Cuando las 1.644 sucursales españolas de Banco Popular abrieron sus puertas el lunes por mañana, su presidente, Emilio Saracho, aún tenía la esperanza de que la entidad de 91 años, que llegó a ser una de las más eficientes de Europa, no tuviese que ser rescatada.

El viernes anterior, poco después de que Popular sufriese su enésima sangría bursátil, el ejecutivo había mandado un correo electrónico al personal de la entidad para transmitir "tranquilidad y confianza", asegurarles la solvencia y animarles a trabajar duro para superar la situación. "Tenemos que trabajar juntos y creer en lo que hacemos", dijo.

JP Morgan y Lazard, que asesoraban a Popular desde principios de mayo para buscar un comprador o ampliar de nuevo capital, habían trabajado intensamente el fin de semana tratando de que algún banco propusiese una solución in extremis.

Por su parte, la entidad solicitaba liquidez de emergencia al banco central en la creencia de que la solución definitiva podría aplazarse hasta el fin de semana mientras conseguía lidiar con la creciente fuga de una cuarta parte de sus depósitos.

Lo que Saracho aparentemente no pudo medir fue que el destino del sexto mayor banco de España se decidiría en unas horas en forma de resolución.

La ágil maniobra de los reguladores bancarios europeos supone un cambio radical en la manera de gestionar las soluciones para bancos en dificultades y puede marcar la hoja de ruta para posibles futuras reestructuraciones, en concreto en Italia, donde se debate desde hace meses un eventual rescate de algunas entidades con problemas.

Anteriormente los rescates en la Eurozona habían requerido complejas negociaciones y ayudas estatales, incluso después de que se implementasen las nuevas reglas tras la crisis financiera cuyo objetivo era minimizar el coste para el contribuyente en procesos de este tipo.

Sin embargo, la brusquedad de la acción de las autoridades podría plantear interrogantes sobre si los reguladores y el gobierno español invirtieron el tiempo suficiente en explorar otras opciones potencialmente menos dolorosas para los accionistas o tenedores de bonos. Esta circunstancia podría ser uno de los argumentos utilizados en potenciales demandas legales.

El BCE, el gobierno español y Popular se negaron a comentar.

El desencadenante

El sábado, la Junta de Resolución Única (JUR), un organismo regulador encargado de hacer frente a las crisis bancarias de la zona euro, se reunió en Bruselas para discutir los riesgos planteados por Popular tanto para España como para la estabilidad financiera de Europa.

Basado en una valoración independiente que algunas fuentes atribuyen a Deloitte (ni la consultora ni el FROB, asesorado en el proceso por la firma española Arcano, quisieron confirmarlo) que mostró que Popular tenía un déficit de capital de hasta 8.200 millones de euros, la JUR concluyó que el banco probablemente no cumpliría con sus obligaciones financieras.

Ordenó entonces una venta acelerada, poniendo en marcha el mecanismo para tomar el control del banco.

"Saracho fue apartado por el organismo de resolución europeo", dijo una fuente, añadiendo que el último intento de JP Morgan para encontrar un comprador el fin de semana ya se basaba en la asunción de que la JUR podría tomar pronto cartas en el asunto. Una portavoz de la JUR rehusó hacer comentarios.

Fuentes familiarizadas con la estrategia la JUR explicaron que el objetivo inicial era intervenir Popular el viernes 9 de junio, antes del fin de semana, para dar tiempo suficiente para las negociaciones con los mercados y las sucursales cerradas.

Pero tanto el volumen de retiradas de depósitos el lunes como la determinación de las autoridades europeas de usar sus nuevas facultades de resolución bancaria aceleraron drásticamente los acontecimientos.

A primera hora de la tarde del martes, Saracho descolgó el teléfono para llamar al ministro de Economía, Luis de Guindos, y le hizo saber que Popular se había quedado sin colaterales para obtener nueva liquidez del BCE bajo la amenaza de que sus sucursales no pudiesen abrir el miércoles por la mañana.

"Hubo una fuga de depósitos", dijo el jueves el vicegobernador del BCE, Vitor Constancio, en respuesta a preguntas sobre por qué las autoridades no habían pasado más tiempo analizando otras opciones para salvar al banco.

Ya no se trataba de asegurarse de que el banco tuviera suficiente capital para cumplir con sus obligaciones a largo plazo, sino de la regla básica bancaria: asegurarse de que tenía dinero en efectivo para mantenerse abierto. "No se trataba de evaluar la evolución de la solvencia como tal, sino de la cuestión de la liquidez", dijo Constancio.

En seis horas, con una simple firma, la JUR había tomado el control amortizando la inversión de los accionistas de Popular y los tenedores de bonos junior y vendiendo la entidad por el precio simbólico de un euro al gigante nacional Santander .