El Ministerio de Fomento ha fijado unos servicios mínimos de hasta el 100 % durante la huelga convocada por los estibadores a partir del 10 de marzo para las operaciones que afecten a mercancías perecederas y peligrosas, a pasajeros, a situaciones de emergencia y a productos esenciales para las islas, Ceuta y Melilla.

Además, se exigirá el porcentaje necesario de servicio para garantizar un rendimiento no inferior al 50 % del promedio del año natural anterior en jornada comparable (horario y tipo de mercancía).

Los sindicatos la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), UGT, CCOO, CIG y CGT convocaron nueve jornadas de paros parciales en protesta por el decreto ley de reforma de la estiba, pero este jueves desconvocaron los dos primeros días de paro, 6 y 8 de marzo, para animar al Ministerio de Fomento a "salir de su cerrada posición" y abrir una "negociación real".

La huelga está convocada en días alternos y en horas impares, es decir al 50 %, pero ello no implica, según la resolución, que sus efectos se limiten a los periodos de paros.

Los servicios mínimos serán del 100 % en el caso de las operaciones que afecten a mercancías perecederas o peligrosas, cuya permanencia en el puerto pueda representar un riesgo grave para personas o instalaciones.

Estos servicios también se prestarán para garantizar el abastecimiento, la atención sanitaria y los suministros especiales y esenciales a los territorios insulares, Ceuta y Melilla.

En la misma situación se encuentran las operaciones en buques mixtos para no afectar al servicio de pasajeros de línea regular y los servicios necesarios para atender situaciones de emergencia o siniestros en buques de mercancías.

Las empresas estibadoras deberán comunicar a las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (sagep) y a las autoridades portuarias sus previsiones sobre el movimiento de mercancías con 24 horas de antelación.

Puertos del Estado y las autoridades portuarias vigilarán "el más estricto cumplimiento de lo dispuesto, proponiendo a la vista de las incidencias en su caso surgidas, las medidas que considere conveniente deban aportarse", añade la resolución.

En España, el 78 % de las importaciones y el 57 % de las exportaciones se hacen a través de la red de puertos comerciales, de forma que la economía española es "especialmente sensible a la continuidad de la actividad portuaria", destaca la resolución.

Cualquier ruptura en dicha continuidad repercute de forma "extraordinariamente negativa" en los sectores cuya actividad depende de la importación de materias primas u otros insumos, sobre todo en la producción industrial, así como de la exportación de las mercancías fabricada en España con destinos a clientes, que disponen de otra alternativas para proveer sus mercados, por lo que el sector exportador español "podría verse desplazado".