Publicado: 11.03.2016 21:40 |Actualizado: 11.03.2016 23:30

Hacienda y el Santander subastan el restaurante emblemático de Arturo Fernández por Internet y notaría

Las partes implicadas recurren a una de las últimas leyes del Gobierno de Rajoy que permite a los notarios mediar en subastas inmobiliarias para ejecutar deudas hipotecarias a través de la red.

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El empresario Arturo Fernández, junto a Esperanza Aguirre.

El empresario Arturo Fernández, junto a Esperanza Aguirre.

MADRID.- La Hacienda pública y el Banco de Santander han decidido ejecutar las cargas hipotecarias que pesan sobre los locales que albergan el histórico restaurante Edelweiss, propiedad del polémico empresario Arturo Fernández, utilizando la mediación de un notario y a través de Internet, según un anuncio aparecido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a mediados del mes de febrero.

Esta modalidad de subasta notarial mediante el uso de la red es posible desde la entrada en vigor de una de las últimas leyes aprobadas por el Gobierno de Rajoy antes de las elecciones del pasado 20 de diciembre. De hecho, esta nueva legislación entró en vigor el 18 de noviembre, es decir un mes antes de la convocatoria electoral y con las Cortes ya disueltas.

Seguramente se trata de la primera subasta de ejecución hipotecaria que emplea esta vía con la nueva norma legal”, asegura a Público un letrado experto en el sector inmobiliario e hipotecario que recuerda la polémica que se suscitó cuando se debatió y aprobó esta nueva legislación que permitía la mediación de los notarios en las subastas de ejecuciones hipotecarias.



Otras fuentes del sector no descartan que a esta subasta pueda acudir un actor, probablemente una empresa, que responda a intereses del propio empresario Arturo Fernández. “Se trata de una modalidad de subasta mediante notario que es nueva en este tipo de actuaciones, por lo que su mecánica es desconocida en el sector, tanto judicial como inmobiliario”, añaden.

Se da la circunstancia de que uno de los actores de esta subasta es la propia administración pública toda vez que sobre las propiedades subastadas pesan, a parte de varias hipotecas del Banco de Santander, préstamos hipotecarios concedidos por el Estado al empresario madrileño así como embargos de Hacienda por impagos. “Es la propia administración la que se beneficia de la legislación que ha promovido el Gobierno”, añade esta fuente.

Las cargas sobre los locales del restaurante Edelweiss –una planta baja y un primer piso en la calle Jovellanos, esquina a Zorrilla, junto a la parte trasera del Congreso de los Diputados- son elevadas: la planta baja tiene pendientes deudas por valor de 863.024,07 euros, según el anuncio en el portal de subastas del BOE que corresponden a hipotecas del Santander y del Estado – éstas concedidas después de tener ya las cargas con la entidad financiera – y a deudas tributarias con Hacienda. El valor de tasación de esta propiedad es de 1.307.279,04 euros.

Fachada del Restaurante Edelweiss, en subasta.

Fachada del Restaurante Edelweiss, en subasta.

La primera planta del restaurante Edelweiss soporta varias hipotecas de los mismos acreedores, además de deudas tributarias, por valor de 796.637,51 euros, mientras que el valor de tasación para esta finca es de 1.244.385,86 euros. La subasta estará abierta hasta el próximo lunes día 14 de marzo con el registro SUB-NV-2016-38002. El notario que actúa como mediador es Enrique José Rodríguez Cativiela, del colegio de Madrid.

Arturo Fernández cerró el restaurante Edelweiss a comienzos de 2015 sin previo aviso y dejando en la calle a una docena de trabajadores, a los que no liquidó los salarios pendientes ni abonó indemnización alguna. En ese momento era presidente de la patronal madrileña, CEIM, y presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, responsabilidades de las que ha dimitido desde entonces.

Arturo Fernández, que llegó a ser uno de los más importantes empresarios del sector de la restauración de colectivos – tuvo, entre otras concesiones, la del restaurante del Congreso de los Diputados, y diversas entidades de la Comunidad de Madrid y de la Administración del Estado -, se encuentra procesado en el caso de las tarjetas “black” de Caja Madrid.