabilidades al Gobierno por el "nefasto negocio" de las autopistas radiales

La formación morada achaca la quiebra de las empresas adjudicatarias al "nefasto diseño inicial" por parte del PP en 1997 y a las previsiones de tráfico realizadas por las empresas "absolutamente fuera de la realidad"

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Autopista Radial R-4 de Ferrovial y Sacyr. / EUROPA PRESS

Autopista Radial R-4 de Ferrovial y Sacyr. / EUROPA PRESS

MADRID.- Unidos Podemos quiere saber el plan que maneja el Gobierno para rescatar a las concesionarias de las autopistas radiales y cómo dirimirá responsabilidades políticas tras "el nefasto negocio" que ha supuesto esta adjudicación, después de conocer que el Estado asumirá gran parte de los costes de esta quiebra.

En una batería de preguntas registrada en el Congreso que recoge Europa Press, el diputado de Podemos Sergio Pascual inquiere al Gobierno por las medidas que maneja el Gobierno a este respecto y el coste que supondrá para los ciudadanos este rescate.



La formación morada se refiere a las radiales de peaje R-2, R-3, R-4, R-5, las autopistas de Cartagena-Vera (AP-7), Madrid-Toledo (AP-41), Ocaña-La Roda (AP-36) y el tramo de peaje entre Madrid y el aeropuerto de Barajas (M-12).

En el contrato de adjudicación de todas ellas, denuncian, se asumía que en caso de liquidación el Estado respondería al coste de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que en el caso de las ocho infraestructuras citadas supondría unos 4.500 millones de euros.

Cláusulas "totalmente abusivas"

Para la formación morada estas cláusulas son "totalmente abusivas para el interés general", pues siguen "la lógica neoliberal de buscar el beneficio empresarial a cualquier precio, privatizarlo y socializar las pérdidas".

Entre las empresas que se beneficiarán del rescate se encuentran, en el caso de las radiales de acceso a Madrid R-3 y R-5 --cuyo rescate el diario 'El Mundo' cuantificaba este lunes en unos 1.000 millones de euros-- Podemos cita a Abertis (35% de la sociedad concesionaria), Sacyr (25%), Bankia y ACS (20% cada una).

ACS y Abertis también participan en un 50% y 25% respectivamente de Ciralsa, sociedad adjudicataria de la vía de circunvalación de Alicante (AP-7). El 25% restante de la empresa pertenece a Globalvia.

Indicador kilométrico en la autopista radial R-3 de Madrid. REUTERS

Indicador kilométrico en la autopista radial R-3 de Madrid. REUTERS

Previsiones de tráfico erróneas y sobrecoste en las expropiaciones

Podemos achaca la quiebra de las empresas adjudicatarias al "nefasto diseño inicial" por parte del Gobierno del PP en 1997 y a las previsiones de tráfico realizadas por las empresas "absolutamente fuera de la realidad".

Asimismo, también mencionan el "lastre impagable" que supuso el aumento de los iniciales costes de expropiación, que encarecieron la operación para el Estado en unos 2.000 millones.

La formación morada tampoco olvida la falta de medidas por parte de los Gobiernos posteriores, incluido el del PSOE, al que acusa de haber tenido un "silencio cómplice". Todo ello, lamenta Podemos, provocó que el problema adquiriera "dimensiones descomunales".

El tráfico, en efecto, no fue el esperado, y ha desencadenado en una quiebra en las empresas, sumidas en procesos concursales que, ante la falta de acuerdo entre el Ministerio de Fomento y las sociedades, se haya producido "una cascada de liquidaciones".

Un plan de rescate en funciones

Podemos denuncia que el plan del Gobierno para evitar el cierre de las autopistas pase porque el Estado asuma la gestión de las infraestructuras tras aplicar, una quita del 50% de la deuda que soportan. En este sentido, critican que haya sido el ministro en funciones Rafael Català el que, "tomando unas decisiones que no le corresponden", haya presentado un plan de rescate "después del fracaso de su antecesora" (en referencia a Ana Pastor) en llegar a un acuerdo.

"Una vez más, el Gobierno del PP olvida el rescate de las personas pero asume el rescate de las grandes empresas y de los bancos que se meten en negocios ruinosos", denuncia Pascual, que alude también a la "nefasta planificación" del almacén de gas Castor --que provoca una indemnización de 4.700 millones más los intereses por parar las instalaciones, critican-- y los accesos ferroviarios con Francia, donde está también inmersa ACS.

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