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Grecia debe aprobar más de un centenar de ajustes en tiempo récord

El parlamento se prepara para dar luz verde a 140 ajustes la próxima semana mientras que los sindicatos llaman a una huelga general

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La banderas griega ondea junto a la de la UE en una playa en el norte de Grecia. REUTERS/Yannis Behrakis

El país más endeudado de la Unión Europea debe completar ni más ni menos que 140 recortes, modificaciones legales y administrativas en tiempo récord: una semana.

Los acreedores y el gobierno griego han bautizado estas reformas como “acciones previas” para activar el desembolso del segundo tramo del tercer rescate, sin el cual el país empezaría a sufrir los síntomas de un ahogo económico severo en julio, momento en el que debe hacer frente a pagos importantes.

El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras. en una reunión con la Asociación de la Banca Helena. EFE/Simela Pantzartzi

Si Grecia quiere recibir el segundo tramo del tercer rescate valorado en 86 billones no puede bajar la guardia. A fin de que las instituciones europeas den luz verde a este pago el 22 de mayo en la celebración del Eurogrupo, el gobierno tiene que haber refrendado en el parlamento 100 de las 140 medidas – las 40 restantes ya habrían sido implementadas según una fuente oficial citada por la agencia de noticias griega -.

Varios de estos requisitos previos deben surtir efectos de inmediato, mientras que otros, como la reforma fiscal y de las pensiones, en 2019 y 2020. Es decir, después de la aplicación del programa del tercer rescate. Como expresa inequívocamente el texto, el fin del programa del rescate no implica el fin de la austeridad: “el éxito del programa requiere la implementación continuada en el tiempo de las políticas acordadas para muchos años”.

Las 53 páginas del borrador que contiene este acuerdo suscrito el 2 de mayo en Atenas han llegado a las manos de los periodistas griegos a través de una filtración del periódico alemán Handelsblatt. El texto que había permanecido oculto recibe el título de “Suplemento al Memorándum de Entendimiento”, aunque por su extensión y sus efectos después del plan de rescate, se parece demasiado a un nuevo memorándum.

Prestaciones sociales

Las reformas propuestas se agrupan en cuatro pilares. El primero de ellos se propone “redirigir los recursos a funciones que pueden promover de una forma efectiva el crecimiento, el paro y la protección de los más vulnerables”. Esto podría encandilar a quien no continuara leyendo los siguientes apartados, que es donde se esconden las propuestas.

La administración helénica debe “racionalizar” el gasto de determinadas prestaciones sociales ahorrando 259 millones de euros.

El país debe recortar y recaudar más, a pesar de que Grecia superó recientemente las expectativas de déficit primario del 2016 – diferencia entre los gastos y recaudación sin tener en cuenta el pago de los intereses de la deuda -. La estrategia fiscal fijada a medio plazo se traduce en mantener el tope de 3,5% de PIB de déficit primario para 2019, 2020 y 2021, así como en adoptar medidas paralelas con las se esperan ahorrar un 0,3% del PIB.

Este ahorro de alrededor de 550 millones repercutirá de forma directa sobre la vida de los griegos. La administración helénica debe “racionalizar” el gasto de determinadas prestaciones sociales ahorrando 259 millones de euros. Para hacerlo, aminorarán el presupuesto dedicado al subsidio que permite a las familias más pobres pagar la calefacción, también reducirán el de los programas de ayudas a familias vulnerables y a desempleados. Otros 313 millones de euros desaparecerán progresivamente en dos años del sistema sanitario griego, fuertemente apaleado por la crisis y los memorándums, que lo han dejado sin un tercio del presupuesto que se destinaba en 2009.

Pensiones e impuestos

Además, el gobierno griego se ha comprometido a sacar del saco de las pensiones un 1% del PIB a partir del 2018 y a rebajar el umbral exento de tributación para recuperar el mismo porcentaje.

Los pensionistas griegos participan en una manifestación en contra de los recortes planeados en Atenas, Grecia 4 de abril de 2017. REUTERS / Alkis Konstantinidis

Además de rediseñar algunos aspectos del sistema de prestaciones sociales para los más mayores, uniformizando los criterios de cálculo de las diferentes pensiones, se compromete en eliminar definitivamente el EKAS, un fondo solidario que aportaba, en cifras del 2016, una ayuda a 380.000 jubilados con pocos ingresos.

Sin embargo, cuando el ejecutivo de Alexis Tsipras se comprometió a volver a recortar por enésima vez las pensiones no esperaba encontrarse con una pequeña traba legal: el Tribunal de Cuentas lo quiere impedir. Este emitió ayer un veredicto mediante el cual declara la posible ilegalidad de los nuevos recortes en pensiones porque podrían contravenir la ley griega y europea. La opinión de esta autoridad judicial sin competencia para imponer por la fuerza su decisión ha forzado al gobierno a dar una respuesta ante esta controversia jurídica. Por el momento, el gobierno ha comunicado que tomará en cuenta sus críticas y añadirá las enmiendas necesarias.

Derechos laborales

Los derechos laborales también se verán alterados si este borrador toma forma de ley omnibus la semana que viene. Aunque se quieran imponer medidas para acabar con el trabajo ilegal, se eliminan por otro lado algunas trabas legales para que el empresario pueda proceder a usar el despido colectivo.

Como contrapartida, el retorno de los convenios colectivos era una de las pocas líneas rojas del gobierno que siguen vivas en el acuerdo. Y aun así, se trataba de una medida de mínimos: Syriza pedía a los acreedores que se pudieran volver a implementar estos acuerdos laborales si existía el consentimiento exprés de empresarios y trabajadores. El resultado final ha sido un compromiso ambiguo en el que los acreedores permiten que este marco legal vuelva a ser operativo, sin ofrecer más detalles, después de la finalización del programa.

Las reformas a nivel sindical han pasado de puntillas durante las negociaciones. Sin embargo, los sindicalistas prevén que su implementación causará gran impacto entre el movimiento sindical. Para que las huelgas sean legales necesitarán el voto favorable del 50% de los trabajadores, lo que muchos temen que sea usado como una herramienta represiva en contra de los trabajadores. “Antes existían algunas medidas que protegían a los representantes de los trabajadores que ahora están despareciendo”, cuenta Stavros Manikas, cargo sindical electo con representación en el consejo de trabajadores de Atenas. Una de las más de cien “acciones previas” obliga a relajar la protección de los sindicalistas ante despidos improcedentes.

Banca

Sede del Banco Nacional de Grecia, en el cenro de Atenas. REUTERS/Michalis Karagiannis

Acabar con estos créditos malos ha sido una de las prioridades de la Troika y uno de los puntos que Syriza se comprometió a resolver en este tercer memorándum. Este tipo de préstamos con retrasos en los pagos de 90 días o más representan 900.000 millones de euros en la zona euro y 100.000 millones se encuentran en las carteras de los bancos griegos a pesar de que la economía griega representa tan sólo alrededor del 1,5% en esta región económica.

Legalizar el traspaso de estos créditos morosos a los mercados secundarios, como por ejemplo a fondos extranjeros, es el remedio que propone la Troika y que han cristalizado en este pasado acuerdo. En opinión del activista y letrado Ionas Konstantinou, abogado del movimiento Den Plirono, que lucha contra los desahucios, esta modificación legislativa abrirá la puerta a que fondos especuladores hagan negocio con las propiedades de la gente.

Privatizaciones

“Las privatizaciones pueden ayudar a la economía a ser más eficientes y contribuir a reducir la deuda”, expresan los prestamistas y Syriza en lo que llaman un suplemento del memorándum. Ambas partes negociadoras dedican trece páginas a enumerar las próximas empresas públicas que pasarán a estar en manos de unos pocos empresarios y a detallar cuáles serán los siguientes pasos para proceder a la liberalización de sectores como la energía, el agua y los transportes.

 Syriza podría estar vendiendo el presente y el futuro de las propiedades y empresas que están en manos de los griegos. El gobierno y el Fondo de Desarrollo de Activos de la República Helena (HRADF) ya ha conseguido quitar a la población helénica algunos aeropuertos regionales, autopistas, el metro de Atenas. Los prestamistas deben continuar con su plan de expropiación y hablan de avanzar en la venta de otras compañías centrales, tales como la compañía de aguas de Tesalónica y Atenas, la petrolera Hellenic Petroleum o la principal eléctrica Public Power Corp PPC, cuya venta es muy polémica. Ésta controla cerca del 90% del mercado griego de energía al por menor y cerca del 60% del mercado mayorista y su venta hace pensar a muchos griegos que incrementará el precio de la luz.