Publicado: 25.02.2016 20:43 |Actualizado: 26.02.2016 10:48

El Gobierno incluye en la comisión interna que investiga a Acuamed a la vicepresidenta de la empresa

Agricultura considera que la inclusión de Liana Sandra Ardiles, también Directora General del Agua,  "no es en absoluto incompatible" con su cargo de vicepresidenta de la empresa pública investigada. Ardiles también presidía el Consejo de Administración que despidió al trabajador que destapó la trama corrupta. 

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La Directora General del Agua, Liana Sandra Ardiles López, en su toma de posesión del cargo.- MINISTERIO AGRICULTURA

La Directora General del Agua, Liana Sandra Ardiles López, en su toma de posesión del cargo.- MINISTERIO AGRICULTURA

MADRID.- La vicepresidenta de Acuamed y Directora General del Agua, Liana Sandra Ardiles López, será una de las personas encargadas de supervisar las investigaciones sobre el presunto fraude millonario cometido en la propia Acuamed. Es decir, Ardiles López tendrá que vigilar a los que investigan si la empresa pública, con ella como vicepresidenta desde septiembre de 2012, infló facturas, adjudicó contratos de modo fraudulento y falsificó certificaciones desde el año 2004 hasta la actualidad.  

Así lo ha decidido el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dirigido por Isabel García Tejerina, que informó de este nombramiento, entre otros, a través de una nota de prensa remitida a los medios el pasado 27 de enero que anunciaba la constitución del Grupo de Trabajo de Coordinación de las actuaciones de auditoría de Acuamed. Las funciones de esta comisión interna serán las de realizar un "seguimiento de las actuaciones de auditoría que la empresa Acuamed va a contratar con una empresa externa para la revisión e inspección de sus expedientes de contratación".

Cabe recordar que el escándalo de corrupción de Acuamed saltó a la palestra el pasado mes de enero cuando el juez Eloy Velasco desplegó la conocida como Operación Frontino, una redada anticorrupción por un fraude millonario de contratos amañados y facturas infladas en la empresa pública por el que 13 personas fueron detenidas y cinco de ellas ingresaron en prisión incondicional, entre los que se encuentra Arcadio Mateo, que ocupaba el puesto de director general de Acuamed.



La inclusión de Liana Sandra Ardiles, vicepresidenta de Acuamed en calidad de Directora General de Aguas, resulta sorprendente porque la misma persona que ejercía la vicepresidencia cuando se cometieron parte de las presuntas irregularidades tendrá que supervisar ahora una auditoría que pretende escudriñar las actuaciones de la empresa pública

"No es en absoluto incompatible, puesto que la Directora General del Agua ocupa ese puesto en la sociedad estatal en calidad, precisamente, de Directora General del Agua", dice Agricultura

Asimismo, contrasta con la reacción del que fuera presidente de Acuamed entre los años 2011 y 2014, Federico Ramos de Armas. El expresidente de Acuamed, que ocupó el cargo en calidad de secretario de Estado de Medio Ambiente, presentó su dimisión como subsecretario de Presidencia nada más estallar el escándalo siendo el único que ha asumido, hasta ahora, responsabilidad política por el asunto. La vicepresidenta de la empresa pública, por contra, estará en la comisión interna que debe supervisar la auditoría destinada a destapar los contratos que hayan podido ser fraudulentos. 

Sorprende también la inclusión en la comisión interna de la Directora General de Aguas porque la persona que destapó la presunta trama de corrupción tras denunciar ante Anticorrupción en abril de 2014, Francisco Valiente, hasta entonces director de Ingeniería y Construcción de Acuamed, dirigió un escrito al Consejo de Administración de la empresa pública, donde Sandra Ardiles se sentaba, advirtiendo de que le estaban dando órdenes para "cambiar los informes técnicos para una adjudicación" y para "certificar, para poder pagar, una cantidad que no estaba justificada y asumir una parte de la reparación necesaria".

No obstante, la única respuesta que recibió Valiente fue el 2 de abril de 2014 y se trató de su carta de despido. La decisión fue tomada "por unanimidad" por el Consejo de Administración de Acuamed que, precisamente ese día, estaba presidido por Liana Ardilles ya que Federico Ramos de Armas no había podido asistir. Según informa El País, el despido de Valiente fue propuesto por Mateo del Puerto, hoy en prisión incondicional por el presunto fraude millonario en Acuamed, por "pérdida total de confianza por parte de la empresa".

El trabajador que denunció la trama de corrupción fue despedido en un Consejo de Administración presidido por la Directora General de Aguas

De hecho, la información que facilitó Valiente al Consejo de Administración de Acuamed fue analizada por el mismo órgano y tras recabar "hasta cuatro opiniones que coincidían en que no había indicios de tipo penal" decidieron no llevarla ante la Fiscalía, según informan fuentes del Ministerio. 

"No es en absoluto incompatible"

Contactados por este asunto, fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han señalado a Público que el hecho de que la Directora General del Agua esté en la vicepresidencia de Acuamed y en el Grupo de Trabajo que supervisa la investigación "no es en absoluto incompatible, puesto que la Directora General del Agua ocupa ese puesto en la sociedad estatal en calidad, precisamente, de Directora General del Agua".

El Ministerio también ha explicado a este periódico que prueba de su interés para esclarecer qué ha ocurrido en Acuamed es "la constitución del propio grupo de trabajo, el inicio de los trámites para la contratación de la auditoría externa que revise el funcionamiento y las contrataciones de Acuamed, la personación del Ministerio en las causas judiciales instruidas, y la revisión por parte de la Inspección de Servicios de toda la contratación que se haya hecho en el Ministerio con la empresa a la cual alude el auto".

No obstante, la propia ministra Isabel García Tejerina reconocía el miércoles, en una entrevista en RNE, que la auditoría externa en Acuamed "aún no había comenzado" porque debe pasar por "un procedimiento de contratación público, abierto y por concurso".

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