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Puertos en pie de guerra Fomento pide a los grupos políticos que "faciliten" la reforma de los estibadores

El Consejo de Ministros aprueba el decreto ley que modifica la gestión en los puertos que establece un periodo de tres años para que desaparezcan las actuales sociedades de estiba. De la Serna dice hay un plan para garantizar el abastecimiento ante la eventual huelga del sector

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (d), con el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo (i), durante la rueda de prensa que han ofrecido tras la reunión del Consejo de Ministros. EFE/Sergio Barrenechea

AGENCIAS

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios del Congreso para que "faciliten" la aprobación del decreto ley de reforma de la estiba portuaria, así como la consecución de un acuerdo entre la patronal y los sindicatos de estibadores. No se entenería que no se facilitara por parte de los grupos que se aprobara la ley para cumplir con una sentencia de la UE", indicó el ministro en relación al plazo de un mes con que el Gobierno cuenta ahora para lograr apoyos suficientes entre los grupos parlamentarios para convalidar en el Congreso la reforma de este sector.

El ministro también reclamó la "ayuda" de las formaciones poíticas para "favorecer" el diálogo que mantienen patronal y sindicatos del sector sobre determinados aspectos de la reforma en el marco de la negociación colectiva.

Así, demandó que contribuyan a que exista un "clima de diálogo sereno y tranquilo entre las partes, que más fácil será cuanto menos ruido político haya", indicó De la Serna en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la reforma, contra la que los sindicatos tienen convocado un calendario de tres semanas de huelga en los puertos a partir del próximo 6 de marzo.

El ministro de Fomento llamó a patronal y sindicatos de estibadores que "intensifiquen en los próximos días" las negociaciones que mantienen sobre la reforma del sector aprobada este viernes por el Gobierno, dado su "convencimiento" de que pueden lograr un acuerdo.

El ministro de Fomento insistió en que en este ámbito de la negociación colectiva abierta entre sindicatos y patronal es donde se pueden acordar aspectos relacionados con el mantenimiento del empleo y las condiciones laborales que reclaman los trabajadores y que no tienen cabida en la ley porque no lo permite la Comisión Europea.

Multa diaria

El decreto ley, que busca evitar que el Tribunal de Justicia de la UE imponga una multa a España, establece un periodo de tres años para que desaparezcan las sociedades de gestión de estibadores portuarios, las Sagep, de las que dependen todo el colectivo de 6.150 estibadores que trabajan en los puertos y controlan su contratación por parte de las empresas que operan en los las instalaciones portuarias.

Según Bruselas, este modelo contradice dos normas comunitarias, el libre establecimiento de las empresas y la libra contratación, por lo que condenó a España a finales de 2014 por las restricciones a la competencia en el sector de la estiba e impuso una multa diaria de cerca de 28.000 euros hasta que se produjese la liberalización.

De la Serna dijo que esta sanción, que suma ya 21,5 millones de euros a lo largo de los últimos dos años, se elevará en breve a más de 134.000 euros al día. "Estoy convencido de que ningún grupo parlamentario quiere que se vayan acumulando los millones de euros como deuda del Gobierno de España", insistió el ministro.

Imagen del puerto de Tarragona. EUROPA PRESS

Imagen del puerto de Tarragona. EUROPA PRESS

De la Serna insistió en que el decreto ley se ajusta estrictamente a la sentencia condenatoria del Tribunal de Luxemburgo (TJUE) de diciembre de 2014, que exige liberar el sector, el único en España donde no existe la libre contratación de los trabajadores, y  reiteró que "ha flexibilizado al máximo a favor de los trabajadores el texto hasta el límite de lo que permite la UE".

Para eliminar las restricciones a la libertad de establecimiento de las empresas, el nuevo modelo elimina la obligatoriedad de participar en el capital de compañías y establece la libre contratación de los trabajadores que cumplan con los requisitos de capacitación establecidos (titulación académica o certificados de profesionalidad con al menos 100 jornadas de experiencia). Se prevén distintas fórmulas de contratación: la directa por la empresa estibadora o la cesión temporal por los Centros Portuarios de Empleo y por las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

Durante el período transitorio de tres años,  las empresas deben mantener cotas de contratación de estibadores procedentes de las sagep del 75 % el primer año, del 50 % el segundo y del 25 % el tercero.

De la Serna dice que los puertos ya están perdiendo tráficos con el aviso de huelga de estibadores

La reforma afecta a un sector básico para la economía española. Los estibadores garantizan la carga y descarga de la mercancía que entra y sale del país por mar, un volumen de carga anual valorado en unos 200.000 millones de euros, que supone el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones. El sector exportador supone cerca del 30% del PIB español.

El ministro De la Serna aseguró tener un plan de contingencia preparado para evitar el desabastecimiento de productos en caso de que finalmente se lleve a cabo el calendario de paros en los puertos. A pesar de ello, el titular de Fomento ha advertido de que los puertos españoles están ya perdiendo tráfico de barcos de mercancías tan sólo con el anuncio del calendario de paros.

En concreto, los paros convocados por los sindicatos de estibadores (la Coordinadora de Trabajadores del Mar, UGT, CC.OO, CIG y CGT) están previstos para las horas impares de los días 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24 del próximo mes de marzo.

"Nula voluntad de consenso de la Administración"

Los sindicatos, que habían pedido al Gobierno más tiempo para continuar con la negociación con la patronal. El sindicato UGT viernes que el decreto demuestra "la nula voluntad de consenso manifestada por la Administración" por no tener en cuenta las alternativas planteadas por los representantes de los trabajadores, y dice que la nueva ley excede "con mucho" las condiciones del TJUE.

"Dicha sentencia, a cuyo cumplimiento jamás nos hemos opuesto, ha sido utilizada torticeramente por el Ministerio de Fomento para poner en marcha una desregulación salvaje que acarreará altos índices de precariedad e inseguridad, y cuyos máximos beneficiarios serán las empresas multiservicio y de trabajo temporal", dijo UGT en su página web.

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