Publicado: 02.10.2015 12:58 |Actualizado: 02.10.2015 12:58

El Gobierno permite que sean los bancos los que decidan si cobran a sus clientes por sacar dinero en cajeros de la competencia

El Consejo de ministros aprueba un real decreto ley que permite que cuando una persona retire efectivo en un cajero automático de otro grupo, su banco será el que pueda cobrarle una comisión por ello, de la que tendrá que informarle el propio cajero.

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Un cliente retira dinero de un cajero automático.

Un cliente retira dinero de un cajero automático.

MADRID.- Las entidades financieras serán las que decidan si cobran a sus clientes una comisión por sacar dinero en los cajeros automáticos de la competencia, después de que el Gobierno haya aprobado hoy un real decreto ley que limita estos recargos.

A partir de mañana, sábado, tras la publicación de la norma en el BOE, cuando una persona retire efectivo en un cajero automático de otro grupo, su banco, como emisor de la tarjeta, será el único que pueda cobrarle una comisión por ello, de la que tendrá que informarle el propio cajero empleado antes de sacar el dinero.

Desaparece así la posibilidad de que el usuario se vea obligado a pagar una comisión a una entidad de la que no es cliente, como pretendía CaixaBank, si bien su propia entidad puede cargarle un recargo por haber usado las instalaciones de otro grupo.



Esto se explica porque el banco propietario del cajero automático empleado por un usuario que no es cliente suyo puede reclamar una tasa de servicio a su competidor por haber facilitado efectivo a sus clientes. En última instancia, es solo ese cargo, y nunca una cantidad superior, el que se podría acabar trasladando íntegramente o en parte al usuario en forma de comisión, cargada directamente por su banco, caja o cooperativa de crédito.

Para la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de esta forma "se da seguridad y se protege al consumidor en un tema que estaba generando preocupación en la opinión pública". Se elimina así la doble comisión de forma que la entidad propietaria del cajero no podrá exigirla al usuario del servicio pero sí a la entidad emisora de la tarjeta, como una tasa.

El emisor de la tarjeta podrá repercutir o no, total o parcialmente, esta comisión a su cliente, según su política comercial y la pantalla del cajero deberá informar al usuario del importe máximo que se le podrá repercutir por su banco. El real decreto ley modifica la Ley 16/2009 de 13 de noviembre sobre Servicios de Pago y, a juicio del Ministerio de Economía, "da una solución equilibrada al conflicto de intereses generado por la utilización de cajeros automáticos por clientes de otra entidad".

Según el Gobierno "da una solución equilibrada al conflicto de intereses generado por la utilización de cajeros automáticos por clientes de otra entidad"

El otro objetivo de la norma es la transparencia, añade el departamento que preside Luis de Guindos en un comunicado, puesto que las entidades de crédito deberán informar al Banco de España de las comisiones que cobrarán por la retirada de efectivo. Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) deberá elevar un informe anual al Ministerio de Economía y Competitividad sobre los acuerdos y decisiones de las entidades en relación a las comisiones. El primero se espera en los primeros seis meses de 2016, ha añadido De Guindos en la rueda de prensa.

Economía destaca que la protección al consumidor ha guiado en todo momento la elaboración de esta norma, que ha contado con aportaciones del Banco de España, la CNMC, la OCU, Adicae y el propio sector financiero. Si la retirada de efectivo es a débito, las entidades emisoras de la tarjeta únicamente podrán repercutir a su cliente, total o parcialmente, la comisión satisfecha a la entidad propietaria del cajero, pero no podrá cobrar ninguna comisión o gasto adicional.

En el supuesto de retirada de efectivo a crédito, las entidades emisoras de la tarjeta sí podrán cobrar un importe adicional a la comisión cobrada entre el emisor de la tarjeta y el propietario, ligada a la concesión del crédito. En todo caso este último importe no podrá superar al que la entidad emisora cobra a sus propios clientes por la retirada de efectivo a crédito de sus propios cajeros.

Las dos entidades, la emisora y la dueña del cajero, podrán pactar libremente la comisión que deberá pagar la primero a la segunda y en caso de que no haya acuerdo, la comisión que determine el titular del cajero respecto a la emisora será "la misma en todo el territorio nacional y no será discriminatoria". Su cuantía podrá revisarse cada año y en todo momento deberá respetar las normas de la competencia.