MADRID.- El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha asegurado que los morosos que tengan deudas con el Fisco de más de un millón de euros a 31 de julio de este año recibirán una carta advirtiéndoles de la situación para que tengan una oportunidad para corregir eventuales errores o incluso pagar la deuda.

Así lo ha señalado Ferre durante un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), donde ha recordado que la reforma de la Ley General Tributaria está ya en trámite de audiencia pública para que los órganos consultivos hagan sus recomendaciones.

Antes de finalizar la lista, Hacienda se pondrá en contacto con los deudores a 31 de julio y les dará así una oportunidad y un plazo para corregir cualquier eventual error o saldar su cuenta con el Fisco. "Habrá esa garantía similar a la del procedimiento inspector", ha dicho Ferre.

Según el secretario de Estado, el coste "reputacional" de un anuncio de este tipo puede tener un efecto "importante" en el fomento del cumplimiento voluntario. "Creemos que es positivo darle esa publicidad y que se produzca ese efecto llamada de intentar evitar aparecer en la lista", ha señalado.

Una vez depurada, el objetivo de Hacienda es publicar la lista en el cuarto trimestre del año. Según Ferre, publicar esta lista no supone algo "extraordinario", sino que se trata de una práctica habitual en muchos países.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, saluda al presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ransés Pérez Boga, momentos antes de su intervención en la jornada de la APIE. EFE/Javier Lizón

Además, Ferre ha señalado que Hacienda ya tiene el reglamento para que las multinacionales que facturen más de 750 millones informen de su facturación, pago de impuestos y plantilla en las declaraciones tributarias que harán en el año 2017 con los datos de 2016.

Según Ferre, esta modificación, que parte de las recomendaciones del proyecto BEPS que impulsa la OCDE contra la planificación fiscal, supone un "elemento muy importante" que permitirá obtener información "país por país" para hacerse una idea de lo que se gana y se paga en cada sitio.

En concreto, las multinacionales tendrán que dar información sobre sus ingresos en todo el mundo y en cada jurisdicción, sobre la plantilla y también sobre los fondos propios. Así, una multinacional con sede en España y presente en otros países tendrá que dar una información detallada al Gobierno que servirá para ver lo que tributa y dónde lo tributa. Otros países de la OCDE harán lo mismo con las multinacionales de su país.

Los autoridades de cada país serán las que podrán informar a otros países de los ingresos e impuestos de las filiales de sus multinacionales. Además, si España no recibe la información que reclama a un país concreto sobre la empresa matriz, tendrá capacidad legal para solicitar a esta información a la filial instalada en el territorio nacional.

Según Ferre, el reglamento supone un "avance importante" que exigirá un gran esfuerzo de desarrollo informático a la Agencia Tributaria para establecer las pautas de cruce de información y de riesgo, pero mejorará el control sobre lo que se paga en cada país.