Publicado: 27.09.2016 11:57 |Actualizado: 27.09.2016 17:45

El fiscal de las 'black': "Los acusados han intentado sacar agua de las rocas"

Las tarjetas se quedaban cortas y las peticiones para elevar el límite del gasto era continuas, según un informe de Bankia. El ministerio público rechaza suspender el juicio y que se haya vulnerado el derecho a la intimidad de los 65 procesados

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Un hombre protesta a las puertas de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde prosigue el juicio contra los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y otros 63 usuarios de las tarjetas black. EFE/Emilio Naranjo

Un hombre protesta a las puertas de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde prosigue el juicio contra los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y otros 63 usuarios de las tarjetas black. EFE/Emilio Naranjo

SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID). - El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón ha rechazado este martes los motivos planteados por las defensas de los 65 acusados por el uso de tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid para intentar parar el juicio que se celebra en su contra. "Han intentado sacar agua de las rocas y la poca que ha salido no es potable", ha dicho.

En su primera intervención ante el tribunal que juzga a los exconsejeros y altos cargos de la caja madrileña, Luzón ha alabado la "habilidad" de los letrados de las defensas para anular o impugnar pruebas básicas para la vista oral. "Está a la vista la experiencia y la alta cualificación de todos ellos", ha dicho.



En cuanto a los nuevos correos electrónicos aportados por Bankia y en los que se hace referencia a la gestión de las tarjetas, el representante del Ministerio Público ha defendido la conveniencia de que se acepte su presentación.

En su opinión, los emails no atentan contra el derecho a la intimidad de los titulares de las tarjetas black ya que son mensajes almacenados en el servidor de Caja Madrid y, por tanto, no revisten carácter personal.

Luzón también se ha referido al informe pericial sobre el uso de los plásticos que ha aportado la entidad y ha coincidido con las partes en que se trata de una "pseupericia" y como tal debe ser tratada.

Los límites de gastos se quedaban cortos

Un informe aportado por Bankia en el juicio contra los usuarios de tarjetas opacas desvela que los límites de gasto de éstas se quedaban cortos, y que las peticiones para elevar los umbrales de gasto mensual eran continuos.

Se trata de una serie de correos electrónicos, intercambiados entre departamentos internos de control de tarjetas, y al que de forma recurrente se dirigía el ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, que era el que gestionaba las solicitudes, además de pedir más capacidad de gasto también para sí mismo.

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, a su llegada a sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde prosigue el juicio por el uso de tarjetas opacas al fisco por parte de la cúpula de Caja Madrid y de la entidad rescatada.

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, a su llegada a sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde prosigue el juicio por el uso de tarjetas opacas al fisco por parte de la cúpula de Caja Madrid y de la entidad rescatada. EFE/Emilio Naranjo

Cada titular de una de estas tarjetas contaba con un límite de gasto mensual propio que oscilaba entre 3.000 y 8.000 euros, y que en determinadas épocas del año, particularmente en Navidad y durante el mes de agosto, resultaban insuficientes.

Entre los que más a menudo pidieron ampliar el límite de gasto de su tarjeta destacan Matías Amat, mano derecha del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, y Mercedes de la Merced, concejala del Ayuntamiento de Madrid ya fallecida. El que sí se sienta en el banquillo para responder sobre el uso de estas tarjetas es Matías Amat, que en agosto de 2006 pidió que el límite de su tarjeta pasara de 40.000 a 60.000 euros, y dos años después, en enero de 2008, solicitó una ampliación de gasto de hasta 35.500 euros.

En todos los casos las peticiones fueron atendidas, y en los correos electrónicos figuran también incidencias, problemas para operar, extravío y robo, lo normal cuando se gestionan tarjetas de crédito, o reclamaciones sobre bloqueo de las tarjetas porque se quedaban sin saldo, y de ahí la necesidad de ampliarlo.

La presidenta del tribunal de las tajetas black en la Audiencia Nacional, Angela Murillo. EFE/Chema Moya

El exconsejero Mariano Pérez Claver pidió elevar el límite mensual de su tarjeta hasta 30.000 euros en enero de 2006; un año después, en 2007, solicitó un aumento de 9.000 euros, que sumados a los 18.000 que ya tenía autorizados situaban el umbral de gasto en 27.000 euros.

El que fuera director general de Banca Comercial de Caja Madrid Ramón Ferraz Ricarte pidió en diciembre de 2006 poder desembolsar 1.000 euros diarios con la tarjeta, petición que fue atendida.

Y el propio expresidente de la entidad Miguel Blesa pidió por el mismo conducto, con la mediación de Sánchez Barcoj, subir hasta 24.000 euros el gasto con su tarjeta durante los meses de abril y mayo de 2006.

La documentación aportada por Bankia, entregada el pasado viernes, antes de que comenzara el juicio, ha recibido el rechazo frontal de las defensas, que en la exposición de las cuestiones previas han pedido que no sea tenida en cuenta, pues causa indefensión a los acusados.

Y también el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha referido al contenido de estos correos, que hubiera querido conocer con anterioridad.

Entre estos documentos figura también la petición, en febrero de 2012, por parte del entonces director general de Operaciones y Procesos de Bankia, para que se emitieran tarjetas Business a nombre del que fuera presidente de la entidad Rodrigo Rato, de su mano derecha y ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, del exconsejero y exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella y del consejero delegado, Francisco Verdú -que nunca hizo uso de ella y que declarará en el juicio como testigo-.

Dichas tarjetas, con un límite mensual de 12.000 euros, fueron anuladas el 9 de mayo de ese mismo año.